El parlamento de Malasia estudia un proyecto de ley según el cual los traficantes de personas serían castigados y las víctimas obtendrían asistencia. Activistas que lucharon por esa ley durante más de 10 años pretenden, además, una implementación eficaz.
En el marco de la iniciativa, presentada en el parlamento la semana pasada, las víctimas del tráfico no serán juzgadas por ingreso ilegal o acusadas de entrar al país con documentos fraudulentos provistos por sus traficantes.
En cambio, serán ubicados en centros de reinserción por un plazo de entre tres meses y dos años para recuperarse y ayudar a las autoridades a recabar evidencias para llevar a juicio a sus victimarios.
Malasia recibe frecuentes condenas de organizaciones nacionales e internacionales porque las víctimas suelen ser entregadas a las autoridades migratorias, que las encarcelan en centros de detención por largos periodos antes de deportarlas a sus países de origen.
Por otra parte, las víctimas son acusadas a menudo de ingresar ilegalmente al país, así como de trabajar de modo ilegal.
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Además, no había una ley que castigue el tráfico de personas ni juicios contra quienes lo perpetran.
Bajo el nuevo proyecto, los traficantes y sus cómplices afrontarán extensas sentencias de prisión, de hasta 20 años, multas elevadas e incluso azotes.
"La nueva ley es un importante desafío, para mejor. Es dura con los atacantes y muy completa. Pero tememos que pueda quedar en el estante si no se implementa de manera efectiva", dijo a IPS Irene Fernández, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Tenaganita.
Esta institución defensora de los derechos humanos se especializa en la lucha contra el tráfico de mujeres y trabajadores migrantes.
"Reclamamos esa ley durante una década y ahora la tendremos. Estamos eufóricos", agregó Fernández. "Es todo un éxito. Muchos individuos y organizaciones no gubernamentales trabajamos duramente por esta ley."
La activista señaló que la ley constituirá una protección para las mujeres traficadas, casi 65 por ciento de las cuales son sometidas a trabajos esclavizantes. El resto terminan explotadas por redes de proxenetas.
"Entre las víctimas hay niñas de apenas 14 años. Esperamos que la nueva ley ponga fin a esta tragedia", expresó.
A los funcionarios les preocupaba que Malasia se estuviera convirtiendo en un importante centro de tránsito de tráfico de personas de Asia a Europa. "Con esta ley queremos eliminar el tráfico", dijo Nazri Aziz, ministro de Asuntos Legales y Parlamentarios.
"Es una señal para los grupos que se dedican al tráfico. A ellos les decimos: vamos en serio", declaró Aziz a IPS.
Se prevé que el proyecto contra el tráfico de personas se convierta en ley en un lapso de tres meses. Los traficantes que amenacen a sus víctimas serán castigados con 20 años de prisión.
"Además de las severas sanciones, la ley también define a la víctima del tráfico de acuerdo con los convenios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), elaborando una definición que es suficientemente amplia como para proteger a la mayoría de las víctimas", dijo Fernández.
El proyecto establece la creación de un consejo de implementación integrado por organizaciones no gubernamentales, un plan de acción nacional para combatir el tráfico humano y refugios para extranjeros víctimas de tráfico, a fin de que permanezcan allí entre dos y tres años. Además, conceder inmunidad judicial a las víctimas del tráfico.
La Comisión de Derechos Humanos del país (Suhakam, por su acrónimo malayo), que también presionó por la aprobación de la ley, se mostró entusiasmada.
"Finalmente, el gobierno reconoció los problemas y actúa del modo correcto. Esperamos que el proyecto sea implementado de modo efectivo", dijo Raj Abdul Karim, de Suhakam.
También urgió al gobierno a ratificar el Protocolo para Prevenir, Eliminar y Castigar el Tráfico de Personas, que complementa la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional, y que cubre las consecuencias del tráfico en la salud, entre otras.
Al anunciar el proyecto, el gobierno dijo que facilitaría la tarea de autoridades policiales y de inmigración, a la hora de perseguir, llevar a juicio y condenar a quienes trafican seres humanos.
La ministra para el Desarrollo de la Mujer, la Familia y la Comunidad, Shahrizat Abdul Jalil, quien también presionó por la presentación del proyecto, dijo que aunque el tráfico humano no había alcanzado "una proporción alarmante", el gobierno estaba "comprometido con adoptar medidas exhaustivas para combatir" ese delito.
Jalil dijo que muchas víctimas son llevadas a Malasia para ejercer la prostitución, ser sometidas a trabajos forzados y otros fines ilícitos.
"Planeamos establecer refugios para mujeres y niños que fueron víctimas de traficantes de personas y alertar al público sobre el tema mediante campañas de concientización", señaló.
Las estadísticas policiales de 2004 revelan que unas 400 mujeres extranjeras, la mayoría procedentes de China, Filipinas y Vietnam, fueron rescatadas de esta práctica entre 2004 y el año pasado.
Pero Fernández dijo que estas cifras son apenas la punta del iceberg.
"El tráfico de mujeres a Malasia con fines de explotación sexual es un problema enorme para cuya resolución se necesitan medidas urgentes", opinó. El proyecto de ley debe ser aplicado de modo eficaz porque, de lo contrario, las intenciones de los legisladores de proteger a mujeres y niños fracasarán.
"Miles de mujeres son traficadas hacia Malasia. Es un enorme problema", afirmó Fernández. "La industria es tan lucrativa que tiene tentáculos en todas partes. Las autoridades deben erradicarla."
Expertos en trabajo y sindicalistas quieren que las disposiciones de la nueva ley se extiendan para cubrir y proteger a los tres millones de trabajadores inmigrantes, la mitad de ellos indocumentados en una situación muy vulnerable.
Es común que los trabajadores extranjeros sean transportados a Malasia bajo falsas promesas de trabajos fáciles y salarios altos.
"A algunos trabajadores en India y Pakistán incluso se les mostró vídeos de trabajadores recogiendo manzanas en Malasia. Y en Malasia no cultivamos manzanas", destacó G. Rajasegaran, secretario general del Consejo de Sindicatos Malasios, que representa a 11 millones de trabajadores.
"Malasia alberga a varios millones de trabajadores extranjeros y sus condiciones laborales y de vida son deplorables. La explotación extrema es común en la vida cotidiana", aseguró.
"Los trabajadores son traídos aquí y sometidos a trabajos forzados, y se les paga una miseria, si es que se les paga algo. También los consideramos víctimas del tráfico. El gobierno debe mirar el panorama más amplio que constituye el tráfico", dijo Rajasegaran a IPS.
