La discriminación de los haitianos que residen en República Dominicana con o sin documentos es un problema persistente en este país. La mayoría viven al margen.
Este país está lejos de superar el problema de la segregación los haitianos y sus descendientes, paradójicamente el único pueblo que comparte con los dominicanos el territorio de la isla caribeña La Española, reconocen diferentes actores.
"Aquí se discrimina por ser negro", dijo a IPS el sacerdote jesuita Regino Martínez, quien desarrolla su labor pastoral en el fronterizo pueblo de Dajabón, unos 300 kilómetros al noroeste de Santo Domingo y a 250 kilómetros de la capital haitiana, Puerto Príncipe.
"Se deporta, se maltrata y se veja a la gente sólo por ser haitiano o negro", afirma Martínez, quien dirige la no gubernamental Solidaridad Fronteriza, fundada en 1997 por la católica Compañía de Jesús con el propósito de "favorecer y fortalecer la interrelación de las organizaciones comunitarias de la frontera noroeste" del país.
La intensidad de la segregación quedó patente cuando el presidente dominicano Leonel Fernández dijo el 10 de este mes que su gobierno no acogería la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las niñas dominicanas Dilcia Yean y Violeta Bosico, cuyos padres son de ascendencia haitiana.
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) calificó de "lamentable" la postura de Fernández.
El fallo de la Corte, de octubre de 2005, estableció que el Estado dominicano violó los derechos a la nacionalidad y a la igualdad de las niñas, consagrados en las leyes nacionales y establecidas en los artículos 20 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las menores, de 10 y 12 años, no pudieron ser registradas como nacidas en República Dominicana, donde nacieron y viven. Permanecieron sin actas de nacimiento y como apátridas hasta septiembre de 2001, y una de ellas, Violeta Bosico, no pudo por este motivo asistir a la escuela durante un año, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remitió el caso a la Corte.
Lo condena señala que "el Estado debe hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de petición de disculpas a las víctimas, Dilcia Yean y Violeta Bosico y a sus padres "en un plazo de seis meses, con la participación de autoridades estatales, de las víctimas y sus familiares" y "con difusión en los medios de comunicación (radio, prensa y televisión)".
"El referido acto tendrá efectos de satisfacción y servirá como garantía de no repetición, en los términos del párrafo 235 de la presente sentencia", agregó la Corte, que además impuso una indemnización de 22.000 dólares para las afectadas.
El Estado dominicano presentó entonces un pedido de interpretación de la sentencia, que cuestionaba el contenido mismo del dictamen, y que la Corte rechazó por improcedente el 23 de noviembre de 2006.
El secretario (ministro) de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, había dicho el año pasado que el Estado cumpliría la sentencia.
Pero transcurridos varios meses y cuando todo hacía suponer que se respondería de manera satisfactoria al tribunal continental, un balde agua fría cayó sobre esas expectativas con las inesperadas declaraciones de Fernández, realizadas además en Puerto Rico, donde residen cientos de miles de dominicanos.
Este miércoles se conmemorará en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por las Naciones Unidas en 1966. La fecha fue elegida pues el 21 de marzo de 1960 la policía sudafricana mató a 69 personas al disparar a una manifestación pacífica contra el apartheid, el régimen segregacionista blanco abolido en 1994 en ese país.
Pero el racismo y la segregación siguen vigentes en muchos lugares.
"Están presentes en República Dominicana, y el gobierno debe de buscar mecanismos y políticas que estén acorde con las leyes internacionales", dijo a IPS el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones, Eddy Tejada, cuya organización forma parte de la Red Regional de Organizaciones Civiles para la Migraciones.
"Hasta que no entendamos que los haitianos son nuestros vecinos, las relaciones serán conflictivas", asegura. Ambas naciones comparten una isla de 77.914 kilómetros cuadrados, de cuya extensión los dominicanos ocupan más de 48.000 kilómetros cuadrados. La línea limítrofe es de unos 380 kilómetros.
Según datos no oficiales, en República Dominicana, de 8,5 millones de habitantes, residen más de 800.000 haitianos. El país vecino tiene una población de 8,3 millones de personas.
Ochenta y seis por ciento "de las personas representantes de instituciones educativas entrevistadas cree que la sociedad dominicana es racista, y que este racismo se expresa en insultos, maltrato verbal, humillación e injusticia contra las personas negras", afirma un estudio publicado en 2005.
Curiosamente, la población afrodescendiente es muy abundante en este país: 11 por ciento de los dominicanos son negros y 73 por ciento son mulatos, producto de las mezclas entre españoles y africanos.
La actitud racial se refiere a sentimientos y comportamientos "diferentes" de un grupo con relación a otro, señala el informe titulado precisamente La actitud racial en República Dominicana, realizado por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, a petición del SJRM.
En este país, "el racismo y el prejuicio hacia otros grupos humanos adquiere mayores dimensiones en el caso de los nacionales haitianos por cuestiones no sólo históricas sino también geográficas y sociales y económicas", añade el estudio.
Haití es el país más pobre del hemisferio y lleva décadas de inestabilidad política y violencia interna. Tras el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, en febrero de 2004, una fuerza multinacional de las Naciones Unidas se mantiene desplegada en su territorio.
En opinión de Tejada, el Estado dominicano fomenta la discriminación desde la misma legislación. La Ley de Migración, aprobada por el Senado en agosto de 2004, "fue concebida en contra de los haitianos", pues su intención "es correr al inmigrante" de esa procedencia.
El artículo 49 de la norma establece que el Consejo Nacional de Migración decidirá sobre la suerte de los trabajadores temporeros que ingresen a territorio dominicano, previo consulta a empresarios, productores y sindicatos.
Tejeda señala el carácter discriminatorio del párrafo que indica que los haitianos "no podrán laborar en actividades de zonas francas o empresas turísticas, salvo en las zonas fronterizas" y sólo si existen convenios previos al respecto.
Las repatriaciones de haitianos han pasado de 14.700 en 2003, a 15.464 en 2004. En 2005 los deportados fueron 20.811, según el Informe Migración Haitiana y Derechos Humanos, presentado por el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados.
"Las repatriaciones afectan todas las categorías de edad y de sexo. No respetan de ninguna manera el número de años que llevaba viviendo la persona en la República Dominicana. La gran mayoría de las personas repatriadas son hombres", indica el Informe.
El jesuita Martínez afirma que "los apresan y deportan (a los haitianos) aun cuando poseen documentos". Lo que prima para la deportación "es el color", afirma.
