Las críticas a los tratados de libre comercio parecen no haber hecho mella en República Dominicana, donde rige desde este jueves el DR-Cafta con Estados Unidos.
Washington anunció este jueves la entrada en vigor del DR-Cafta (sigas en inglés de Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, América Central y República Dominicana), que ya regía en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Costa Rica es el único firmante centroamericano del tratado de libre comercio (también llamado TLC) que todavía no ha ratificado el acuerdo, repudiado por organizaciones sociales y sindicales de ese país y de la región.
Empresarios dominicanos de diferentes rubros dijeron a IPS que el tratado permitirá mejorar el desempeño institucional y el clima de negocios de este país caribeño.
De hecho, fuerzas políticas, sociales y productivas aunaron esfuerzos desde que se planteó la posibilidad de sumarse al pacto ya negociado por los cinco países centroamericanos con Washington.
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"El acuerdo nos permite mayor seguridad jurídica y mayor claridad en las reglas de juego", dijo a IPS Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de República Dominicana. Pero la puesta en vigor del DR-Cafta implicará "grandes retos", dijo.
"Ahora habrá que producir pensando en que se competirá con Estados Unidos y los países de Centroamérica", señaló. "El sector productivo tiene que prepararse para defender su mercado local y, al mismo tiempo, aprovecharse de las ventajas del tratado".
Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana. En 2006 el intercambio ascendió a 9.300 millones de dólares, de los cuales 4.700 correspondieron a exportaciones al mercado estadounidense y 4.600 millones a compras de productos de esa procedencia.
Pero la ausencia de críticas no significa que el proceso haya sido un camino de rosas. La implementación se demoró más de un año, pues estaba prevista para el 1 de enero de 2006. Para esa fecha el país todavía no había aprobado un paquete de reformas legislativas vinculadas al acuerdo.
Hubo además otros escollos. El primero fue entre los laboratorios medicinales nacionales y los representantes de las corporaciones extranjeras respecto del alcance de un artículo del DR-Cafta sobre la protección de la propiedad intelectual.
El artículo 15.10 establece que "si una parte (país) exige, como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, la presentación de datos no divulgados sobre seguridad y eficacia, esa parte no permitirá que terceros, que no cuenten con el consentimiento de la persona que proporciona la información, comercialicen productos sobre la base de la información y aprobación otorgada por la persona que presentó la información".
Dicho artículo ofrece una protección de "al menos cinco años" a la persona que presente los datos de prueba (estudios científicos sobre el principio activo patentado), que se sumarían a la exclusividad de 20 años que ya tienen los medicamentos con patentes originales.
Los laboratorios dominicanos sostenían que el artículo era de carácter "facultativo", por lo que el Estado podía o no "exigir datos de prueba no divulgados", mientras los laboratorios extranjeros reclamaban su aplicación obligatoria.
Para los fabricantes nacionales, una aplicación compulsiva empeoraría el acceso de la población a los fármacos y provocaría un alza generalizada de sus precios.
"Fue sólo un problema de interpretación", aseguró a IPS Elka Scheker, integrante del equipo dominicano negociador. "Al final se quedó tal y como estaba en el acuerdo, las patentes quedan sujetas a la legislación nacional", aseveró.
El último obstáculo fue el conflicto entre la compañía petrolera estadounidense Chevron con los transportistas nacionales de combustibles. La empresa pretendía aumentar su cuota de participación en el transporte interno de hidrocarburos, a lo que se opuso el sector nacional.
En febrero, las autoridades dominicanas lograron un acuerdo con Chevron, en virtud del cual la compañía se comprometió a mantener su cuota hasta 2008.
El DR-Cafta "aclara el panorama de inversiones en el país", dijo a IPS Ignacio Méndez, presidente de la Federación de Asociaciones Industriales. "Muchas inversiones estaban paralizadas porque no se sabía qué podía pasar, pero a partir de ahora ya todos sabemos cuáles son las reglas".
Manuel Diez Cabral, presidente de la Asociación de Industriales, consideró el DR-Cafta como "el mayor reto al que se enfrenta el país y el sector industrial".
