La suerte de la comunidad haitiana que reside en República Dominicana podría cambiar si las autoridades de este país acogen la recomendación de Amnistía Internacional (AI) de variar «su política y prácticas» migratorias.
"Las expulsiones colectivas y masivas de trabajadores migrantes haitianos y los abusos que las acompañan seguirán siendo un motivo de preocupación hasta que el gobierno dominicano tome medidas firmes para que su política y sus prácticas respecto a la migración se ajusten a sus obligaciones internacionales", dijo AI.
Así lo expresa el informe "Vidas en Tránsito: La difícil situación de la población migrante haitiana y de la población dominicana de ascendencia haitiana", dado a conocer el miércoles en Santo Domingo, donde organizaciones de derechos humanos denuncian regularmente atropellos contra los inmigrantes procedentes del país vecino.
Según AI, es necesario "abstenerse de toda expulsión masiva y colectiva de trabajadores migrantes haitianos y asegurarse de que se toman medidas para garantizar que en todo proceso de expulsión se respeten los derechos humanos de los trabajadores migrantes documentados e indocumentados".
Datos no oficiales indican que en República Dominicana, de 8,5 millones de habitantes, residen más de 800.000 haitianos, muchos de los cuales han ido abandonando de manera paulatina las actividades agrícolas para asentarse en zonas urbanas y ciudades, sobre todo, luego del derrumbe de la industria azucarera dominicana.
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Con el paso del tiempo, han ido a laborar a otros sectores de la economía, como la construcción, el turismo, las zonas francas y los servicios domésticos.
En los años 80 todavía el gobierno dominicano manejaba 12 ingenios azucareros, y para el corte de caña contrataba a miles de braceros haitianos mediante acuerdos bilaterales. El último se suscribió en 1986, cuando se contrataron 19.000 trabajadores por un monto de dos millones de dólares.
"Las terribles condiciones económicas que reinan en Haití y la agitación política que ha caracterizado al país han contribuido a la constante emigración a la República Dominicana", señala el informe de Amnistía.
La expulsión indiscriminada obedece a múltiples razones, explicó a IPS Chandrai Estévez, del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes. "Históricamente, lo que nos han enseñado es que los haitianos nos invadieron y que siempre hemos tenido problemas con ellos", dijo.
Y ese argumento "sirve para justificar las acciones actuales, pero ya no tiene la validez de antes porque hoy tenemos una nación institucionalizada", aduce Estévez.
"El informe de Amnistía Internacional es poco serio", reaccionó Pelegrín Castillo, diputado de un partido minoritario aliado del gobierno de Leonel Fernández. "Si algo está pasando en la República Dominicana es la apertura de sus mercados y la 'difuminación' de la frontera con Haití", dijo.
Esa organización internacional de derechos humanos debería examinar la realidad haitiana desde Haití, "y ver la situación de inestabilidad política de ellos", de la cual "quieren responsabilizarnos a nosotros, cuando son grandes potencias como Francia y Estados Unidos que deben asumir esa responsabilidad", agregó.
Haití, el país más pobre de América, vive una compleja situación de violencia e inestabilidad que estalló poco antes del derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, en febrero de 2004, conducido por "marines" (infantes) estadounidenses, según denuncia del mandatario. De inmediato, tropas estadounidenses y francesas tomaron el control de la capital.
A mediados de ese año, esas fuerzas fueran reemplazadas por una misión multinacional de las Naciones Unidas que aún está desplegada en territorio haitiano, pero que no ha conseguido aplacar la violencia.
La publicación del informe coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, establecido en 1966 por las Naciones Unidas.
AI también recomendó "tomar medidas para garantizar que los funcionarios de inmigración y el personal militar lleven a cabo las detenciones y expulsiones con el debido respecto a los derechos humanos y el Estado de derecho y que todas las denuncias de abuso se investiguen sin demora y de forma independiente y parcial".
Exhortó además a "poner fin" a las deportaciones masivas desde territorio dominicano y asegurarse de que en los "procedimientos de todos los migrantes indocumentados se respete plenamente el derecho internacional de los derechos humanos".
Las repatriaciones de haitianos están en alza. Fueron 14.700 deportados en 2003, 15.464 en 2004 y 20.811 en 2005, según el Informe Migración Haitiana y Derechos Humanos, presentado por el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados.
