la decisión del gobierno dominicano de pagar a dos niñas una indemnización impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos despierta dudas sobre la voluntad de Santo Domingo de cumplir toda la sentencia.
El jueves, las autoridades pagaron 22.000 dólares a las familias de las niñas dominicanas de ascendencia haitiana Dilcia Yean y Violeta Bosico, de 10 y 12 años.
Así cumplieron una parte de la sentencia del tribunal, que en octubre de 2005 había condenado al Estado dominicano por negarse a expedirles partidas de nacimiento.
Además, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de petición de disculpas a las víctimas y sus familias, que "tendrá efectos de satisfacción y servirá como garantía de no repetición", y debe instrumentar cambios al sistema de registro de nacimientos, dictaminó la Corte.
¿Cumplirá el gobierno con los otros puntos de la condena? La duda fue planteada por fuentes cercanas al caso que no quisieron dar su nombre, para las cuales lo más fácil es pagar.
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"Existe la sospecha de que no se cumpla con la otra parte de la sentencia", dijeron a IPS las fuentes.
El pago "es un paso importante hacia al cumplimiento de la sentencia", dijo a IPS la abogada Roxanna Althols, una de los tres querellantes del caso. "Pero no constituye en sí un cumplimiento", aclaró.
"La Corte Interamericana ha ordenado al Estado a reformar su sistema de registro de nacimiento, un sistema que no funciona y, de hecho, vulnera el derecho a la nacionalidad de niños dominicanos", explicó. "Hasta que el gobierno adopte las medidas necesarias para reformar este sistema, no ha cumplido con su obligación", opinó.
Según una nota informativa divulgada por la Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores tras la entrega de dos cheques y un certificado financiero por un valor total de 22.000 dólares, "con esta indemnización, el gobierno repara el supuesto perjuicio que se alega sufrieron las menores beneficiadas".
En el mismo documento, la cancillería hizo constar que "en ningún momento estuvo de acuerdo con la manera en que se condujo el juicio ni con la sentencia resultante", a la que calificó de injusta y desconocedora de "las pruebas documentales y los alegatos de orden legal" presentados por el gobierno dominicano. "El Estado tiene que garantizar que no se repitan hechos como estos", dijo a IPS el coordinador de la no gubernamental Mesa Nacional para las Migraciones, Eddy Tejada, parte de la Red Regional de Organizaciones Civiles para la Migraciones. "La no repetición de esos hechos es lo más importante".
Son frecuentes las denuncias de discriminación contra los niños de origen haitiano nacidos en República Dominicana, a los cuales se niega la inscripción en el registro civil.
"Una de las principales dificultades a las que se enfrentan los menores dominicanos de ascendencia haitiana ( ) es la de conseguir un certificado de nacimiento de una Oficialía de Registro Civil", afirma un informe de Amnistía Internacional divulgado el miércoles en este país.
En su sentencia, la Corte estableció que el Estado dominicano violó los derechos a la nacionalidad y a la igualdad de las niñas, consagrados en las leyes nacionales y establecidas en los artículos 20 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las menores no pudieron ser registradas como nacidas en República Dominicana, donde nacieron y viven. Permanecieron sin actas de nacimiento y como apátridas hasta septiembre de 2001, y una de ellas, Violeta Bosico, no pudo por este motivo asistir a la escuela durante un año, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que remitió el caso a la Corte.
En la actualidad las menores gozan de la nacionalidad dominicana, concedida en 2004, hecho que sin embargo no detuvo el proceso abierto en la Corte.
