A punto de cumplirse los tres años del mayor atentado terrorista sufrido en España, sigue sin consolidarse un frente político y social único contra ese tipo de violencia, a la vez que se amplían las distancias entre el gobierno socialista y la oposición de centroderecha.
Con el argumento de que José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (POSE), "ha cedido al chantaje de ETA, ya no es libre, ya no vale", el líder del opositor Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, convocó para este sábado a una marcha claramente antigubernamental que, dijo, será "la manifestación más importante de la historia de la democracia".
Los populares basan su acusación en la sonada decisión del gobierno de trasladar a un hospital de la ciudad vasca de San Sebastián a José Ignacio de Juana Chaos (Iñaki), el detenido miembro de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence) que se mantenía en huelga de hambre desde noviembre, siendo alimentado por sonda en un hospital madrileño.
Nada indica que Zapatero esté cediendo a un chantaje de ETA o de su entorno, sobre todo si se comparan las últimas decisiones de su gobierno con otras mucho más polémicas dispuestas en su momento por su antecesor, el centroderechista José María Aznar (1996-2004), quien lideró el PP y es gran amigo y colaborador del presidente estadounidense George W. Bush.
Esa relación llevó, por ejemplo, a que apoyara sin reticencias la invasión de Estados Unidos a Iraq, en marzo de 2003, enviando incluso tropas españolas.
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También cree en la independencia de criterio de Zapatero el Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC), asociación fundada en 1989 y que reúne a más de 200 penalistas, quienes destacan que el traslado y la atenuación de la pena a De Juana Chaos "se realizó en estricto cumplimiento de la legalidad vigente aplicada por el juez competente".
La declaración del GEPC fue apoyada por la Asociación Jueces para la Democracia, que reúne a la mayoría de los magistrados de este país.
En el traslado y atenuación de la pena a De Juana Chaos no hubo cesión sino que se adoptó esa decisión ante el riesgo de muerte inminente del preso, explicó la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Añadió que, si mejora de salud, "cabe la posibilidad de que vuelva a la cárcel" en vez de cumplir su pena en detención domiciliaria.
Un informe médico hecho público este viernes señala que los médicos del hospital vasco en el que se encuentra ingresado dictaminaron que sufre riesgo de fallo cardíaco.
Por esa razón, tras este llamado a protestar por el supuesto trato de favor otorgado a De Juana Chaos, un importante sector de la población se pregunta en España ¿qué es lo que ha impulsado al PP a rechazar insistentemente la invitación del PSOE a integrarse en un frente único contra el terrorismo, mientras opta por exacerbar la tensión política acusando insistentemente al gobierno de ceder ante ETA, cuando todos los antecedentes certifican lo contrario?
Pero Zapatero y su entorno también se llevan un importante varapalo por la lentitud de su reacción a la embestida de los populares, lo que ha contribuido a elevar la temperatura del debate político en España.
Una encuesta realizada por el Instituto Opina para la Cadena SER muestra que aproximadamente 59 por ciento de los ciudadanos consultados rechazan la decisión del gobierno, mientras 32 por ciento la respalda.
No obstante, 47 por ciento de los entrevistados "manifiesta comprenderla desde el punto de vista político", 33 la califica "de mal menor" y 18 la apoya decididamente por "acertada".
Lo que este sondeo muestra es que gran parte de los encuestados han sabido interpretar las razones que ha esgrimido el gobierno para autorizar el traslado del terrorista De Juana Chao, aunque algunos de ellos manifiesten "no compartirla".
De igual manera, los socialistas e Izquierda Unida (IU) manifiestan que al PP "se le ve la hilacha" (argot popular) en la desmedida acritud que utilizan contra el gobierno y que la razón no es otra que el calendario electoral.
Siendo considerado el terrorismo el principal peligro por la gran mayoría de los ciudadanos, para el PP es una baza importante acusar al gobierno socialista de haber claudicado frente al chantaje de ETA, mirando hacia las próximas elecciones municipales previstas para el 27 de mayo en todos los municipios de España y en 12 de las 17 comunidades autónomas que integran este país.
Pero esta cita con las urnas será sólo un primer paso en el pulso PP-PSOE, ya que más allá de la importancia que tendrán para ambos partidos alcanzar el gobierno de Ayuntamientos y Comunidades, habrá poco después otra cita de mayor alcance, las elecciones generales que se celebrarán en 2008.
En esos comicios, Zapatero piensa presentarse a la reelección y tendrá como principal rival a Rajoy, razón por la cuál éste no ha parado a la hora de impulsar la agresiva campaña descalificadota que recién ahora comienza a ser coherentemente respondida por los socialistas.
En esta actitud descalificadora, el PP se ceba también en el juicio que se está celebrando en Madrid contra los autores y cómplices de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el estallido de las bombas puestas en cuatro trenes en estaciones ferroviarias de Madrid segó la vida de 191 personas y heridas a dos millares.
El PP, que gobernaba cuando se perpetró ese atentado, recibió entonces un amplio apoyo de todos los partidos, incluido el PSOE. Pero ahora, en vez de unirse al gobierno de Zapatero y otras fuerzas políticas en su lucha antiterrorista, lo utilizan, un día sí y otro también como arma arrojadiza contra el Poder Ejecutivo.
Al producirse el atentado, tanto el gobierno de Aznar como los demás partidos políticos españoles creyeron en la autoría de ETA, atendiendo a los antecedentes de ese grupo terrorista vasco.
No obstante, al día siguiente comenzaron a aparecer reivindicaciones y elementos que permitieron transmitir la autoría a grupos islamistas radicales, lo cual admitió todo el espectro político opositor de entonces y las organizaciones sociales, mientras sólo el gobierno del PP se aferraba a la primera hipótesis.
Desde entonces, el PP sigue insistiendo en esa autoría, o al menos en la participación de ETA en esos atentados. Uniendo a ello en los últimos días la crítica a Zapatero por lo actuado con De Juana Chaos.
Pero los populares esconden algunas cosas que el gobierno y otros partidos de izquierda no vacilan en sacar a luz.
Una de ellas ese que durante el gobierno de Aznar fueron liberados, antes de cumplir su pena, 55 etarras. La libertad de 14 de ellos la firmó Rajoy, otras 18 el entonces ministro del Interior y hoy comisario de la Unión Europea Jaime Mayor Oreja, y 23 por Ángel Acebes, quien fuera ministro de Justicia y en la actualidad es secretario de organización y el más duro dirigente del PP.
Entre los etarras liberados por Aznar se cuenta José Ramón Santiesteban, condenado a 327 años de prisión por asesinatos, y Enrique Latena Viteri, a 311.
Ambos fueron liberados cuando sólo habían cumplido 16 años de esa condena. Del total liberado, 21 lo fueron por razones de salud. Ignacio Bilbao no sólo cumplió 17 de los 52 años que le fueron impuestos sino que dos años después de abandonar la cárcel asesinó al concejal socialista vasco Juan Priede.
Por el contrario, De Juana Chaos, protagonista de la polémica actual, cumplió la condena que le fue impuesta por los 25 asesinatos cometidos, habiéndose beneficiado solamente de una rebaja de 367 días que le otorgó el gobierno de Aznar por haber escrito un libro, en el que no sólo no mostró signos de arrepentimiento sino que, además, reafirmó su compromiso con el terrorismo.
En ese contexto, la atenuación dispuesta ahora por el gobierno de Zapatero, tras un detenido estudio del pronunciamiento de todos los órganos judiciales competentes, lo fue sobre una condena de tres años, que le fue impuesta por escribir dos artículos favorables al terrorismo, publicados por el diario proetarra Gara.
La atenuación consiste en el traslado a prisión domiciliaria cuando en el hospital dictaminen que su vida ya no corre peligro.
