Las señales de deterioro de los partidos de Brasil se acumularon a tal grado que parece factible la aprobación este año de una reforma política, con el fin de restablecer la representatividad del parlamento.
Más de un tercio de los 513 diputados nacionales y 81 senadores cambiaron de partido en la legislatura pasada (2003-2006), y de los nuevos parlamentarios, elegidos en octubre, ya lo hicieron al menos 24.
La falta de fidelidad partidaria refleja la "escasa importancia que atribuyen los políticos brasileños al partido", dijo a IPS Antonio Augusto de Queiroz, dirigente del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (DIAP)
Se trata de un problema de larga data. El proyecto sobre el que se basa la reforma política aun hoy en discusión fue presentado hace más de 14 años.
Los legisladores entienden los partidos son un mero instrumento para la disputa electoral, explicó Queiroz, cuya organización, con sede en Brasilia, analiza sistemáticamente la actuación del Congreso Nacional y de sus miembros.
Esta concepción les resta a los partidos representatividad, "nitidez ideológica" y confianza de la ciudadanía, señaló.
Surgen así distorsiones como la proliferación de "bancadas (grupos parlamentarios) informales" en el Congreso, de carácter temático o sectorial, suprapartidarias y unidas por intereses específicos comunes, "por encima de matices ideológicos", acotó Queiroz.
Ya hay 113 de esas bancadas registradas en las mesas directivas de la Cámara de Diputados y el Senado, según el DIAP. Son "los verdaderos partidos" que ejercen la función legislativa y debilitan a los partidos oficiales, los cuales se limitan a ser el canal legal indispensable de disputa electoral y del "juego del poder".
Este año, la novedad es el gran crecimiento de la bancada ambientalista, que juntó 248 diputados en respuesta al informe del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climáticos de la Organización de las Naciones Unidas, difundido el 2 de febrero con un pronóstico trágico sobre el recalentamiento de la Tierra para este siglo.
También se destaca la bancada ruralista, con más de 100 parlamentarios que defienden los intereses de grandes propietarios y empresarios del campo, así como la bancada sindical, la empresarial, la femenina y la de comunicación, compuesta por numerosos dueños de medios, en especial radios.
Educación, salud, informática e incluso libre opción sexual son otros asuntos que aglutinan grupos suprapartidarios.
Todos los candidatos de Brasil deben ser inscriptos por partidos legales, pero en general el voto se expresa por el nombre del postulante.
En el sistema electoral brasileño, los ciudadanos tienen la opción de votar por la lista que establecen los partidos o sólo por candidatos que marcan individualmente en esa lista. Para la asignación de los escaños a un partido, se suman los dirigidos a la lista y los volcados a sus candidatos.
La mayoría de los ciudadanos prefieren votar por candidatos individuales, y no a la lista que ofrecen los partidos.
Como consecuencia de este sistema de votación, poco empleado en el mundo, el legislador se siente dueño del escaño y lo negocia en el mercado del poder.
Apenas termina el escrutinio comienza la danza de los infieles. Diputados, senadores y hasta gobernadores de estados abandonan el partido que los llevó como candidatos y se afilian al que le permitirá conquistar más poder o el que le ofrece mejores perspectivas electorales futuras.
El oficialismo es, naturalmente, el gran polo de atracción.
La necesidad de establecer mecanismos que obliguen a una fidelidad partidaria tiene cierto consenso entre los legisladores y sería uno de los puntos de una nueva legislación electoral.
Pero otros puntos considerados esenciales en las numerosas propuestas conocidas chocan con graves divergencias.
Una reforma para restaurar la credibilidad de los partidos debería prohibir esa migración "sin razones socialmente justificables", según Queiroz. La excepción es cuando el partido incumple o cambia el programa anunciado en la campaña electoral.
Pero si un parlamentario o gobernante se transfiere a otro partido "sin constreñimientos ideológicos", debe perder el mandato y sus derechos políticos por un periodo, aclaró.
Otros puntos que tanto el DIAP como varios partidos e instituciones sociales defienden son el financiamiento público exclusivo de las campañas electorales, y la votación por listas ordenadas de candidatos.
La intención de restringir el financiamiento es reducir la ventaja que disfrutan los candidatos ricos o que representan al poder económico, los cuales reciben abultadas donaciones para asegurar su triunfo.
Las "listas cerradas", en tanto, pondrían fin al tradicional voto por un candidato despegado de su partido, fortaleciendo las organizaciones políticas y concentrando el debate en los programas.
Pero es necesario que la lista de candidatos y su orden sean definidos "con transparencia", "reglas claras" y participación plena de todos los afiliados al partido, para evitar el dominio de los "caciques" internos, sostuvo Queiroz.
El presidente de la Cámara de Diputados, Arlindo Chinaglia, atribuyó prioridad a la reforma política, reactivando el debate al respecto, diluido cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se negó a apoyarla.
Lula arguyó que se trata de una cuestión de la sociedad y de los dirigentes políticos, no del gobierno.
Un proyecto de 1993, ya aprobado en comisiones preparatorias del Congreso, estaría listo para ser votado en el plenario de la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
Pero Chinaglia decidió reabrir la discusión para alentar la participación de los nuevos diputados y las sugerencias de la sociedad. Su meta es concluir el proceso al final de este semestre o comienzos del próximo.
El Colegio de Abogados de Brasil presentó el viernes una iniciativa en la que agrega cambios polémicos, como la posibilidad de que un sector de la ciudadanía convoque consultas populares sobre leyes, sin necesidad de que el resultado sea ratificado por el parlamento.
La institución también propuso la anulación del mandato de parlamentarios que violen algunos principios y sus promesas electorales.
Estas propuestas son apoyadas por 31 organizaciones sociales, firmantes de un manifiesto que reclama una urgente reforma política para ampliar la participación de la sociedad en el poder político, contemplando incluso instrumentos de democracia directa como los referendos.
Propuestas como exigir fidelidad partidaria son "un buen camino, pero por sí solas no resuelven" la crisis de representatividad de los partidos y la desconfianza popular en los políticos, opinó Paulo Costa Santos, un funcionario público jubilado de Sao Paulo.
Su descreimiento en la política, generalizado en la población brasileña, según las encuestas, se refleja en la pérdida de interés en informarse sobre la actualidad en ese ámbito.
Antes, Santos leía hasta dos periódicos al día, porque se "sentía socio activo de todo, un ciudadano". Hoy, apenas lee las páginas culturales los fines de semana.
"Siento impotencia y fastidio", por el descrédito de los políticos que alentaban una ilusión de de cambio, acentuado con escándalos de corrupción iniciados en 2005 y que involucraron a varios partidos y al gobierno. ***** +Cámara de Diputados, en portugués (http://www.camara.gov.br) +Colegio de Abogados de Brasil, en portugués (http://www.oab.org.br) +DIAP, en portugués (http://www.diap.org.br) (FIN/IPS/mo/mj/la ip sl hd/07)
