Figuras oficialistas de Perú acusadas de violaciones de derechos humanos en el primer gobierno del actual presidente Alan García (1985-1990) ocupan hoy importantes cargos en el Estado, a pesar de las críticas opositoras.
Varios ex miembros del paramilitar Comando Rodrigo Franco, que en ese periodo asesinó a sospechosos de integrar las organizaciones insurgentes Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, trabajan hoy para legisladores del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP).
Omar La Cunza Tantarico, investigado por el fiscal Julio César Cordero por su pertenencia al comando, es asesor de seguridad del presidente de la Célula Parlamentaria Aprista, Javier Velásquez.
También trabaja con Velásquez otro hombre vinculado con el comando, Daniel Vílchez Yucra, hermano de la congresista Nidia Vílchez Yucra, del PAP. El fiscal Cordero tomó testimonio a los hermanos por su supuesta relación con el grupo paramilitar.
Un ex miembro del Comando Rodrigo Franco, Miguel Exebio Reyes, declaró ante el fiscal que los Vílchez eran integrantes de la célula del comando en la región central del país, con sede en Huancayo.
"Me he reunido con ambos tanto en Lima como en Huancayo. Daniel Vílchez llegaba a nuestro centro de operaciones, en el distrito limeño de San Isidro, con información de inteligencia sobre la actividad de los terroristas y de opositores en la región central del país", dijo Exebio a IPS. "Eso es lo que he declarado a la fiscalía."
Los hermanos Vílchez afirman que Exebio miente. "Lo vamos a denunciar judicialmente", anunció la congresista Nidia Vílchez.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que el Comando Rodrigo Franco operó bajo la conducción del ministro del Interior del primer gobierno de Alan García, Agustín Mantilla.
Ex secretario personal de García y ex secretario nacional de organización del APRA, Mantilla fue expulsado del partido en 2001, cuando se divulgó un vídeo en que aparecía recibiendo 30.000 dólares del asesor de inteligencia del entonces presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, para financiar la campaña electoral del PAP.
Mantilla también es investigado por el fiscal Cordero, quien, por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe denunciar a los responsables de los crímenes perpetrados por el grupo paramilitar.
Al Comando Rodrigo Franco se le atribuye el asesinato de Manuel Febres, abogado defensor de Osmar Morote, dirigente de Sendero Luminoso.
También se lo acusa de los asesinatos del dirigente minero Saúl Cantoral, de los "tupacamaristas" Javier Porta y Miguel Pasache, que habían secuestrado a un empresario minero relacionado con el gobierno de García, y de varios estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, con sede en Huancayo.
Enrique Melgar Moscoso, identificado como integrante de la organización paramilitar aprista, muy allegado a Mantilla, hoy dirige la seguridad de Televisión Nacional del Perú, el canal del Estado. Melgar también es investigado por el fiscal Cordero.
El presidente del gobierno de la región de Tacna, el aprista Julio Alva Centurión, contrató a Óscar Urbina Sandoval, ex integrante del Comando Rodrigo Franco, como su enlace en el Congreso.
El gobierno aprista también nombró a otras personas muy cercanas a Mantilla en cargos clave, como Carlos Arana, el organizador de los actos públicos del PAP en la última campaña electoral, hoy presidente del programa Agua para Todos.
Arana Vivar, que maneja un presupuesto de 500 millones de dólares, es íntimo amigo de Mantilla y de su hermano, Jorge Luis Mantilla, con quienes son socios en una empresa.
Están registradas las visitas de Arana y de Ricardo Pinedo, actual secretario personal del presidente García, a Agustín Mantilla cuando se encontraba preso en la limeña cárcel de San Jorge, entre 2001 y 2004, lo que da cuenta de la cercanía del vínculo.
Agustín Mantilla, hoy con libertad restringida en su domicilio, ofreció públicamente sus servicios al gobierno de García.
"Militantes apristas relacionados con violaciones de derechos humanos y actos de corrupción están copando cargos en el Estado", dijo a IPS el vocero del grupo parlamentario del Partido Nacionalista, Juvenal Ordóñez.
"El APRA siempre se opuso a investigar al Comando Rodrigo Franco porque afirma que nunca existió, a pesar del informe de la Comisión de la Verdad y la investigación que hizo el Congreso en 2004 y que los legisladores apristas se negaron a aprobar", agregó.
Ordóñez es partidario de "ahondar las investigaciones y señalar a los responsables del comando paramilitar aprista. No puede ser que personas relacionadas con delitos graves tengan trabajo en el Estado porque sean militantes del partido de gobierno".
Para el secretario de la filial peruana de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, Ismael Vega, el gobierno de García, en lugar de cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, acoge a personas investigadas.
"Es necesario pedirle al gobierno que afronte el trágico pasado del país con responsabilidad. Sólo así se podrá generar un clima favorable para evitar nuevos abusos. El gobierno tiene el deber de colaborar y asegurar que progresen los procesos judiciales, y con mayor razón si se trata de casos que se cometieron durante el primer régimen aprista", dijo Vega a IPS.
"No es positivo para la democracia y ni para el Estado que los gobiernos tengan en su personal de confianza a personas que afrontan acusaciones pendientes por violaciones de derechos humanos. Eso genera un manto de desconfianza y va en contra del mismo gobierno", apuntó Vega.
"Los apristas no podemos ser tratados como leprosos", el congresista Velásquez en conferencia de prensa. "Nadie tiene impedimento para trabajar si es que no está condenado."
Pero el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado explicó a IPS que el gobierno de García se equivoca al darle trabajo a militantes del APRA investigados por la fiscalía o vinculados con dirigentes acusados de corrupción, como Agustín Mantilla.
"El Comando Rodrigo Franco existió y ninguno de sus líderes o integrantes ha sido sancionado penalmente. Estamos frente a un caso de impunidad", manifestó Maldonado.
"Digo que existió porque yo participé en la investigación que hizo una comisión de la Cámara de Diputados. Los miembros de ese grupo estaban enquistados en diversos niveles del primer gobierno aprista. El Estado está en la obligación de investigar y sancionar a miembros, cabecillas e integrantes de la agrupación", añadió.
"Si no hay un efectivo liderazgo del presidente destituyendo a esas personas involucradas en el caso del comando paramilitar, le estará dando una muy mala señal a la sociedad peruana", sostuvo Maldonado.
"El Estado no puede servir de refugio para quienes integraron organizaciones criminales con fines de terrorismo de Estado, que, por las razones que fuere, no fueron sancionados en el pasado", concluyó. (FIN/IPS/ap/mj/la ip hd sl/07)
