Legisladores peruanos leales al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y acusados de actos corrupción cometidos durante su régimen pretenden un tratamiento preferencial de la justicia, pues no pueden echar mano a la inmunidad parlamentaria.
La representación parlamentaria fujimorista solicitó formalmente a la presidenta del Congreso legislativo, la oficialista Mercedes Cabanillas, que intercediera ante el Poder Judicial para que los acusados fueran convocados a declarar sólo cuando fuera imprescindible. Su prioridad son sus labores legislativas para las que el pueblo los eligió, alegan.
Sin embargo, los cargos se refieren a actos cometidos antes de haber sido elegidos.
Todo indica que Cabanillas acogerá la solicitud, pues adelantó a la prensa "que la gente inteligente piensa que sí es posible" que los jueces citen sólo cuando sea estrictamente necesario a los legisladores, "sin que eso signifique que tengan corona".
Los congresistas que enfrentan procesos por presuntos actos de corrupción son Santiago Fujimori y Keiko Fujimori, hermano e hija del ex presidente, respectivamente, Carlos Raffo, ex publicista del mandatario, Rolando Reátegui, ex dirigente del partido Vamos Vecino, y Cecilia Chacón, hija del general Walter Chacón, quien fue estrecho colaborador del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
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El ex mandatario está preso en Chile a la espera se dilucide un juicio de extradición a su país, donde los tribunales lo esperan para juzgarlo por varios delitos de corrupción y de violaciones de derechos humanos. Montesinos, recluido en Perú, ya ha recibido algunas condenas y continúa sujeto a proceso.
El 19 de marzo, la Primera Sala Anticorrupción declaró rea contumaz a Cecilia Chacón, acusada de haber colaborado en el ocultamiento del dinero obtenido ilícitamente por su padre, que era ministro del Interior de Fujimori. La decisión del tribunal fue adoptada porque Chacón se negaba a presentarse a las audiencias.
A pesar de la advertencia de que sería considerada en rebeldía, la legisladora no cambió de parecer porque es "víctima de una persecución política", argumentó.
El presidente de la Corte Suprema, Francisco Távara, respaldó en un comunicado la decisión de la Primera Sala Anticorrupción. Lo mismo hizo la ministra de Justicia, María Zavala, pero al día siguiente se rectificó y pidió a los magistrados "ser un poco flexibles" con la legisladora.
La Primera Sala libró orden de captura contra Chacón. El día 26, la acusada solicitó a la Corte Suprema que suspendiera dicha orden, pues la Primera Sala había sido recusada por su defensa. El asunto debe dirimirlo ahora el máximo tribunal.
"Los procesados deben acudir a todas las citaciones y no cuando se les ocurra", explicó a IPS el ex procurador anticorrupción José Ugaz.
"Dicen que se trata de una persecución política porque no tienen otra opción que intentar desprestigiar a quienes los acusan o procesan. Lo hicieron con los procuradores y fiscales, luego con los jueces y ahora con los vocales de la Sala Anticorrupción", añadió.
"La versión de la persecución no tiene asidero. Los magistrados simplemente están aplicado la ley. Los congresistas no tienen preferencia. Gozan de inmunidad, pero esa inmunidad" no les permite "desacatar las citaciones de la justicia", afirmó Ugaz.
Santiago Fujimori está acusado por haber negociado en 1995, a pedido de su hermano y cuando se desempeñaba como su asesor, la compra de un avión Boeing 737 para uso presidencial por 25 millones de dólares, si bien no tenía atribuciones de funcionario público para cumplir con esa misión ni conocimientos de aviación.
A Keiko Fujimori se le atribuye haber dado uso incorrecto a donaciones que recibía como primera dama y presidenta de la Fundación para los Niños del Perú.
El ex publicista de Fujimori, Carlos Raffo, afronta un juicio por revelar secretos de Estado al haber utilizado con fines electorales vídeos que registran al ex jefe de Estado hablando en el Consejo Nacional de Inteligencia sobre la estrategia peruana respecto de problemas limítrofes con Ecuador.
Los vídeos fueron enviados por el propio entonces mandatario a Raffo, quien los difundió en un programa de televisión para apuntalar una campaña electoral.
Rolando Reátegui, fundador y dirigente del grupo fujimorista Vamos Vecino, es acusado de haber montado una masiva falsificación de firmas para conseguir la inscripción de la organización ante el Jurado Nacional de Elecciones en 1998.
El presidente del bloque fujimorista, Alejandro Aguinaga, confirmó a IPS que había pedido a la presidenta del Congreso su intervención ante el Poder Judicial.
"Hicimos el pedido para que (Cabanillas) use sus buenos oficios con el fin de que se comprenda que los parlamentarios no podemos estar asistiendo todas las semanas a audiencias de varias horas, a escuchar lo que dicen los demás testigos, cuando tenemos múltiples obligaciones congresales que son para lo que nos ha elegido la población", dijo Aguinaga.
El presidente del opositor bloque Unión por el Perú e integrante de la directiva del Congreso, Juvenal Ordóñez, dijo a IPS que "si uno está procesado y hay una citación, corresponde cumplir con la ley".
"Que los parlamentarios tengan la potestad de decidir cuándo acuden y cuándo no sería un privilegio antipopular y antidemocrático. Además, se trata de parlamentarios que afrontan juicios por hechos atribuidos antes de su elección", dijo a IPS el abogado constitucionalista Francisco Eguiguren.
La inmunidad parlamentaria sólo es aplicable cuando a los legisladores se les inicia procesos judiciales mientras ejercen su representación, aclaró.
El ex procurador Ugaz advirtió sobre el mal precedente que sentaría el Congreso si acoge el pedido de los fujimoristas. "Aumentaría la distancia entre los congresistas y la ciudadanía, que ya está saturada de privilegios de ese tipo. Sería fatal", dijo a IPS.
