La vasta región de Asia central está al borde de librarse de la pena de muerte. Pero aun en ese caso, aguardan en la lista de espera muchos otros desafíos en materia de derechos humanos.
Activistas de todo el mundo tienen grandes esperanzas ante la pronta adopción en sus países de leyes que prohíban las ejecuciones.
"Hay muchas expectativas. En los últimos años se han dado algunos pasos muy positivos", dijo a IPS María Luisa Bascur, directora regional de proyecto de la Federación Internacional Helsinki de Derechos Humanos, con sede en Bruselas.
"Creo que en un par de años no habrá más pena de muerte en la región. Estamos trabajando en eso", añadió.
Asia central, que cuenta con abundantes recursos naturales, está integrada por cinco países — Kazajstán, Kirguizstán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán— que suman 61 millones de habitantes y se independizaron tras el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991.
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Kazajstán, que por sí sola tiene el tamaño de Europa occidental, posee vastas reservas petroleras sin explotar. Kirguizstán y Tayikistán tienen abundantes minerales y la capacidad de generar energía hidroeléctrica.
Uzbekistán tiene grandes yacimientos de gas natural, al igual que Turkmenistán, y es, además, el tercer exportador de algodón del mundo.
"Sólo Uzbekistán sigue ejecutando gente", indicó Bascur, quien recordó que Turkmenistán ya abolió la pena capital en 1999.
"Según nuestras fuentes, Uzbekistán ejecuta a unas 100 personas al año. No hay datos oficiales porque es un secreto de Estado. El presidente Islam Karimov, de hecho, firmó un decreto en 2005 para abolir la pena de muerte en 2008", añadió.
Pero un portavoz de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, que lleva adelante una campaña para por abolir la pena capital en la región, dijo a IPS que "el secreto sigue siendo una cuestión delicada en estos países".
La escritora turcomana Sapargul Mamedova aseguró, en un artículo publicado en la última edición de la revista de Internet Oasis, haber recibido información acerca de tres personalidades públicas muertas en cárceles de Turkmenistán después de la abolición de la pena capital en ese país.
Entre ellas figura la periodista Ogulsapar Muradova, supuestamente fallecida el año pasado a causa de torturas.
Los otros dos, el ex jefe del servicio secreto Mukhammed Nazarov y el ex presidente del parlamento Taghandurdy Khallyev, habían sido acusados de abuso de funciones.
Bascur confirmó que hubo matanzas extrajudiciales en Turkmenistán.
En diciembre, Kirguizstán aprobó una enmienda constitucional considerada un paso genuino de la región hacia la abolición de la pena capital, que garantiza "el derecho inherente de los seres humanos a la vida".
Se esperaba que los legisladores accedieran a revisar el código penal para alinearlo con esa reforma constitucional, para lo cual tenían un plazo de seis meses.
Pero la revisión se interrumpió ante las crecientes movilizaciones opositoras para exigir la renuncia del presidente Kurmanbek Bakiev, encabezadas por el ex primer ministro Felix Kulov.
Diversos informes aseguran que los jueces kirguises dictaron condenas a muerte a pesar de la reforma constitucional. El ministro de Justicia, Marat Kayipov, lo atribuyó a la "ignorancia" de magistrados que "no habían leído la Constitución".
Pero varias fuentes kirguisas afirmaron que se avecinan nuevas enmiendas. Bakiev accedió a crear un grupo de trabajo para redactar una nueva Constitución.
Activistas de derechos humanos y varios políticos esperan que el proyecto incluya la prohibición de las ejecuciones, lo que fue confirmado a IPS por Nurbolot Kurmanov, el jefe del Departamento de Justicia en Bishkek, la capital de Kirguizstán.
"La abolición de la pena de muerte en Kirguizstán tendrá repercusiones en toda la región", sostuvo Bascur, quien pronosticó que Kazajstán seguiría sus pasos.
"Podría no ser de inmediato", explicó. "Pero el terreno es fértil para que la sociedad civil ejerza presión. Ese país escucha a sus vecinos y a la comunidad internacional".
El siguiente país en abolir la pena capital podría ser Tayikistán, especuló Bascur. "Ya conmutaron todas las condenas a muerte a penas de prisión. En cierto sentido, ya hicieron lo principal."
La gran interrogante es si Uzbekistán cumplirá su promesa de derogar la máxima pena el 1 de enero de 2008.
"Uzbekistán es el caso más extremo", coincidió Bascur. "Organizaciones no gubernamentales sufren persecuciones constantes. Si trabajas en ellas, no sólo corres el riesgo de recibir multas sino también de ir a la cárcel", indicó.
Nadie puede llevar registro del número de ejecuciones. Ni siquiera los familiares de los condenados saben la fecha en que se los conducirá al cadalso ni cuándo van a enterrarlos, relató.
Expertos de este país concuerdan en que Uzbekistán será el último país de la región en que se abolirá la pena capital.
"No hay esperanzas de que Karimov siga los pasos de Kirguizstán", dijo a IPS Nur Omarov, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ruso-Kirguisa
La mayor preocupación de Karimov es mantener la estabilidad política y, según sus antecedentes, pocos prevén que atempere su política de mano dura ante las discrepancias.
Pero hay razones de optimismo respecto de Turkmenistán tras la repentina muerte del presidente conservador Saparmurat Niyazov en diciembre, observó Omarov. "Los turcomanos aguardan cambios", aseguró.
Aun antes de la elección de Qurbanquli Berdymukhamedov como presidente en febrero, habían sido liberados algunos políticos importantes, sentenciados a largas penas de prisión, y fue clausurada una cárcel, indicó Omarov.
"Es de esperar que suceda algo en Turkmenistán", concordó Bascur.
Organizaciones de derechos humanos presionan a todos los países de la región para que prohíban la pena de muerte en sus constituciones.
"Es importante transformar las moratorias en algo más concreto", sostuvo Bascur, y recordó que la región vivió una considerable agitación políticas en los años siguientes a la disolución de la Unión Soviética.
"Las moratorias son muy positivas. Pero en los países donde el poder se concentra en manos del presidente, basta un antojo suyo para dar marcha atrás. Se necesita algo más concreto: que la Constitución y el Código Penal reflejen la abolición total", sostuvo.
Por su parte, los activistas señalaron que mientras haya moratorias vigentes, los jueces seguirán dictando condenas a muerte. Eso quiere decir que la cantidad de presos sentenciados a la pena capital en la región irá en aumento. Los condenados viven con el continuo temor de que se levante la moratoria y se ordenen ejecuciones.
Bascur considera que con la abolición, se pondrá más atención a la reforma de los sistemas judiciales en la región.
"No hay un poder judicial independiente en estos países. La mayoría de las condenas a muerte se pronunciaron en juicios con fallas. Quizá las confesiones fueron extraídas mediante torturas y las víctimas no fueron escuchadas", sostuvo.
Las condiciones de vida en las prisiones también representan un problema que se agravará con la conmutación de las penas, si se deroga la pena capital. "Muchos mueren de tuberculosis y otras enfermedades por no recibir una atención médica adecuada", reveló Bascur.
"Estamos luchando por condiciones más humanitarias en las prisiones y por la rehabilitación de los presos que cumplieron su pena. A veces hasta las organizaciones consideran que la batalla está liquidada una vez que se consiga la abolición de la máxima pena. Es un paso muy importante. Pero lo que resta es un desafío aún mayor", aseguró.
