Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Pakistán condenaron una propuesta del gobierno para imponerles un «código de conducta» que podría poner en riesgo sus actividades y hasta congelar sus fondos.
Los grupos sostienen que las nuevas normas, cuya entrada en vigor está prevista para este mes, tienen "motivaciones políticas" y "malintencionadas", y pueden constituir un antecedente peligroso.
"Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de transparencia y responsabilidad en las agencias del gobierno y las que no lo son, pero creemos que esto no es necesario, pues ya existen normas", señalaron en una declaración conjunta.
"Nuestras intenciones son honestas, entonces ¿por qué montaron esta guerra de declaraciones?", preguntó un perplejo funcionario del Ministerio de Bienestar Social y Educación Especial, responsable de la formulación del código.
Desde principios de los años 90 hubo un crecimiento de la sociedad civil organizada, de la que se consideran parte también las agencias gubernamentales de beneficencia. De los 100.000 grupos existentes, apenas 44.000 están registrados en uno de los cinco órganos de regulación.
Lo que sucede es que no todas las ONG trabajan por mejorar el bienestar de la población ni son legítimas. La transparencia y responsabilidad de muchas de ellas es cuestionable. Algunas tienen una estructura endeble, y otras son sólo grupos familiares.
Alrededor de 70 por ciento están en las ciudades y no representan ni a 65 por ciento de la población rural.
Los sucesivos gobiernos han respaldado a la sociedad civil, pero han mostrado hostilidad hacia las ONGs involucradas en cuestiones políticas. El Estado prefiere que se dediquen a la beneficencia.
"Parece que el código se va a transformar en una 'supraley', pues excederá las disposiciones de las normas actuales", señaló la directora ejecutiva del Centro para la Filantropía de Pakistán, Shahnaz Wazir Ali.
En 2001, ese Centro participó junto a otras organizaciones independientes de un diálogo con el Estado para revisar el marco regulatorio en el que operan los grupos de la sociedad civil. De ese intercambio surgió un proyecto de ley que finalmente quedó en la nada.
Pese a la vasta experiencia del Centro en la materia, el Ministerio no consideró apropiado invitarlo para la formulación del código en cuestión.
"No se va a transformar en un proyecto ni en una ley. Sus temores son equivocados. Y ni siquiera es el documento final. Estamos abiertos a los cambios y pedimos a las organizaciones que lo afinen y lo revisen", declaró otro funcionario ministerial.
"Esa iniciativa no tiene defectos, en principio. Pero el asunto discutible son sus motivaciones", señaló el economista Kaiser Bengali.
Por su parte, Wazir Ali sostuvo que "un código suele ser redactado por el sector (involucrado), es de naturaleza voluntaria y por lo tanto requiere de mucho consenso".
Además, señaló que el proceso de consulta no "fue lo bastante amplio" y, por lo tanto, careció del "compromiso total" del sector. "La mayor coalición, el Foro de ONG de Pakistán, no fue consultada", añadió.
Sin embargo, la ministra de Bienestar Social y Educación Especial, Zobaida Jalal, rechazó esas acusaciones. "Invitamos a unas 700 organizaciones a las reuniones que se llevaron a cabo en todo el país, y 400 de las que hicieron aportes integraban esa coalición", aseguró.
Dado que ya existe un código propio del Foro, Wazir Ali cuestionó la necesidad de elaborar uno paralelo, mientras que Harris Khalique, director de la Organización para Reforzar la Participación, sostuvo que el gobierno debería concentrarse en hacer que se cumplan las normas ya existentes en vez de crear nuevas.
La ministra explicó que hubo varias razones para un nuevo libro de regulaciones.
"En primer lugar, el código de la coalición es para organizaciones independientes y está hecho por ellas. El que propuso el Ministerio es también para el gobierno. Ambas partes reciben un trato igualitario con obligaciones particulares para cada una", explicó.
"En segundo lugar, es más flexible e inclusivo. Tendrá una mayor participación y será formulado teniendo en mente las capacidades de las organizaciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes. No será un club exclusivo, estará abierto a todos", añadió.
Pero Khalique sostuvo que el simple hecho de que el código se haya escrito en inglés y se haya distribuido por Internet ya lo hace exclusivo. La gran mayoría de las ONG rurales no tienen acceso a electricidad, mucho menos a computadoras, señaló.
Kalique y Wazir Ali consideran que el documento es confuso y señalaron las ambigüedades acerca de su cumplimiento. "Si la actual disposición del gobierno no puede imponerse a las leyes imperantes, ¿por qué mecanismo se hará cumplir el código? Y si es obligatorio, entonces pierde su carácter de voluntario", afirmó Wazir Ali.
"No es una ley ni un mecanismo de coerción, y no es vinculante, así que la cuestión de las acciones contra aquellos que lo rechazan no se plantea", respondió la ministra.
Una de las causas de alarma es una sección del código que permitiría a los organismos de contralor congelar bienes de las ONG.
Por ahora, el Ministerio sometió el documento a discusión. En una encuesta por Internet, una abrumadora mayoría de los consultados apoyó la iniciativa.
