Mujeres chilenas campesinas e indígenas reclaman voz y voto en el manejo de los recursos naturales y en decisiones políticas cruciales, como el impulso a los biocombustibles, que puede afectar la seguridad alimentaria.
"¡Nosotras tenemos la palabra! Es tiempo de luchar, es tiempo de soñar, es tiempo de construir, es tiempo de sembrar, es tiempo de participar". Este fue el lema del I Congreso de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri) de Chile, que finalizó este viernes en la capital.
"En el último año nos dimos cuenta que las mujeres están haciendo una discusión política enorme. Nos dimos cuenta que todos los talleres y capacitaciones que hemos hecho no han sido en vano. Las mujeres están con una conciencia política enorme. No están hablando de 'chimuchina', de cosas menores, no, están hablando de políticas públicas", dijo a IPS Florencia Aróstica, presidenta de Anamuri.
En 2006, Anamuri organizó encuentros en casi todas las regiones del país para recoger las opiniones, dificultades y propuestas de más de 2.000 mujeres rurales e indígenas, divulgadas en el primer Congreso celebrado desde el miércoles.
"El objetivo del Congreso fue debatir sobre el país en el que queremos vivir, sobre las políticas que queremos que se implementen para las mujeres del sector", señaló Aróstica.
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A la reunión llegaron cerca de 1.200 campesinas chilenas y de otros países, como Argentina, Brasil, Haití, India, Paraguay, Perú, Suecia y Uruguay.
Anamuri, que nació hace ocho años con 52 asociadas, agrupa a artesanas, productoras de hortalizas, lácteos, hierbas medicinales, frutos frescos y alimentos elaborados, a recolectoras, asalariadas agrícolas, folkloristas y poetas.
Aróstica explicó que la raíz de todos los problemas del sector es el modelo neoliberal instaurado en Chile, que "ha dejado afuera a las campesinas y campesinos. El actual sistema económico sólo beneficia a las grandes empresas", afirmó.
"Uno de los temas más importantes tratados en el Congreso, que nosotros tenemos como eje transversal, fue la soberanía alimentaria. Creemos que en este país no hay preocupación sobre esta materia", indicó la dirigente.
"Cuando el gobierno está diciendo que tenemos que ser una gran potencia alimentaria, no se está refiriendo a la pequeña agricultura familiar sino a las grandes compañías exportadoras", añadió.
"Hoy la propuesta del gobierno es el encadenamiento productivo, que significa que los pequeños campesinos pueden producir para exportar, pero no son ellos los que exportan. Son las grandes empresas. Los campesinos tienen que seguir produciendo materia prima barata para que otros exporten. Entonces seguimos siendo pobres, marginados", indicó.
Anamuri está preocupada por las precarias condiciones de trabajo de las temporeras, por las dificultades financieras y de salud de las campesinas por cuenta propia, por la previsión social, el trabajo infantil y la emigración de los jóvenes del campo a la ciudad.
Pero también le interesa opinar sobre temas de interés nacional, como la disponibilidad y el acceso al agua, la degradación del ambiente y el desarrollo de los biombustibles, hoy bajo análisis del gobierno de la socialista Michelle Bachelet.
"Miramos los biocombustibles con mucho temor, porque si no somos un país soberano en materia alimentaria, ¿cómo vamos a producir lo que necesita esa industria?", se preguntó Aróstica, marcando diferencias con lo expresado por el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile.
Las campesinas también advirtieron sobre la creciente dificultad para acceder al agua. "Parte de ello es por la escasez, pero la razón principal es que el agua está en manos de grandes empresas, especialmente las transnacionales (mineras, sanitarias, eléctricas)", indica el documento base del Congreso.
"Los pozos son cada vez más profundos, porque la extracción con grandes maquinarias por parte de las empresas ha bajado las napas" subterráneas, agrega el texto.
En varias zonas del norte del país, sobre todo en la tercera región de Atacama, sufren sequía. Ya se han secado varias acequias, esteros y tranques, perjudicando el regadío agrícola y la alimentación del ganado.
Una de las propuestas de Anamuri es "que se garantice la prioridad de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, y de las mujeres en particular, al agua y a la tierra, por encima de las actividades económicas de las grandes empresas".
Las mujeres exigen "que se prohíban y erradiquen las actividades productivas extractivas y contaminantes en aquellas zonas donde el agua es más escasa y donde el territorio ha sido sobreexplotado por encima de su capacidad de recuperación".
Además, las campesinas reclaman al gobierno un papel más protagónico en el manejo de los recursos naturales.
Bachelet estaba invitada al Congreso, pero no pudo asistir por su viaje a México y a América Central.
Según Oróstica, la mandataria hizo saber a Anamuri su interés en conocer las conclusiones de la reunión. Pero las campesinas no son muy optimistas. "El gobierno de Bachelet dice que quiere ser un gobierno participativo, pero cuando la sociedad civil hace sus propuestas no las toma del todo en cuenta o les cambia el sentido. Eso no se llama participación ciudadana. Las propuestas del gobierno tienen que ser coherentes con las demandas", concluyó.
