La amnistía adoptada en 1993 para los crímenes cometidos en la guerra civil de El Salvador se erige hoy como principal obstáculo a la vigencia de los derechos humanos, mientras aumentan los homicidios y resurgen las desapariciones, advierten especialistas nacionales y de las Naciones Unidas.
La procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Beatrice de Carrillo, señaló el aumento de homicidios y el resurgimiento de las desapariciones en los últimos meses. Además, la ley de amnistía promueve la impunidad e impide esclarecer el paradero de miles de personas secuestradas durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), agregó.
El pronunciamiento coincide con los llamamientos que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y organizaciones nacionales de derechos humanos realizaron a principios de febrero y mediados de este mes para derogar la amnistía.
Además, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que dirige De Carrillo, expresó su preocupación por la desaparición el 7 de febrero de Edward Francisco Contreras, de 21 años, sumada a otros tres casos anteriores sin que hasta ahora las autoridades policiales y judiciales hayan tomado medidas efectivas para esclarecerlas.
Estos elementos arrojan dudas sobre el proceso democrático iniciado con la firma de los acuerdos de paz de 1992, tras un conflicto armado que dejó 75.000 muertos y entre 5.500 y 8.000 desaparecidos, afirman activistas.
La PDDH recibió la denuncia de los familiares de Contreras después de que éstos presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia, y los buscaron en hospitales y delegaciones policiales, sin que hasta hoy "las autoridades tengan pistas sobre su paradero".
A pesar de mi solicitud de información, ni la policía ni la Fiscalía me la ha brindado; los casos quedan completamente en la oscuridad", dijo De Carrillo.
La creación de la PDDH fue resultado del acuerdo de paz de 1992. Es una entidad independiente, encargada de tutelar el respeto de los derechos humanos, además de vigilar que las instituciones estatales cumplan con sus funciones constitucionales.
Contreras, estudiante de secundaria, es miembro del izquierdista Bloque Popular Juvenil, opositor frontal del gobierno del derechista Antonio Saca.
Los otros tres desaparecidos en el último año son Milton Iván Gutiérrez y los esposos Jorge Alberto Iglesias y María Hortensia García, ambos abogados, quienes no han sido vistos desde abril de 2006, cuando almorzaban en el centro capitalino.
"Llama la atención que en ambas situaciones existen indicios que involucran a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, en sus archivos no se cuenta con datos sobre su paradero", afirma un comunicado de la PDDH sobre los casos de Contreras y Gutiérrez.
Pero De Carrillo aclaró que estos hechos no necesariamente obedecen a razones políticas.
En el hábeas corpus por Contreras, su padre afirma que cuando se presentó a la sede policial de Ateos, sur de la capital, un policía a quien identificó sólo como sargento Ayala le confirmó, después hacer varias llamadas telefónicas, que su hijo había sido capturado por la División de Investigaciones de Homicidios. Pero al indagar en las oficinas policiales todo el mundo niega la detención del joven.
Los casos recuerdan las dictaduras militares de los años 70 y 80, cuando las ahora desmovilizadas fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte capturaban, desaparecían y asesinaban a opositores políticos y sociales, un fenómeno que se repitió en esas décadas en varios países de América Central y del Sur.
Alicia García, del Comité de Madres de Desaparecidos-Detenidos (Comadres), es ejemplo viviente de esos años.
Su hijo, José William fue secuestrado en 1978, cuando tenía 12 años. Permanece desaparecido, como uno de los hermanos de García. Otro hijo, Juan Carlos, fue asesinado en 1993, cuando tenía 16 años. En 1981, la activista sufrió la muerte de otro hermano.
El 9 de octubre de 1981, "me metieron en un vehículo, me vendaron los ojos, maniataron mis manos, comenzaron a golpearme en el estómago (vientre) y yo tenía cinco meses de embarazo", relató García IPS.
Ella asevera que sus secuestradores pertenecían a la Guardia Nacional. En el cuartel le "aplicaron" la capucha (una bolsa de cuero en torno a su cabeza para crear asfixia) y choques eléctricos en pezones y vagina. También la violaron.
Tres días después perdió el embarazo. Cuando el mal olor dominaba la celda, "uno de los verdugos me dijo, ¡hártatelo perra!", dice García, vencida por la emoción.
Semanas después la dejaron libre en la calle, desnuda, atada y con los ojos vendados.
A nuestros parientes "los buscamos por todas partes: cuarteles militares, cementerios, cárceles, y hasta hoy no sabemos nada. Son desapariciones que han quedado en total impunidad", afirma la activista, de 64 años.
Para la abogada Gisela Deleón, del Centro de Justicia y Derecho Internacional, con sede en Costa Rica, la amnistía ha enviado un mensaje a los autores de crímenes de que se puede continuar delinquiendo con impunidad.
"La investigación, identificación y sanción de los responsables, por el contrario, enviaría un mensaje a las futuras generaciones de que actos violentos como los ocurridos no serán tolerados", dijo a IPS Deleón, querellante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ventilan varios casos contra el Estado salvadoreño.
Desde que el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) puso en vigor la amnistía, que no estaba prevista en los acuerdos de paz, sucesivos gobiernos se han negado a derogarla, aduciendo que únicamente serviría para reabrir heridas del pasado.
Muchos familiares de víctimas argumentan que las heridas siguen abiertas porque aún se desconoce la verdad de los hechos y no se han efectuado las reparaciones necesarias.
A principios de febrero, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas visitó El Salvador para recabar nueva información sobre el estado de los desaparecidos, que según datos del organismo fueron unos 5.500, mientras los familiares estiman que fueron 8.000.
Al termino de su vista, el grupo de Naciones Unidas "recordó" al Estado que los autores de desapariciones "no deben beneficiarse de ninguna ley de amnistía" y exhortó al gobierno a derogarla o ajustarla a los requerimientos del derecho internacional.
A pesar de todas esas demandas, "lamentablemente hay fuerzas muy poderosas que no admiten su derogación", enfatizó la procuradora De Carrillo.
