Líderes de la sociedad civil de Rumania están preocupados por los crecientes ataques contra la ministra de Justicia, Mónica Macovei, quien encabeza una cruzada anticorrupción sin precedentes.
Algunos funcionarios de gobierno y líderes de la oposición critican a la ministra por sus investigaciones sobre escándalos que involucran todo el espectro político.
Ahora la sociedad civil lleva adelante una campaña para respaldarla.
El 27 de febrero se realizó una gran manifestación en Piata Universitatii, en el centro de Bucarest. Al llamado de seis organizaciones no gubernamentales, la población tomó las calles para mostrar su apoyo a Macovei.
La movilización se llevó a cabo dos semanas después de que el Senado aprobara una moción de censura simple que acusa a Macovei de bloquear las reformas del sistema judicial.
Macovei, de 48 años, asumió como ministra de Justicia en el otoño boreal de 2004, cuando llegó al poder una coalición de centroderecha.
Con prestigio internacional, Macovei también goza de amplia simpatía entre los rumanos, quienes ven en ella —contrariamente a la moción— la principal promotora de la reforma de la justicia.
Rumania, de 22 millones de habitantes, se integró a la Unión Europea (UE) el 1 de enero de 2007.
La UE advirtió a Bucarest que debía avanzar en su lucha contra la corrupción y en sus reformas judiciales. De lo contrario, los demás miembros del bloque podrían negarse a reconocer los fallos de los tribunales rumanos, poniendo a este país ex comunista en una categoría secundaria dentro del grupo.
La moción contra Macovei, además de recibir el apoyo de los socialdemócratas (PSDR) y del ultraderechista Gran Partido Rumano, fue también votada por los miembros de la coalición gobernante, conformada por los partidos Liberal, Democrático y Húngaro.
Esto dejó en evidencia que se trató, no de un ataque habitual de la oposición contra el gobierno, sino una ofensiva dirigida puntualmente contra la ministra.
Inmediatamente después de que el Senado aprobara la moción, el comisario de Justicia de la UE, Franco Frattini, ratificó su "completo aprecio por la ministra Macovei".
Susanne Kastner, vicepresidenta del Bundestad, la cámara alta del parlamento alemán, advirtió a Rumania que la moción podría ser interpretada por la UE como un intento de aplastar la reforma judicial.
La oficina rumana de la organización Transparencia Internacional condenó la moción contra Macovei, diciendo que el texto votado en el Senado "está escrito de una manera superficial y es motivado por razones políticas, ignorando el principio de independencia del poder judicial".
Macovei respondió firmemente a la moción del parlamento. "Rumania tiene una estrategia para reformar el sistema de justicia y combatir la corrupción. Si no fuera así, no estaríamos en la UE hoy", afirmó.
"Fueron muy importantes los logros alcanzados por la Dirección Nacional Anticorrupción alcanzados en los últimos dos años", destacó la ministra.
El año pasado, "360 personas fueron llamadas a juicio, entre ellas un ministro, dos secretarios de Estado, siete miembros del parlamento, dos presidentes de consejos locales y un vicepresidente, además de 50 policías, numerosos jueces y fiscales, alcaldes e inspectores de impuestos".
Entre los más prominentes oficiales enjuiciados por corrupción durante los últimos dos años se destacan el ex primer ministro y líder del PSDR Adrian Nastase, y sus copartidarios el ex ministro para la Integración Europea Hildegard Puwak y el ex secretario general del gobierno Petru Serban Mihailescu.
Los fiscales del Estado también investigaron a integrantes de otros partidos. Uno de los casos con mayor repercusión fue el de Dinu Patriciu, presidente de la compañía petrolera Rompetrol y miembro del partido Liberal, acusado de lavado de dinero.
El primer ministro actual, Calin Popescu-Tariceanu, es del partido Liberal.
La Corte Constitucional, consultada sobre si Macovei debía renunciar como consecuencia de la moción de censura, concluyó que la última palabra la debe tener el primer ministro.
Dado que Tariceanu y el presidente Traian Basescu están trabados en una confrontación política desde hace varios meses, y que Macovei es considerada una protegida de Basescu, la decisión de la Corte hizo temer que la ministra se quedara sin su cartera.
Tariceanu no pidió la renuncia de Macovei. No obstante, la posición de la ministra continua amenazada, de allí que organizaciones de la sociedad civil le demuestren su apoyo.
"Aunque la Corte Constitucional hizo valer el carácter no obligante de la moción del Senado sobre la renuncia de Macovei, la presión sobre la ministra se mantiene alta y es probable que se busque cualquier pretexto para librarse de ella", dijo a IPS Alexandru Lazescu, miembro del Grupo por el Diálogo Social (GDS, por su sigla en inglés), uno de los organizadores de la marcha.
"El apoyo de sectores ajenos al espectro político es necesario para consolidar su posición", agregó.
