Los bloques legislativos del partido gobernante de Perú y del sector que responde al ex presidente Alberto Fujimori fracasaron en su causa común de imponer una sanción ejemplar a la justicia por haber citado a declarar al vicepresidente Luis Giampietri.
Ambos bloques promovieron una moción destinada a investigar a las integrantes de la Primera Sala Penal Anticorrupción e iniciarles acciones penales. Pero tuvieron que retirarla el jueves por la noche,
La Primera Sala Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia, que preside la magistrada Inés Villa, es una de las más respetadas y severas del sistema creado para enjuiciar los delitos cometidos durante el régimen de Fujimori (1990-2000), preso ahora en Chile y pedido en extradición por Perú.
Villa convocó al primer vicepresidente Giampietri a declarar como testigo en el juicio contra los integrantes del grupo paramilitar Colina, acusados de varios crímenes de derechos humanos.
La convocatoria se debió a un pedido de la defensa de uno de los acusados, ex miembro del Colina, quien sostiene que el vicealmirante retirado Giampietri puede dar fe de que en la inteligencia militar los agentes deben acatar las órdenes sin objetarlas.
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Cuando ejecutaron operaciones de secuestro, tortura y asesinato, los miembros del ilegal Colina eran militares activos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).
Al enterarse de la citación, Giampietri, legislador del gobernante Partido Aprista Peruano, dijo en una sesión del Congreso que era producto de una "persecución política", por lo que demandó un pronunciamiento del Poder Legislativo.
El diputado aprista Javier Valle Riestra presentó el miércoles una moción con tres propuestas: rechazar la citación judicial a Giampietri, ordenar al Poder Judicial una investigación de los integrantes de la Primera Sala Anticorrupción y facultar al procurador del Poder Legislativo para que iniciara acciones penales contra sus magistrados, Villa, Inés Tello e Hilda Piedra.
"El Congreso acuerda: Expresar su protesta más enérgica contra la Primera Sala Anticorrupción, presidida por Inés Villa Bonilla, por la indebida y totalitaria citación formulada contra el congresista Luis Giampietri para prestar declaración testimonial", decía la moción.
"Ya es hora que alguien los detenga", había dicho a IPS Valle Riestra. "La citación a Giampietri es un abuso, una violación a la majestad del Congreso. No debe pasar. Ya tenemos 60 firmas (de 120 congresistas) para pedir la aprobación", agregó.
La iniciativa contó con la inmediata adhesión de la representación fujimorista, entre cuyos integrantes hay cinco enjuiciados por el sistema anticorrupción. El propio Valle Riestra fue primer ministro de Fujimori en 1998.
El acalorado debate de la noche del jueves expuso que detrás de la protesta institucional del Congreso estaba la intención política de sectores afectados por la acción judicial.
Durante su intervención, Valle Riestra concentró sus baterías en señalar que la citación a Giampietri era ilegal porque violentaba la inmunidad parlamentaria, y que el Congreso debía cerrar filas para impedir que se vulnerara su fuero.
Pero cuando intervinieron los diputados Rolando Sousa y Carlos Raffo, respectivamente ex abogado defensor y ex publicista de Fujimori, resultó evidente que la intención iba más allá.
Así lo señalaron los opositores Víctor Mayorga, del Partido Nacionalista, y Andrés García Belaúnde, de la Alianza Parlamentaria, quienes anunciaron el voto negativo de sus bloques a la moción.
Valle Riestra suavizó entonces su proyecto reduciéndolo a una protesta del Congreso contra la Primera Sala por citar a Giampietri. Pero aún así, no tuvo más remedio que retirarlo.
El bloque oficialista presentó entonces una moción declarativa en la que se instaba al Poder Judicial a cumplir con las exigencias de la ley en caso de una citación a un parlamentario en calidad de testigo, permitiéndole a éste señalar hora, fecha y lugar para declarar.
El texto recibió 55 votos de aprobación, 34 en contra y cinco abstenciones. Sólo asistieron 96 de 120 parlamentarios.
El intento de acorralar a los tribunales anticorrupción fue una demostración de fuerza que podría anticipar otros episodios. Giampietri afronta investigaciones de dos fiscales por su participación en la compra de armamento entre 1995 y 1996, cuando era jerarca de la marina.
"Le dimos un jalón de orejas a la Primera Sala", dijo a IPS Raffo, también bajo juicio por haber utilizado secretos de Estado para hacer campaña por Fujimori. "Le hemos dicho que se está excediendo y que debe actuar según la ley. Le comunicamos que no estamos dispuestos a seguir permitiendo abusos ni excesos, como citar a Giampietri. Le hemos puesto una tarjeta amarilla".
Sin embargo, más allá de su condición de vicepresidente y legislador, "Giampietri, como cualquier ciudadano, tiene el deber de concurrir a las citaciones de la justicia. En democracia, todos somos iguales ante la ley", dijo a IPS el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra.
"Dada la resistencia de Giampietri a la notificación de concurrencia en calidad de testigo, se aplican las reglas procesales penales que permiten al tribunal ordenar la conducción del testigo a la sala de audiencias, lo que no implica detención", explicó.
Mayorga destacó que entre los votos a favor de la iniciativa hubo algunos de legisladores de la alianza de derecha Unidad Nacional. "Hay que decirlo con todas sus letras: el proyecto de Valle Riestra era una condena a la Sala Anticorrupción e incluso se pretendía denunciar a las magistradas que la integran", dijo Mayorga a IPS.
"Al final se aprobó un texto declarativo y general, que representa una derrota de los oficialistas y fujimoristas y sus aliados", afirmó.
En opinión de Gamarra, Perú "debe reconocer el esfuerzo y la probidad de las integrantes de la Primera Sala en la lucha contra la mafia fujimorista. En el Perú de hoy, la lucha contra la corrupción tiene rostro de mujer. Estamos en deuda con ellas", concluyó.
