El mejor termómetro de la inquietud del presidente colombiano Álvaro Uribe tras la visita de su homólogo estadounidense George W. Bush, fue que este lunes madrugó para llamar a las radioemisoras locales y repetir lo que dijo dos veces en la rueda de prensa del domingo.
En ella, el anfitrión habló mucho más que el huésped.
El encuentro de los dos presidentes con los periodistas estuvo marcado por el escándalo del "paragate", las relaciones incestuosas del poder civil, militar y económico colombiano con paramilitares de ultraderecha comandados, en muchos casos, por capos del narcotráfico.
Además, quedó claro que las mismas inquietudes de los periodistas fueron formuladas a Uribe por el propio presidente estadounidense.
La primera pregunta a Bush, sobre el "paragate", la hizo un medio colombiano. "Habrá un poder judicial independiente que va a estudiar cada uno de los cargos que se presenten y va a decidir la culpabilidad de cada persona", dijo el mandatario estadounidense.
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La bola de nieve del "paragate" comenzó a rodar hace un año por iniciativa de la embajada estadounidense, cuando amenazó con cancelar la visa de entrada a ese país a los jefes políticos que mantuvieran a candidatos paramilitares en sus listas para las elecciones parlamentarias de marzo de 2006.
Tras una visita del vicepresidente Francisco Santos a Estados Unidos, y a pesar del respaldo expreso de Uribe, éste tuvo que sustituir el mes pasado a su canciller María Consuelo Araújo, por los supuestos estrechos vínculos de su padre y hermanos con "Jorge 40", Rodrigo Tovar, uno de los jefes de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), hoy desmovilizado y en la cárcel.
Además, está preso el ex zar de inteligencia de Uribe durante tres años, Jorge Noguera, ex jefe del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) y antes coordinador de su primera campaña presidencial en el septentrional departamento del Magdalena, acusado de haber puesto el DAS al servicio de las AUC.
En medio de la altísima exposición mediática internacional por la visita de Bush, Uribe mencionó a Noguera.
"Cuando él salió del DAS, contra él no había denuncias de vínculos con el paramilitarismo. Los hechos por los cuales a él se lo acusa, son hechos que se conocieron varios meses después de haberse retirado de la institución", dijo.
Pero el ex director de ese organismo en los años 90, Ramiro Bejarano sostuvo que "eso no es cierto".
"El propio presidente estaba enterado de que la situación en el DAS era muy complicada", hasta el punto de que en forma "imprudente" dijo "que le provocaba cerrar el DAS", recordó Bejarano a IPS.
Uribe "tenía conocimiento de los graves problemas y de las dificultades que se habían creado durante la administración de Jorge Noguera", sostuvo Bejarano.
El mandatario envió a Noguera como cónsul a Milán cuando ya había testificado en su contra el ex jefe de informática del DAS, Rafael García, hoy condenado a 11 años de prisión.
Hay ocho parlamentarios oficialistas detenidos, uno fugitivo y otros cinco que podrían recibir orden de captura, mientras casi una veintena más han sido señalados por la sociedad civil, pero la cifra se podría multiplicar por tres.
Las AUC, disueltas el año pasado tras polémicas negociaciones secretas con el gobierno, cometieron 80 por ciento de los crímenes en la guerra colombiana —según la Organización de las Naciones Unidas— en la que se siguen enfrentando ejército y guerrillas izquierdistas surgidas en los años 60 y que también cometen atrocidades.
Uribe destacó que su gobierno "ha disminuido enormemente la agresión paramilitar". Para la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas, con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, esa reducción fue a sólo 60,98 por ciento de los crímenes incluso tras la declaratoria de cese de hostilidades de las AUC, en 2002.
Decenas de jefes de las AUC están acusados de narcotráfico, como recordó otra periodista colombiana dirigiéndose al presidente estadounidense.
Bush aseguró que son "las mismas preguntas que le van a hacer (a Uribe) cuando venga con su gobierno para hablar con nuestro Congreso" legislativo, hoy controlado por el opositor Partido Demócrata.
"Tenemos tribunales independientes, tenemos leyes, la gente será responsable, no importa de cuál partido proviene", citó Bush la respuesta dada por Uribe a sus interrogantes.
En cuanto a la extradición de esos paramilitares pedidos por la justicia estadounidense, Bush insinuó que no hubo acuerdo, pero dado que Uribe es su amigo y aliado, "será una decisión entre los dos gobiernos", agregó.
Uribe ha extraditado a Estados Unidos a poco menos de 500 narcotraficantes, casi todos del ex Cartel de Cali y del Cartel del Norte del Valle, rivales de los antiguos carteles de Medellín y de la Costa Caribe.
Mientras, el mandatario mantiene suspendidas las extradiciones de varios jefes paramilitares que prometieron dejar el negocio de las drogas y están presos, y cuyas áreas coinciden con los dominios del extinto Cartel de Medellín y el de la Costa.
De Estados Unidos se sabe que quiere por ahora la extradición de al menos uno de ellos. Por eso, los paramilitares exigen un marco legal que establezca su no extradición, pues actualmente dependen de la voluntad personal del presidente.
Mientras, algunos se rearman. Serían 3.000 los "nuevos" paramilitares según la Organización de los Estados Americanos, o 5.000, según el encarcelado ex jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, pedido por la justicia estadounidense.
A partir de febrero, Uribe resolvió afrontar el "paragate" con agresivas respuestas a sus opositores políticos.
Según el mandatario, fue la acción de guerrillas surgidas en los años 60 y 70 la que, unida al abandono estatal, incubó la creación de bandas de sicarios paramilitares.
Las guerrillas marxistas "penetraron la política, el periodismo, penetraron el movimiento sindical, penetraron la universidad y nunca se exigió la verdad", dijo repetidamente.
Según Uribe, el "paragate" se debe a que por primera vez se busca la verdad sobre la longeva guerra en Colombia y la reparación a las víctimas.
Pero lo cierto es que el marco legal propuesto inicialmente por su gobierno, y votado por los legisladores cuestionados, permitía a los paramilitares evadir la cárcel a cambio de una multa.
Un fallo de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz, en mayo de 2006, cambió el panorama e impuso a los paramilitares confesar todos sus crímenes y reparar con sus bienes, a cambio de acceder a beneficios como penas máximas de ocho años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Aún así, el gobierno intentó expedir dos decretos que contradecían el fallo de la Corte y mejoraban la posición de los desmovilizados de las AUC.
Los paramilitares "no son héroes que defendieron a comunidades indefensas. Son esencialmente carniceros", según Maria McFarland, experta en Colombia de la organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
Su acción ha desplazado a millones de personas de sus tierras, que ahora están en manos de narcotraficantes y sus testaferros. Han corrompido a funcionarios públicos y manipulado elecciones a favor de sus candidatos, recordó la analista en una conferencia a principios de febrero en la norteña Cartagena de Indias.
Para Bejarano, lo dicho por Bush en Bogotá deja claro que la agenda bilateral está signada por lo que pueda suceder con el "paragate" y los respectivos juicios. "Y el gobierno americano (estadounidense) está pendiente de que ese tema tiene involucrada a gente muy cercana al gobierno".
"Por eso el presidente Bush le dijo al presidente Uribe que tiene que ir a Estados Unidos a hablar con el Congreso y decirle lo mismo que le dijo a él aquí. De manera que creo que esa situación es bastante complicada", agregó.
