Colombia ingresó en 2006 más de 1.300 millones de dólares por sus ventas de carbón. Pero los trabajadores del sector tienen empleos temporales, insuficiente protección sanitaria y muy poca seguridad laboral.
Según el Ministerio de Minas y Energía, en 2004 se atendieron 17 accidentes en las minas de carbón, 40 en 2005 y 44 en 2006.
En febrero de este año, 40 personas murieron en dos explosiones, una en Sardinata, en el nororiental departamento Norte de Santander, y otra en Gámeza, Boyacá, en el centro-este.
La cantidad de accidentes podría superar las estadísticas del ministerio.
"Se calculan dos accidentes diarios, la mayoría no reportados por temor a la suspensión de las minas y la consecuente ausencia de recursos económicos", sobre todo "en el caso de los mineros de pequeña escala", dijo a IPS Tatiana Roa, directora de la organización no gubernamental Censat – Agua Viva.
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"En los mismos días de los accidentes en Santander y Boyacá, ocurrieron otros dos que no lograron eco en los medios", aseguró a IPS el abogado Francisco Ramírez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares.
Las razones de las explosiones en Sardinata y Gámeza siguen bajo investigación del estatal Instituto Colombiano de Geología y Minería, que ya determinó la ilegalidad del socavón boyacense.
En igual condición se encuentran una cantidad no determinada de minas de carbón, admitió el ministro del sector, Hernán Martínez, ante el consejo comunal del 24 de febrero en el municipio minero de Ubaté, 112 kilómetros al noreste de Bogotá, en Cundinamarca.
La ausencia de estadísticas confiables impide saber cuántas personas laboran en los yacimientos, incluidas las menores de 18 años.
"La tradición de la exploración carbonífera de pequeña escala en el centro del país, el crecimiento del precio internacional (del mineral) y la necesidad de ingresos de los mineros pobres motivan la exploración ilegal con participación de niños y jóvenes en los socavones, dado que la estrechez de la mina muchas veces imposibilita el ingreso de adultos", explicó Roa.
Las mujeres, siguiendo creencias ancestrales, no ingresan a los socavones. "Se afirma que las traen malos augurios", por lo que "se encargan de la alimentación de los trabajadores, oficios domésticos y el cuidado de las huertas", agregó.
La Organización Internacional del Trabajo y la oficina en Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han desarrollado jornadas educativas sobre el peligro que corren los niños que trabajan en las minas, en especial en Boyacá, donde es más fuerte la tradición de la minería de socavón.
"Esto ha ido cambiando con el tiempo de manera favorable. En donde hay escuelas, (los niños) asisten a una jornada y trabajan en la mina en la otra", dijo Ramírez.
"Voy a la escuela por la mañana y a la mina cuando no tengo tarea… y cuando me pagan", dice a IPS Roberto Morales, de 11 años, en el casco urbano de Ubaté.
"Yo les ayudo a mis papás los fines de semana", agrega su hermano Miguel, de nueve años.
El trabajo infantil "se relaciona con la idiosincrasia de la región. En Boyacá existe una tradición de unidad familiar muy fuerte, mientras en (la norteña) Antioquia, por ejemplo, prevalece el deseo de ingresos", explicó Roa.
Pero en todo el país "la minería de socavón está desprotegida" agregó Ramírez.
En 2001 se expidió el Código de Minas o Ley 685 para fomentar la actividad, y en 2004 el gobierno de Álvaro Uribe liquidó la estatal Empresa Nacional Minera (Minercol) encargada además de desarrollar las políticas del sector.
Estos pasos "suprimieron casi por completo las medidas de seguridad de los trabajadores y favorecieron la intervención internacional", continuó Ramírez.
"En Minercol impulsábamos tareas de prevención. Teníamos una unidad de rescate, zonas de entrenamiento e invitábamos expertos polacos para que entrenaran a nuestros funcionarios en salvamento", dijo el sindicalista.
Colombia posee las mayores reservas carboníferas de América Latina y ocupa el quinto puesto mundial en exportación de carbón térmico, de gran pureza pues contiene menos de uno por ciento de azufre.
Este mineral se utiliza sobre todo para la generación térmica de electricidad, compitiendo en el mercado internacional con los combustibles refinados del petróleo, el gas natural y la leña.
En el extremo norte, en La Guajira, está emplazado el complejo minero a cielo abierto más grande del mundo, Carbones El Cerrejón, con una extensión de 69.000 hectáreas y una producción diaria de 80.000 toneladas del mineral.
Propiedad de las compañías transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore —de capitales británicos, australianos, estadounidenses y suizos—, sus ingresos fueron el año pasado 15 por ciento mayores que en 2005.
Al sur de La Guajira, el departamento del Cesar también posee grandes extensiones carboníferas que explota la estadounidense Drummond.
En estos departamentos se concentra 83 por ciento de la riqueza carbonífera colombiana. Allí se aplica una tecnología que remueve la capa vegetal y perfora tierra y roca hasta lograr la profundidad necesaria.
El resto de los yacimientos de carbón están diseminados en gran parte del territorio, en especial en las cordilleras occidental y oriental que cruzan el país de sur a norte.
Allí la explotación se hace en socavones de hasta 600 metros de profundidad, en la mayoría de los casos sin condiciones apropiadas de seguridad por la falta de controles estatales y de recursos de los pequeños mineros para invertir en maquinaria y equipos que miden la acumulación de gases culpables de las explosiones.
Los trabajadores del socavón o de minas a cielo abierto son proclives a enfermedades respiratorias por la continua aspiración de gases o de polvillo. Otros males habituales son los hongos en la piel y problemas en la columna causados por el esfuerzo físico, como la hernia de disco.
Los contratos laborales son temporales. En el mejor de los casos, la cobertura de salud sólo rige durante el periodo de la contratación.
"Muchos trabajadores son contratados por lapsos de tres meses, y luego salen y por consiguiente quedan desprotegidos en asistencia en salud", afirmó Ramírez.
Los salarios no siempre superan o alcanzan el mínimo legal, que no llega a 200 dólares. Pero, otra vez por falta de estadísticas, no se puede saber cuántos están en esa situación.
