En los años 90 se generalizó en América Latina la incorporación de mecanismos constitucionales de participación directa. Pero éstos se aplican de manera desnaturalizada, esporádica y a veces perversa, según expertos.
Consultas populares, referendos, iniciativas ciudadanas, revocatorias de mandato son ya instrumentos al alcance del público de la mayoría de países latinoamericanos.
¿Respondieron estos instrumentos a las expectativas de mayor participación? La respuesta es compleja porque la diversidad de las experiencias es enorme, observan los estudiosos.
El balance sobre la utilización de estos dispositivos fue el eje de la Conferencia Internacional sobre Democracia Directa en América latina, realizado en Buenos Aires los días 14 y 15 con la participación de académicos de la región y de Canadá, España, Italia y Suiza.
La reunión fue convocada por la organización intergubernamental IDEA (siglas en inglés del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral), con sede en Suecia, como preparación para la primera Conferencia Mundial sobre Democracia Directa que se realizará en mayo de 2008 en Lucerna, Suiza.
En la organización participaron además la Universidad de Ginebra, la argentina Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Subsecretaría de Gestión Pública de este país.
La gestora del proyecto global de IDEA, Virginia Beramendi, dijo a IPS que la convocatoria "no busca promover estos mecanismos en particular sino estudiar estas prácticas y sacar lecciones sobre su diseño en los diversos contextos".
Una reunión similar se realizó recientemente en África y en Asia.
En los últimos años, hubo consultas ciudadanas sobre desarme (Brasil), el manejo de los recursos naturales (Bolivia), la política de privatizaciones (Uruguay), y hasta uno sobre la permanencia en el cargo de un presidente (Venezuela).
Las experiencias —o la falta de ellas— en la región mostraron una realidad que, en general, es muy distinta a la de Suiza, donde estos mecanismos tienen una tradición de más de un siglo de práctica eficiente, según destacó el embajador de ese país en Argentina, Daniel Von Muralt, en la apertura de la conferencia.
Daniel Zovatto, representante de IDEA en América Latina, observó que en países donde las instituciones no son sólidas, estas herramientas "se prestan a un uso perverso, alejado de las buenas intenciones que les dieron origen".
Eso podría estar erosionando la participación a través de estos canales, advirtió.
La transición a la democracia en América Latina muestra dos etapas, señaló Zovatto, doctorado en Ciencias Políticas en Argentina.
En los años 80 hubo avances en la materia, aunque fue una década perdida en lo económico. En los 90 hubo un periodo de crisis de representación y descontento con la política, remarcó.
Esa crisis de credibilidad intentó ser subsanada mediante reformas que abrieron la puerta a mecanismos de participación directa a fin de mantener la estabilidad de los sistemas políticos, pero con resultados muy diversos, describió el académico.
"En América Latina, una misma herramienta puede promover la participación o la delegación de funciones en el Poder Ejecutivo", alertó la doctora en ciencias sociales uruguaya Alicia Lissidini, de la UNSAM, al presentar su trabajo titulado.
Según un trabajo de Lissidini titulado "Democracia directa en América Latina: entre la participación y la delegación", estos mecanismos de participación —que ya existían en Colombia, Chile y Uruguay— se generalizaron en los últimos 15 años, pero emergen en contextos políticos muy diferentes entre sí.
"Sólo en Bolivia se incorporaron por demanda de la sociedad" en 2004, apuntó.
En diálogo con IPS, la experta sostuvo que estos mecanismos "están vivos" y "van a seguir teniendo la centralidad que adquirieron en los 90" por causas positivas y negativas.
Entre las primeras destacó la "mayor autonomía de las organizaciones sociales" y entre las segundas "el rechazo a los partidos políticos" como mediadores.
"Estos dispositivos son útiles para poner en la agenda pública asuntos controvertidos, como por ejemplo la despenalización del aborto, y para obligar a las elites políticas a debatir temas que de otra forma preferirían no abordar", remarcó Lissidini.
Pero, añadió, "el riesgo es el uso" de estos mecanismos "por parte del Poder Ejecutivo", que se da en al menos siete países, y que desnaturaliza el sentido de la práctica.
En su presentación, la académica señaló que en Argentina y Perú los mecanismos se incorporaron a mediados de los 90 en el marco de reformas constitucionales realizadas con la intención de introducir la reelección presidencial. Eran contextos de "escasa movilización social", recordó.
Probablemente como consecuencia de esa falla de origen, estas herramientas tienen escasa difusión en esos dos países y se aplicaron de forma muy esporádica a nivel nacional, concluyeron otros expertos en la reunión, como el argentino Emilio Laferriere, de la Universidad de Buenos Aires.
En Chile y Paraguay se da la paradoja de que estos mecanismos diseñados para expandir los límites de la democracia representativa fueron un recurso de las dictaduras.
De hecho, el plebiscito que convocó el 1988 el entonces dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y en el que resultó derrotado marcó el principio del fin de su régimen de 17 años.
Esa apelación desde el autoritarismo podría explicar la nula utilización de estas herramientas a partir de 1990, cuando se recupera la democracia, explicó el chileno Marcel Gonnet Wainmayer en un trabajo realizado para esta conferencia.
Uruguay es el país de mayor experiencia en instrumentos de democracia directa. De acuerdo con un trabajo presentado por el experto David Altman, de la Universidad Católica de Chile, este pequeño país sudamericano incorporó los mecanismos por primera vez en 1934 y luego los fue ampliando y mejorando.
Lissidini aludió especialmente al plebiscito uruguayo de 1989, que frenó los juicios contra militares acusados de violar los derechos humanos, y consideró que a partir de esa experiencia comenzó una etapa "contestataria" de referendos para impedir privatizaciones o para frenar una baja en las jubilaciones.
"Hasta los 90, los plebiscitos en Uruguay eran usados por los partidos políticos para dirimir diferencias, inclusive diferencias internas. Pero en los últimos años eso cambió, y ahora los políticos suelen" adherir a esas consultas sólo "después que el tema fue lanzado por el movimiento social", explicó.
En el caso de Venezuela, el contexto en el que se incorporan estos mecanismos es el del ascenso del presidente Hugo Chávez en 1999.
La experta consideró que la reforma constitucional de ese año, que sumó los dispositivos de democracia directa, fue quizás la más ambiciosa de todas las vigentes en la región.
La constitución venezolana es la única en América Latina que prevé la revocatoria del mandato presidencial, es una de las pocas que incluyó la obligatoriedad de someter a referendo cada enmienda o reforma constitucional, y la menos restrictiva para fijar el umbral de votos necesarios para introducir cambios.
Sin embargo, esta reforma, convocada para ampliar la participación, se puso en marcha en un contexto que permitió aumentar las facultades del presidente, en desmedro de otros poderes del Estado como el Legislativo, alerto Lissidini.
El mandatario tiene ahora el poder de convocar a un referendo, incluso para anular una ley vigente.
