«Ya no se puede confiar en nadie. Esta barca se hunde», comentó Julio Mónico, un jubilado salvadoreño. Se refería a la firma del narcotráfico, evidente en el asesinato en Guatemala de tres diputados salvadoreños y el de cuatro policías presos por ese crimen.
¿En quién puede confiar la ciudadanía, si instituciones del Estado, y particularmente las encargadas de la seguridad pública, han sido penetradas por el narcotráfico?
Funcionarios del gobierno de El Salvador, políticos de derecha y la mayoría de la prensa han presentado las dos matanzas como evidencia del grado de penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado guatemalteco.
Pero analistas y líderes religiosos aseguran que El Salvador está igualmente socavado por este flagelo.
Las acusaciones de las autoridades salvadoreñas han causado cierta crispación en funcionarios guatemaltecos, que vinculan el asesinato de los diputados con el narcotráfico.
Para la investigadora social Jeannette Aguilar, del jesuita Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), estos asesinatos evidencian que el crimen organizado es un fenómeno regional, y que se ha enquistado en varios estados y estructuras de poder político y económico de América Central.
"Se sabe de relaciones del narcotráfico con funcionarios del Estado", aseguró Aguilar a IPS, quien sostuvo que El Salvador no está para nada exento de este flagelo.
"Si somos honestos, deberíamos poner nuestras barbas en remojo porque vamos por el mismo camino", aunque en El Salvador no haya "un reconocimiento abierto de que el crimen organizado está operando con toda impunidad", afirmó.
"Pero aquí cada vez más hay visos del crimen organizado y su vinculación con funcionarios del Estado", advirtió.
Eduardo D'Aubuisson, de 32 años, William Pichinte, de 49, y José Ramón González, de 57, miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y de la gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fueron asesinados el 19 de febrero junto con su chofer.
Cuando se trasladaban desde su país a la capital de Guatemala para asistir a la sesión mensual del Parlacen, el automóvil en que viajaban fue interceptado en las afueras de la ciudad por una unidad del departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil (PNC).
Después de retenerlos durante varias horas, los agentes condujeron a los legisladores y al chofer, el policía salvadoreño Gerardo Ramírez, a una finca ubicada en carretera hacia El Salvador.
Allí los ejecutaron, al parecer con fusiles M-16 y AK-47, y luego quemaron los cuerpos dentro de su vehículo.
Antes de ser interceptados, D'Aubuisson, Pichinte, González y el agente Ramírez habían dejado por propia voluntad, inexplicablemente, una caravana formada por cuatro vehículos en los que viajaban otros diputados y dos unidades policiales que los custodiaban desde que cruzaron la frontera.
Dos días después del crimen, autoridades guatemaltecas capturaron a los cuatro policías y luego los enviaron a la cárcel de máxima seguridad El Boquerón.
El 25 de febrero, un comando armado degolló y ametralló a los policías dentro de sus celdas, sin que, según la versión oficial, los vigilantes se percataran de su ingreso en el penal, a pesar de que atravesaron varias puertas internas.
El presidente guatemalteco Oscar Berger declaró entonces que el crimen de los diputados estaba relacionado con el narcotráfico. Pero las autoridades salvadoreñas aseguran que los diputados asesinados no tienen ningún vínculo con esa actividad. Un vídeo grabado desde un semáforo muestra a los policías antes del crimen buscando dentro del vehículo de los parlamentarios.
Un alto oficial de la policía guatemalteca declaró al periódico Siglo XXI, de Guatemala, sin revelar su nombre, que existen "vínculos con una organización del narcotráfico conformada por guatemaltecos y salvadoreños, entre ellos, un contacto de mucho peso político y económico" en El Salvador, desde donde se habría ordenado el asesinato.
El arzobispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, se mostró sorprendido de que las autoridades salvadoreñas hayan desacreditado "de entrada la conexión salvadoreña" en el crimen, y sostuvo que en el intento dejaron al descubierto contradicciones que sugieren el propósito de ocultar algo.
En El Salvador "no hubo una política de buscar la verdad, sobre todo en relación al crimen organizado", dijo el religioso a IPS. "Si no logramos ir más lejos" en la investigación, se agrava "el peligro para el futuro del país y la región", agregó
"Espero que seamos concientes de que debemos llegar al fondo, no por sed de venganza si no por ponerle bases al futuro", advirtió.
La investigadora Aguilar atribuyó los crímenes en Guatemala al incumplimiento por parte de los gobiernos de disposiciones sobre seguridad pública y justicia, establecidos en los acuerdos de paz que pusieron fin en los años 90 a extensas guerras civiles en los dos países.
"Los niveles de corrupción e impunidad han desbordado a la sociedad y el Estado, por falta de aplicación de la ley y de los mecanismos constitucionales", manifestó Aguilar, quien asegura que el terrorismo y las pandillas no son las mayores amenazas para seguridad de la región.
Para ella, se trata del "crimen organizado bajo la protección del Estado", que permitió proliferar en toda América Central al narcotráfico, el tráfico de personas y de armas, la explotación sexual comercial y el tráfico de armas.
El acuerdo de paz de El Salvador, firmado en 1992, estableció la creación de una nueva Policía Nacional Civil apegada a una doctrina de servicio a la comunidad y de respeto a los derechos humanos.
Pero Arena, que gobierna desde 1989, y sus aliados en el parlamento realizaron varias reformas a la ley orgánica de ese cuerpo policial, que, según Aguilar, propiciaron el abandono de aquellos principios y alentaron la descomposición y corrupción del cuerpo de seguridad.
"Se trata de una metástasis" que conducirá a "la inestabilidad política y la convulsión social", advirtió la investigadora.
