El Día Mundial del Agua estará marcado en Ecuador por protestas contra la privatización, la construcción de represas y la explotación minera, y la campaña para incluir en la futura constitución el acceso al recurso como un derecho humano fundamental.
Activistas ven como una victoria la suspensión del proceso de privatización del servicio de agua potable en Quito, decidida la semana pasada por el alcalde Paco Moncayo.
El proceso de concesión, iniciado en 2004, fue divulgado y criticado por la revista quiteña Tintají que, junto a organizaciones sociales e indígenas, conformó la coalición destinada a combatirlo.
Luego de varias movilizaciones, el gobierno municipal suspendió temporalmente la licitación pública, cuyo llamado se había realizado a comienzos del año pasado a través de los diarios más importantes, y la semana pasada descartó la privatización.
"Los argumentos de la Coalición en Defensa del Agua fueron sólidos. Después de varias reuniones, se hicieron las evaluaciones que demostraron que la concesión era innecesaria", dijo Moncayo.
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Según Rosa Rodríguez, de la Coalición por la Defensa del Agua, solo se ganó una batalla.
"Tenemos información de que se está iniciando la concesión del servicio de agua potable en una zona rural de Quito, así como en otros lugares del país. Por eso, la Asamblea Constituyente que se instalará en pocos meses debe redactar una constitución en la que se declare el acceso al agua como un derecho humano fundamental y se prohíba su privatización", dijo la activista a IPS.
El 15 de abril, los ciudadanos de Ecuador deberán elegir en las urnas a los constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna.
"Es necesario terminar con la propuesta de los gobiernos neoliberales que consideraban el agua como una mercancía más. El agua es fuente de vida y el Estado puede y debe garantizar una gestión sustentable de este bien público", agregó.
Mientras organizaban la privatización, las autoridades de la municipal Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable – Quito (Emaap-Q) ocultaron la presencia de grandes concentraciones arsénico en el agua de algunos barrios rurales de la ciudad en los que habitan cerca de 60.000 personas.
Dos empleados de la empresa que analizaron el líquido reclamaron a las autoridades que tomaran medidas para remediar la contaminación a comienzos de 2006. Por su insistencia fueron despedidos. Seis meses después, cuando el hecho se hizo público, la dirección de la Emaap-Q exhortó a la población de esas zonas a no utilizar el agua corriente para beber.
Si bien las autoridades se comprometieron a buscar una solución cambiando las fuentes de agua de esos barrios por otras no contaminadas, la situación permanece sin cambios.
En el último año, las movilizaciones por el agua se hicieron intensas en distintas zonas del país donde se construyen o proyectan represas hidroeléctricas.
En la centro-occidental provincia de Los Ríos, la planificada represa Baba —destinada a la generación eléctrica y al trasvase de agua hacia otras zonas agrícolas— ha provocado un conflicto con las comunidades de agricultores locales que se oponen a la obra.
Para la organización Agua, Tierra y Vida, vinculada a los campesinos afectados, el cometido de la represa es desviar recursos hídricos de Los Ríos hacia la zona de latifundios agroindustriales de la vecina provincia de Guayas, donde existen grandes propiedades de sectores empresariales de Guayaquil.
El "propósito oculto" detrás de esta construcción "es la privatización del agua, y eso no lo vamos a permitir: el agua es para todas y todos", señaló la organización en un comunicado.
Los campesinos llevan más de un año protagonizado protestas, por momentos duramente reprimidas por la policía, pero han logrado que el Ministerio del Ambiente no conceda aún la licencia ambiental para iniciar los trabajos.
En la norteña provincia del Carchi, la empresa estadounidense Current Energy obtuvo del Consejo Nacional de Recursos Hídricos la concesión por 50 años del río Apaqui para construir una central hidroeléctrica.
Los agricultores de la zona se quejan de que ya no tendrán libre acceso al río, de donde se proveen de irrigación y de agua para los caseríos cercanos y afirman que los proyectos hidroeléctricos deben respetar "la provisión de agua potable y de riego", así como la biodiversidad, y tienen que "aportar beneficios para las comunidades que prestan sus aguas para la producción energética".
El de Apaqui es el primero de 19 proyectos hidroeléctricos programados en varios ríos de Carchi.
"La energía se ha vuelto un comercio redondo de las compañías transnacionales que se adueñan de todas las cuencas hídricas de los países del tercer mundo, privatizando el agua, y ha generado ya en nuestro país graves problemas sociales, enfrentamientos y daños ecológicos", dijo a IPS el activista Ricardo Buitrón, de la organización ambientalista Acción Ecológica.
La crisis causada por la escasez de agua, su mala administración y los problemas de saneamiento en todo el mundo siguen constituyendo serios obstáculos para alcanzar en 2015 los Objetivos de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas para el Milenio.
Uno de esos objetivos, adoptados por la comunidad internacional en 2000, obliga a reducir a la mitad la proporción de población sin acceso a agua potable.
En la provincia amazónica de Morona Santiago, sudeste del país, existe un conflicto similar desde agosto de 2006, cuando organizaciones sociales y comunidades realizaron un paro provincial de cinco días en rechazo a la segunda etapa del Proyecto Hidroeléctrico Hidroabanico y de megaproyectos mineros en la zona.
La campaña contra Hidroabanico fue asumida por la no gubernamental Asamblea Provincial por la Defensa de la Vida, la Naturaleza y la Soberanía Nacional.
Hidroabanico está relacionada con la empresa minera canadiense Corriente Resources y con su subsidiaria EcuaCorriente, con la cual firmó una carta de intención para la venta de energía en marzo de 2006.
Las actividades de Hidroabanico, cuya primera etapa ya produce energía, y de EcuaCorriente afectan las fuentes de agua de los indígenas shuar.
Según Buitrón, la Constitución de 1998 abrió las puertas a un proceso de creciente control privado de los recursos hídricos, al establecer que el uso y aprovechamiento del agua "corresponderá al Estado o a quienes obtengan estos derechos".
El artículo 249 de la Carta Magna establece que el agua potable y de riego así como los servicios relacionados con su utilización son responsabilidad del Estado, que "podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual".
Organizaciones sociales, ambientalistas, indígenas y campesinas promueven que la nueva constitución modifique el articulado para determinar que "el agua es un bien esencial para la vida", y que el acceso al agua potable y al saneamiento "constituyen derechos humanos fundamentales".
La campaña no gubernamental propone además que las aguas superficiales y subterráneas sean de dominio estatal y que los servicios de riego, agua potable y saneamiento sean prestados exclusiva y directamente por el Estado.
Este jueves 22, Día Mundial del Agua, estos movimientos realizarán una marcha en Quito como cierre de las actividades especiales organizadas durante la semana.
