La flamante amnistía a señores de la guerra de Afganistán, acusados de graves crímenes, deja en brumas dos décadas de violaciones de derechos humanos contra la población de este país.
Presionado por sus aliados en el gobierno, el presidente Hamid Karzai promulgó una versión enmendada del controvertido proyecto de Ley de Estabilidad Nacional y Reconciliación, aprobado por el parlamento.
La Meshrano Jirga (Consejo de Ancianos, cámara alta parlamentaria), aprobó el proyecto por 50 votos contra 16 el 20 de febrero, tres semanas después de la votación de la Wolesi Jirga (Consejo Popular, cámara baja).
La iniciativa desató una ola de críticas en el ámbito local e internacional, pero Karzai hizo oídos sordos y ratificó la norma.
La versión avalada por el presidente reconoce el derecho de las víctimas a que se haga justicia, pero sólo a través de un juicio en reclamo de indemnización a los responsables.
La amnistía no se aplica a quienes son investigados por atentar contra la seguridad del país. Pero les ofrece una reducción de la pena si se acogen a un programa de reconciliación nacional.
El derecho internacional prohíbe amnistiar a los responsables de genocidio o crímenes de guerra.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió al gobierno afgano que una ley que impida el procesamiento de los culpables fortalece la cultura de la impunidad y viola derechos fundamentales de las víctimas.
Varias voces independientes pusieron en duda la autoridad del parlamento para aprobar una norma que socava el derecho básico de los ciudadanos a una reparación legal por esos sufrimientos.
Para los detractores de la ley, la amnistía atenta contra la Constitución afgana y, por lo tanto, es ilegal.
Hace un mes, los señores de la guerra y líderes de diversas facciones reunieron a miles de seguidores en el estadio Ghazi, de Kabul, escenario de las peores atrocidades del movimiento islamista Talibán, que dominó el país entre 1996 y 2001.
Su intención era presionar a Karzai para que promulgara la ley aprobada por las cámaras parlamentarias.
Los implicados reclamaron al gobierno afgano que apoyara sus reclamos de perdón y reconciliación por los crímenes del pasado.
Según diversas versiones periodísticas, a la manifestación acudieron muy pocos habitantes de Kabul, ciudad que sufrió mucho a causa de los enfrentamientos entre facciones de principios de la década del 90.
Los manifestantes formularon abiertamente amenazas a periodistas independientes y a organizaciones de derechos humanos.
El portavoz de la presidencia había declarado en enero que ninguna norma aprobada por el parlamento que contradijera la Constitución sería promulgada.
Pero, a su vez, Karzai contradijo públicamente a su portavoz declarando que se asesoraría con expertos en derecho antes de promulgar la norma.
La versión modificada de la ley no sólo viola la Constitución, sino que también socava el Plan de Acción de Reconciliación y Justicia lanzado en diciembre por Karzai en medio de una crisis de lágrimas y llantos.
El 10 de diciembre, el emocionado presidente responsabilizó a las tropas extranjeras y al "terrorismo alentado por Pakistán" del sufrimiento padecido por su pueblo.
Pero se olvidó de derramar una lágrima por el dolor que él mismo causó al permitir que violadores de derechos humanos mantuvieran e incluso aumentaran su poder en Afganistán en los últimos cinco años.
Karzai anunció su perdón por los crímenes del pasado a cambio del respaldo de los líderes acusados a la nueva dirección política del país.
La población afgana emitió su juicio respecto de los criminales de guerra. La gente dejó bien claro que no hay perdón para quienes derramaron la sangre de innumerables inocentes.
El espacio otorgado a quienes condujeron el país con mano dura en las últimas tres décadas puede haber sido conveniente para Karzai, pero el resultado fue la falta de justicia y la negación de un espacio para que surjan nuevas generaciones de líderes, sin sangre en sus manos.
El presidente tiene razón cuando dice que los afganos sufren mucho a causa de la influencia extranjera, pero sufren lo mismo, sino más, por el peso que ejercen sus conciudadanos cuyas acciones siguen horrorizando a esta nación.
Este país no podrá sanar sus heridas, reconstruirse y seguir adelante a menos que repare las injusticias del pasado y evite que quienes detentan una posición de poder generen más violencia.
Un nuevo comienzo sería eliminar del gobierno a todos aquellos con probados antecedentes de violar los derechos humanos e iniciar un proceso genuino de reconciliación y verdad.
* Este informe se publica por convenio entre IPS y el grupo de medios de comunicación privados de Afganistán The Killid Media Group.
(FIN/IPS/traen-vf-mj/an/rdr/ap ip hd/07)
