Tras un estancamiento de más de seis meses, la Asamblea Constituyente de Bolivia se prepara ahora para una sostenida batalla por la definición del nuevo Estado, las autonomías y otros temas que dividen a los 9,6 millones de habitantes del país. Pero no tiene mucho tiempo.
Las discusiones sobre la forma de aprobación de los artículos de la nueva carta magna terminaron la semana pasada con un acuerdo entre el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición, que combina las modalidades de sanción por mayoría absoluta y por dos tercios de los asambleístas.
También se abre la posibilidad de consultar la opinión popular mediante un referéndum sobre los temas que no logren consenso en la Constituyente.
Desde 1990, grupos indígenas del oriente del país y organizaciones civiles impulsaron la convocatoria de una Constituyente que acabara con la exclusión social, modificara las políticas estatales en materia económica y recuperara los recursos naturales privatizados en 21 años de gobiernos democráticos bajo un esquema de reformas estructurales dictadas por organismos multilaterales de crédito.
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El presidente izquierdista Evo Morales recogió estas iniciativas surgidas de los sectores sociales marginados y las convirtió en su propuesta electoral que le permitió ganar las elecciones generales del 18 de diciembre de 2005, con el 53,7 por ciento de los votos emitidos.
Mientras que en la región occidental, de altas planicies y cordilleras bajo dominio aymara y quechua, surgen movimientos por la recuperación de los recursos naturales, como el gas, en la regiones progresistas del oriente y del sur se promueven la autonomía departamental y la independencia administrativa, aunque esto despierta en algunos sectores el temor a una división del país alentada por grupos radicales.
El MAS refleja el pensamiento de la región occidental, al cual se agregan valores indígenas que son resistidos por líderes de los orientales departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y de la sureña Tarija, todos partidarios de una autogestión que permita el uso independiente de los recursos financieros generados por las riquezas naturales en su área de influencia.
El miércoles 14, los oficialistas, corrientes afines y opositores aprobaron un reglamento que aplicará la mayoría absoluta de votos en las comisiones y plenarias para aprobar las propuestas de reforma constitucional, mientras que en la fase final de revisión y detalles de redacción de los artículos se adoptará la sanción por dos tercios de los representantes.
Esta mecánica estará vigente hasta el 2 de julio, y los artículos que no hallen el consenso y la aprobación de los asambleístas pasarán a conformar una lista de temas que serán dirimidos por los electores en un referéndum, aunque las normas aprobadas hasta la fecha no señalan el número límite de preguntas que deberían responder los ciudadanos.
La ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente concede el plazo de un año calendario para las sesiones y la aprobación de la nueva Constitución que deberá ser sometida a consideración de los electores. Esto quiere decir que a los legisladores les queda menos de seis meses para reformar el país.
La agenda tendrá como temas centrales la definición del modelo de Estado, la forma de autonomía aprobada por cuatro departamentos en elecciones celebradas en julio pasado —y rechazada por otros cinco—, y la propiedad de las tierras agrícolas.
Una propuesta oficialista que incluye la división política del país en 36 territorios según etnias y el reconocimiento a la "plurinacionalidad" estará enfrentada a las autonomías departamentales reclamadas por el oriente y el sur.
También se debatirán propuestas para ampliar el mandato del presidente Morales y para despenalizar el cultivo de coca. En la región del Chapare, del central departamento de Cochabamba, hay unas 10.000 hectáreas sin aval legal.
El asambleísta de la derechista agrupación ciudadana Poder Democrático y Social (Podemos), José Antonio Aruquipa, dijo a IPS que habrá un debate intenso bajo una polarización ideológica que afectará a las libertades civiles.
Aruquipa anunció que su agrupación propondrá un Estado democrático y social de Derecho, descentralizado y con autonomías que garanticen la unidad territorial y la solidaridad, y que terminen con la exclusión económica.
La visión de Podemos es contraria al modelo de país centralista, orientado a monopolizar el poder y limitar las libertades de los ciudadanos defendido por el MAS, dijo el representante.
Un Estado dividido en 36 naciones indígenas bajo un modelo socialista y comunitario puede afectar a la unidad territorial, alertó.
En abril y mayo se presentarán las propuestas de modelos de autonomías. Por el momento hay tres: la autonomía departamental, impulsada por Santa Cruz, y las autonomías indígenas y regionales, defendidas por el gobierno, explicó a IPS el analista en temas de descentralización Mario Galindo.
De estas, sólo la propuesta de autonomía departamental se basa en estudios sobre métodos de gestión financiera y territorial, y puede resumirse como un proyecto de organización política y administrativa, explicó Galindo.
La autonomía indígena es defendida por los aymara, y está basada en un pacto territorial entre los pueblos originarios, aunque entre estos aún existen discrepancias sobre las formas de división: las llamadas tierras comunitarias de origen, los "ayllus" (grupos comunitarios aymaras), los municipios o las provincias.
Mientras, la autonomía regional es solamente una división política en función de los 36 grupos aborígenes identificados en el país, dijo el analista.
En su opinión, en algunos departamentos con población multiétnica, como el occidental de La Paz, es posible adoptar un modelo flexible que combine las autonomías basadas en municipios, concejos de "ayllus" y comunidades.
Ante la proximidad de los debates públicos sobre la Constitución, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz hizo un llamado a la "intransigente defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la preservación del secreto profesional".
