La presión de los habitantes de Camiri forzó al gobierno boliviano de Evo Morales a apresurar cambios en la nacionalización petrolera, con un costo social de 12 personas heridas y una pérdida de medio millón de dólares por la suspensión del suministro de carburantes a varias ciudades.
En la madrugada de este lunes, octavo día de una huelga general y por tiempo indeterminado que cerró el tránsito desde el sur boliviano hasta la frontera argentina, una comisión gubernamental y dirigentes del Comité Cívico de Camiri, 1.000 kilómetros al sudeste de La Paz, firmaron un acuerdo para establecer allí una gerencia de operaciones de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La medida es apenas el principio de una refundación de YPFB, como parte del proceso de nacionalización del petróleo decretado el 1 de mayo de 2006 por el gobierno izquierdista de Morales.
Pero el acuerdo llegó tras la huelga, el cierre de válvulas que dejó sin combustibles a varias ciudades durante 15 horas y una violenta intervención militar dispuesta el sábado por el gobierno de Morales para reanudar el suministro y que terminó con 12 personas heridas.
"Hemos perforado la política de hidrocarburos que privilegia a las transnacionales y dimos un pequeño paso, frente a 2.000 soldados, para comenzar una verdadera y real nacionalización de los hidrocarburos", dijo a IPS el periodista y vicepresidente del comité de huelga de Camiri, Mirko Orgaz.
[related_articles]
"Se ha caído la política de nacionalización que se resumía solamente en una modificación de contratos" con las petroleras extranjeras, sostuvo el dirigente.
El viceministro de Movimientos Sociales y ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Sacha Llorenti, informó a IPS que las concesiones otorgadas en las dificultosas negociaciones, y tras el enfrentamiento de militares y policías con la población civil, superaron los pedidos de los huelguistas.
A media mañana de este lunes, los manifestantes retiraron piedras y troncos de la vía principal que pasa por Camiri, donde 200 camiones y cientos de pasajeros permanecían detenidos desde el lunes 29 de enero.
El modelo gubernamental de refundación de YPFB comprendía la organización de un ente concentrado en La Paz, pero el acuerdo de esta madrugada determina la creación de una gerencia nacional de exploración y explotación en Camiri, centro petrolero desde 1927, cuando fue descubierto un campo con grandes reservas de crudo.
Camiri está incluida en la zona subandina de la provincia Cordillera, parte del oriental departamento de Santa Cruz, donde se hallan las mayores riquezas de petróleo, y próxima a otros yacimientos de los sureños departamentos de Chuquisaca y Tarija que en conjunto guardan 48 trillones de pies cúbicos de gas natural, la segunda reserva más importante de América del Sur, después de Venezuela.
A fuerza de marchas y protestas, los manifestantes lograron que el gobierno aceptara llevar a la práctica la industrialización estatal del petróleo, uno de los propósitos mencionados en el discurso habitual de Morales.
En virtud de lo acordado, en la zona se instalará una planta separadora de líquidos y gas con una inversión de 100 millones de dólares y la creación de 500 empleos, que no estaba prevista en el programa energético del gobierno.
Llorente y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas, se comprometieron a acelerar la recuperación de las refinerías instaladas en Cochabamba y Santa Cruz, centro del país, que fueron construidas y son administradas por la empresa brasileña Petrobras, mediante la compra de acciones.
Los dirigentes cívicos reclaman la compra de las refinerías como único camino para garantizar el abastecimiento de productos derivados del petróleo a la población nacional.
La comisión negociadora gubernamental también ratificó la recuperación de las empresas Chaco y Andina, que pertenecieron hasta los años 90 a la estatal YFPB y fueron transferidas a inversionistas privados. Con la compra de acciones de ambas compañías, el Estado también podrá recuperar varios yacimientos de menor capacidad.
Esos campos marginales funcionarán desde 2008 bajo administración de YPFB, y de ese modo se concretaría la recuperación de las funciones que la empresa estatal poseía y que fueron transferidas a las transnacionales en 1996, bajo un esquema privatizador denominado "capitalización" por las autoridades de entonces, expresó el presidente del comité de huelga, José Domingo Veliz.
En opinión de Orgaz, "la política de nacionalización del gobierno ha entrado en crisis porque la nueva propuesta conduce a una efectiva transformación de YPFB", que ahora se limita a administrar los contratos con las empresas extranjeras, a una empresa operativa con las funciones de exploración, explotación, refinación y comercio de los carburantes, "sin intermediarios".
Con la creación de la gerencia operativa en Camiri, la instalación de la planta separadora en la región y la recuperación de campos marginales y refinerías, el objetivo de materializar una YPFB fortalecida estará más cerca, según los dirigentes de la movilización social levantada este lunes.
El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, coincidió con los objetivos trazados por el Comité Cívico de Camiri y afirmó que el gobierno se encamina a conformar una empresa operativa.
El gobierno de Morales no ha conseguido refundar YPFB por falta de recursos financieros y por discrepancias internas que determinaron la renuncia del primer ministro del ramo del gabinete, el abogado y periodista Andrés Soliz Rada, y de los presidentes de la empresa estatal Jorge Alvarado y Juan Carlos Ortiz.
El 28 de octubre, 12 empresas extranjeras aceptaron modificar 44 contratos con el gobierno boliviano, y ese cambio en las reglas de juego determinó un incremento de las obligaciones tributarias de hasta 82 por ciento en los llamados "megacampos", y un aumento de las recaudaciones anuales de 250 millones de dólares a 1.000 millones, con la perspectiva de alcanzar unos 4.000 millones de dólares en los siguientes años, según las autoridades.
La nacionalización de Morales no implicó la confiscación de los bienes de las petroleras, pero sí la declaración del petróleo y del gas natural como bienes de propiedad de los bolivianos.
El camino elegido por el gobierno mantiene a las empresas transnacionales como prestadoras de servicio de YPFB y les reconoce utilidades, diferenciadas en función de la capacidad productiva de los yacimientos.
