El Estado peruano estima que a mitad de este año la Corte Suprema de Chile resolverá el pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), acusado de crímenes de lesa humanidad, enriquecimiento ilícito y espionaje telefónico, entre otros delitos.
¿Está preparada la justicia peruana para juzgar con propiedad a Fujimori?
El 6 de febrero, la Sexta Sala Anticorrupción absolvió por "falta de pruebas" a 23 personas acusadas de haber ayudado al ex asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, a esconder millones de dólares en cuentas en Suiza.
La fiscalía había procesado a 31 personas —incluidas su esposa, Trinidad Becerra, su hija, Silvana Montesinos, y sus ex amantes, Grace Riggs y Jacqueline Beltrán— para las que pidió condenas de entre ocho y 10 años de prisión.
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El tribunal sólo sancionó a ocho, penando con tres años de prisión efectiva a los testaferros de Montesinos, los empresarios Víctor Venero y Juan Valencia, y con cuatro años de prisión suspendida (no van a la cárcel) a otros seis cómplices.
No se trataba de un proceso judicial cualquiera. Los propios magistrados lo llamaban por su importancia "El caso madre", porque se enjuició a quienes escondieron el dinero mal habido de Montesinos durante el régimen de Fujimori. El ex asesor presidencial había aceptado los cargos y recibió una condena anticipada de 10 años.
El 9 de febrero, la Cuarta Sala Anticorrupción sentenció a penas de entre tres y cuatro años de cárcel a 20 militares que participaron en operaciones de espionaje telefónico organizadas por Montesinos desde el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), con conocimiento y aprobación de Fujimori.
Pero los jefes de los espías fueron absueltos, entre ellos los ex directores del SIN, general Julio Salazar y vicealmirante Humberto Rozas, y el ex comandante de la Fuerza Aérea. Por aceptar los cargos, Montesinos recibió una condena de seis años.
Mientras el Estado peruano aguarda la resolución de su solicitud de extraditar a Fujimori, preso en Chile desde fines de 2005.
Los tribunales también se han mostrado poco severos en casos de derechos humanos.
El 14 de febrero, la Primera Sala Nacional, que sometía a proceso por desaparición forzada al ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), general Oswaldo Hanke, y al ex jefe de contrainteligencia del mismo organismo, coronel Harry Rivera, los absolvió por "falta de pruebas".
En 1988, durante el primer gobierno del actual presidente Alan García, el SIE descubrió que el subteniente del ejército peruano Marco Barrantes vendía secretos militares al agregado militar ecuatoriano Enrique Duchicela. Ambos fueron secuestrados y desaparecieron.
Los familiares de Barrantes denunciaron el caso y lograron conseguir testigos de la detención del subteniente.
En 2003, el periodista Ricardo Uceda publicó el libro "Muerte en el Pentagonito", donde aparecían testimonios de agentes del SIE, confirmando el secuestro y asesinato de Barrantes y Duchicela.
Poco antes de la sentencia de este mes, un ex agente del SIE, Jesús Sosa, entregó a la familia de Barrantes un manuscrito y un audio en los que confiesa su participación en la detención, asesinato y desaparición de Barrantes y Duchicela, por órdenes del general Hanke.
La familia entregó las evidencias al tribunal y, con el apoyo del fiscal, pidió incluir el testimonio del ex agente. Pero los jueces rechazaron el pedido y dejaron en libertad a los procesados, que se habían declarado inocentes.
El abogado de Hanke, César Nakasaki, es el mismo defensor de Fujimori.
El ex agente Sosa formó parte del grupo paramilitar "Colina", acusado de crímenes por los que la justicia peruana quiere juzgar al ex presidente.
El caso en su contra por homicidio calificado, relacionado a las operaciones ilegales de "Colina", se sustenta en testimonios de ex agentes como Jesús Sosa.
Para Francisco Soberón, coordinador de la campaña civil "Fujimori Extraditable", las tres sentencias son un mal precedente para el proceso contra el ex mandatario.
"Esas sentencias deben llamarnos la atención sobre la conducta de los magistrados frente a los casos de corrupción y delitos de lesa humanidad", dijo Soberón a IPS. "Ha habido debilidad de la justicia para castigar los casos de corrupción, y en el tema de los derechos humanos, no todas las condenas han sido ejemplares. Hay que estar alertas".
El ex procurador del caso Fujimori-Montesinos, Ronald Gamarra, también se mostró preocupado.
"Con ese tipo de condenas y absoluciones, Fujimori se va a encontrar con un sistema judicial anticorrupción muy debilitado. Si nos atenemos a las últimas tres sentencias, Fujimori no va a descartar la posibilidad de salir muy bien librado. Los precedentes son una muy mala señal", dijo Gamarra a IPS.
La investigadora de la organización internacional Human Rights Watch, María McFarland, quien ha seguido el caso de Fujimori, estima que las evidencias presentadas son contundentes.
"Hay argumentos sólidos de su responsabilidad. Así que confío en que la justicia peruana hará su parte porque la comunidad internacional estará atenta al desarrollo de los procesos judiciales. Una vez que Fujimori esté ante la justicia de su país, estaremos vigilantes para que reciba la sanción correspondiente", dijo a IPS.
Omar Chehade, jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría del caso Fujimori-Montesinos, descartó que las últimas tres sentencias influyeran sobre la decisión que debe tomar la Corte Suprema de Chile.
"Hay suficientes indicios y pruebas contra Fujimori por la violación de los derechos humanos y corrupción de funcionarios", dijo Chehade a IPS.
"Las causas son contundentes y la justicia deberá obrar de conformidad. Ahora bien, si recientes sentencias son preocupantes, entonces el Poder Judicial debe responder al llamado de atención", añadió.
"La Procuraduría debería decir algo sobre esas sentencias benignas", apuntó Gamarra. "No hay que esperar la última hora para preguntar por qué las condenas son tan bajas, y no menciono las sorprendentes absoluciones".
