La imposición de la pena capital tiene severos efectos en la familia de los ejecutados. El estigma se transmite de generación en generación.
"Van a matar a papá porque mató a alguien. Así que, cuando lo maten, ¿a quién tendremos que matar?". Esa fue la pregunta que le espetó a Christina Lawson su hija de 10 años, mientras las autoridades carcelarias del estado de Texas procedían a ejecutar a su esposo, David Martínez, en 2005.
Las ejecuciones dejan confundidos y traumatizados a los hijos e hijas de los condenados. Y a todos sus familiares.
Algunos terminan al borde de la insanía mental, señala el informe "Creating More Victims: How Executions Hurt the Families Left Behind" ("Creando más víctimas: Cómo las ejecuciones dañan a las familias que quedan atrás").
El estudio fue publicado por Familias de Víctimas de Asesinatos, por Derechos Humanos (MVFHR), organización con sede en el nororiental estado estadounidense de Massachusetts, que también representa a los seres queridos de los condenados a muerte.
[related_articles]
"Las familias de los ejecutados también son víctimas", enfatiza el informe.
El dolor de un grupo de sobrevivientes no debería ser reparado causando dolor a otro grupo de sobrevivientes. La sociedad necesita abordar el daño emocional y físico que sobreviene en esos casos.
"Debemos dejar de crear más víctimas", dijo a IPS Robert Cushing, director ejecutivo de MVFHR.
"Obviamente hay similitudes entre las experiencias de quienes quedaron atrás luego de una ejecución y aquellos que sufrieron otros tipos de pérdidas violentas, como la necesidad de hacer frente al dolor y el trauma", afirmó.
Pero las consultas efectuadas a 36 familias para el informe de MVFHR también deja en evidencia importantes diferencias, dijo.
Las familias de los ejecutados sufren "vergüenza, un aislamiento cada vez mayor y sentimientos de fracaso personal", explicó. Ellos pueden sentirse responsables por los delitos de los condenados o por no haber logrado salvarlos de la ejecución.
La educadora Janis Gay, cuyo abuelo Alex Kels fue ahorcado en 1924 en la prisión californiana de Folson de California, confirmó ese sufrimiento a IPS.
"La gente cree que la violencia termina con la ejecución. Pero no es así. Igual que con cualquier asesinato, hay una familia destruida, con el impacto adicional de que queda aplastada por la vergüenza", indicó.
La promisoria carrera de la madre de Janis Gay como escritora fue interrumpida por la depresión. Su hermano falleció por causas relacionadas con el alcoholismo. Todo contacto de los hijos y nietos de Kels con los siete hermanos y hermanas del ejecutado se rompió para siempre.
El trauma puede ser transmitido de una generación a otra.
Gay, quien dirige la organización Familias de Víctimas de Asesinatos por la Reconciliación, dice ser una de las pocas afortunadas que pudo pagarse una terapia psicoanalítica para afrontar su situación.
"Es imposible encontrar apoyo. No hay nadie con quien hablar, nadie que comprenda. A las familias de las víctimas de un crimen se les ofrece comida y asistencia psicológica antes y después de una ejecución. Pero para las familias del ejecutado no hay nada", relató.
El informe de MVHFR expone otros ejemplos de dolencias mentales sufridas por familiares de ejecutados.
Misty McWee tenía 14 años cuando supo que su padre había sido acusado de asesinato. Tenía 28 cuando se concretó la ejecución. Cerca del primer aniversario de la muerte de su padre, sumido en una profunda depresión, intentó suicidarse y fue hospitalizado.
"Sentí que la ejecución de mi padre y mi intento de suicidio estaban conectados", recordó ante los investigadores de MVFHR. "No me importaba lo que me ocurriera. Sentía que debía irme con él."
"¿Por qué nadie nos ayudó a sobrellevar esto? Cuando ingresábamos al recinto judicial, los presentes nos dirigían miradas de desprecio, solamente porque éramos familiares de nuestro padre. Uno se pregunta: ¿qué hicimos nosotros, como hijos, para merecer eso?", agregó.
"Hay mucho que intentar comprender, y no ayuda tener a otras personas juzgándolo a uno. La gente considera que toda la familia debe ser mala", explicó McWee.
Irene Cartwright, cuyo hijo Richard fue ejecutado en Texas en 2005, también requirió tratamiento para la depresión luego de cumplida la condena. Hoy toma antidepresivos.
"Ojalá las personas pudieran comprender que todos aquellos que son ejecutados tuvieron una madre y un padre, tal vez hermanos y hermanas, tías y tíos, amigos, lo que sea, y que cada una de esas personas fueron lastimadas y afectadas por la ejecución", dijo a los investigadores.
El estudio de MVFHR concluye que las necesidades de las familias de los ejecutados no sólo han sido ignoradas, sino tampoco verdaderamente comprendidas.
"El problema es que los sobrevivientes no son reconocidos como víctimas. No hay grupos de apoyo a las familias de las víctimas, ni servicios de asesoramiento psicológico disponibles para los niños que quedan atrás. Nadie sabe dónde están. Llevan vidas anónimas", dijo Cushing a IPS.
MVFHR exige que se realicen más estudios al respecto.
"Desafiamos a la comunidad de salud mental a reconocer que estas víctimas existen, y a reconocer también la calidad única de sus experiencias, con el fin de planificar alternativas apropiadas de tratamiento para ellas", agregó Cushing.
MVFHR recomendó que los efectos psicológicos a corto y largo plazo de la ejecución en la familia de los condenados se incluyan en la formación de trabajadores sociales, psicólogos clínicos, especialistas en traumas y otros profesionales que puedan entrar en contacto con esas familias.
La organización también llamó a los legisladores dar un tratamiento legal equitativo a las familias de los ejecutados y a las de las víctimas de asesinato.
Todas ellas deberían tener acceso a asistencia y apoyo, incluso ayuda financiera para pagar atención médica y asesoramiento en materia de salud mental y funerales, opinó Cushing.
MVFHR reclama, además, que el sufrimiento de la familia de los ejecutados sea considerado en un marco de derechos humanos más que de justicia penal.
Los familiares merecen protección, según la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1985.
La Declaración define como víctimas a quienes han experimentado "daños físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o sustancial impacto sobre sus derechos fundamentales".
Estas víctimas "deberían ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad", y "recibir la necesaria asistencia material, médica, psicológica y social".
"El liderazgo debe venir de la ONU. Este es un problema de derechos humanos internacionales", concluyó Cushing. ***** +Pena de muerte – Cobertura especial de IPS Noticias (https://www.ipsnoticias.net/_focus/penademuerte/index.asp) +Familias de Víctimas de Asesinatos por los Derechos Humanos, en inglés (http://www.murdervictimsfamilies.org/) +Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, en inglés (http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp49.htm) (FIN/IPS/traen-js-mj/ms/ks/wd hd dp ip he/07)
