Una cadena de negligencias y complicidades de autoridades, empresarios y sindicatos mataron hace un año a 65 trabajadores en una mina de carbón del estado de Coahuila, en el norte de México, pero nadie irá a la cárcel por ello.
Hasta ahora sólo fueron rescatados los cuerpos de dos de los mineros aplastados por toneladas de tierra luego de una o más explosiones en el socavón que laboraban. Desenterrar al resto podría tardar uno o dos años más, a pesar de que se trabaja con intensidad en esa tarea.
Los deudos, que ya fueron indemnizados con dinero y construcción de viviendas por el dueño de la mina, el poderoso consorcio Industrial Minera México, aguardan a que se haga justicia.
El accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006 en un lugar llamado Pasta de Conchos, fue uno de los peores sucedidos en México en más de 100 años.
Además de destapar criminales negligencias, el hecho potenció un conflicto sindical entre los mineros del país, donde hay, desde hace un año, dos dirigencias enfrentadas y evidencias de que en esa pugna hubo intervención del gobierno de entonces de Vicente Fox (2000-2006).
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Las investigaciones policiales en marcha y otras realizadas por legisladores y la estatal pero independiente Comisión de Derechos Humanos (CNDH) indican que el accidente en Coahuila pudo evitarse si los inspectores de la secretaría (ministerio) de Trabajo hubiesen cumplido su labor y la empresa atendido a las normas de seguridad.
También fueron responsables "los representantes de los trabajadores (el sindicato) por permitir que los trabajos continúen en condiciones de inseguridad (que ellos conocían)", indica parte de un extenso informe de la CNDH.
Las pesquisas policiales no terminan y los jueces no han encauzado a nadie todavía. Sin embargo, ya se sabe que nadie irá a la cárcel, pues cualquier sentenciado futuro lo será en lo máximo por homicidio culposo, delito que se configura al no existir la intención de cometer un crimen, aunque se viole un deber jurídico y se incurra en "comisión por omisión".
Para ese delito puede corresponden pena de cárcel, pero tiene el beneficio de la fianza.
Gonzalo Rodríguez, geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo a IPS que el accidente demostró que en el sector de la minería mexicana hay "problemas de control muy graves, pues son débiles e incluso se prestan a negociaciones y corrupción".
"Aquí habría que hacer reformas legales y tomar medidas estrictas, pues, de lo contrario, en cualquier momento habrá otro grave accidente", advirtió.
El 12 de julio de 2004, los inspectores de la secretaría de Trabajo estuvieron en la mina de carbón de Pasta de Conchos para analizar las condiciones de explotación. El acta que levantaron indica que se debían atender 48 recomendaciones en materia de seguridad e higiene.
Pero sólo el 8 de julio de 2005 se informó a la empresa del resultado de su inspección y se pidió hacer los cambios necesarios para "garantizar la seguridad" de la mina.
Siete meses después, los inspectores acudieron a la mina para verificar si la firma cumplió con los requerimientos.
En esa visita, verificada 19 meses después de la primera inspección, se determinó que se habían cumplido apenas 28 de las 48 medidas requeridas y hubo varias que no se pudieron verificar, pues algunos lugares de la mina estaban cerrados y había equipos fuera de operación. Doce días después se produjo el accidente. Sólo sobrevivieron 11 mineros, varios de los cuales indican que en el socavón había malas condiciones de seguridad y una aparente acumulación de gases.
Según declaraciones de involucrados, que en el documento de la CNDH permanecen en reserva, es común que las inspecciones oficiales de las minas se extienden demasiado en el tiempo y sean verificadas con tardanza y hasta laxitud. Estos problemas son tolerados tanto por las autoridades y las empresas como por los representantes de los trabajadores, reconocen.
Tras su análisis, la CNDH concluyó que, en el caso de Pasta de Conchos, quedó "acreditada la violación a los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad física y a la vida, en agravio de 65 personas y 11 lesionadas"
Sin embargo, la empresa Industrial Minera México, de la que legisladores y expertos del estatal Servicio Geológico Mexicano se quejaron durante las investigaciones por no presentar documentos y no acreditar con pruebas algunos señalamientos, afirma que no incurrió en ninguna falta.
La firma, que extrae y procesa carbón, cobre, zinc y oro, mantiene la tesis de que hasta que no se encuentre evidencia directa, dentro de la mina, de lo que sucedió hace un año, no se la puede acusar de nada.
No obstante, el actual gobierno de Felipe Calderón, del mismo conservador Partido Acción Nacional que Fox, ya suspendió a los funcionarios de la Secretaría del Trabajo involucrados en las inspecciones en la mina y reconoce que actuaron con negligencia.
La Organización Internacional del Trabajo considera a la minería, sobre todo la de carbón, como "una de las actividades más peligrosas". Se calcula que cada año mueren más de 15.000 mineros en el mundo en diferentes accidentes.
Se espera que en el caso de los 65 mineros muertos en México, los fiscales del Estado de Coahuila y los federales emitan pronto conclusiones definitivas y luego encaucen a los responsables antes un juez.
Para conmemorar el primer aniversario de la tragedia, familiares de los muertos anunciaron que realizaran diversos actos y marchas, mientras que líderes sindicales mencionaron la posibilidad de realizar una huelga.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares, se encuentra dividido, pues apenas dos días antes del accidente, el gobierno de Fox desconoció a su líder, Napoleón Gómez.
Así procedió, luego de informar que había recibido una notificación de un comité de Vigilancia de ese gremio indicando que el nuevo dirigente era Elías Morales.
Ambos sostienen desde entonces una pugna y desde sus trincheras indican que siempre lucharon por la seguridad de los trabajadores y por evitar accidentes como el de Pasta de Conchos.
El gobierno de Fox se negó a reconocer como secretario general del sindicato a Gómez y lo mismo hace Calderón. A este líder sindical, la Procuraduría General (dependiente de la Presidencia) acusa de corrupción y contra él hay más de 5.000 juicios, interpuestos por trabajadores que le imputan haber desviado recursos que le fueron entregados.
Pero muchos de los trabajadores del sector y otras organizaciones obreras nacionales e internacionales apoyan a Gómez y critican al gobierno por intromisión en la vida sindical. Además varias empresas mineras reconocen el liderazgo de este dirigente, quien desde el año pasado vive en Canadá, por temor a ser detenido.
El gobierno Calderón, en funciones desde diciembre, urgió al sindicato minero a realizar una asamblea extraordinaria para resolver el litigio, la que podría realizarse en abril.
El conflicto minero desató huelgas en 2006, una de las cuales dejó dos muertos cuando la policía trató de disolverla. También enfrentamientos, como el del 2 de febrero, cuando seguidores de cada líder se enfrentaron a golpes, dejando un saldo de 20 heridos.
