El estallido de cargas de dinamita sacudió la ciudad sede del gobierno de Bolivia y fue el anuncio de la llegada de miles de mineros cooperativistas resueltos a impedir un aumento de los impuestos del sector.
Empero, analistas creen que puede finalmente abrirse un canal de negociación a partir de que este miércoles fueron dejados en libertad los ocho mineros detenidos cuando transportaban cargas de dinamita, como las utilizadas en la manifestación. Esa era una de las condiciones puestas por los trabajadores para dialogar.
Luciendo su extrema pobreza en los guardatojos (cascos de minero) avejentados y rajados por el tiempo, así como sus rostros cansados, los obreros de socavones reeditaron las multitudinarias marchas de marzo de 1984, cuando llegaron también a La Paz como último recurso para tratar de mantener viva la minería estatal que dos años después colapsó con la caída de las cotizaciones del estaño.
Tras la crisis minera de 1986, unos 27.000 mineros fueron despedidos y muchos se volcaron a las fértiles zonas agrícolas, en particular de producción de la ancestral coca, del Chapare, en el central departamento de Cochabamba.
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A otros mineros, en cambio, los atrapó la nostalgia y formaron pequeñas cooperativas para explotar lo que quedaba de los añejos y prácticamente agotados yacimientos de estaño, wolframio y plata.
Ahora, unas 536 cooperativas organizadas en los departamentos de Cochabamba y en los occidentales La Paz, Oruro y Potosí agrupan a unos 55.000 socios que dirigen y operan pequeñas empresas y dan empleo a otras 5.000 personas como trabajadores eventuales.
Hoy sólo unos pocos gozan de cierta prosperidad, mientras que la inmensa mayoría ha vuelto a trabajar en los hechos al siglo XIX, desafiando los profundos socavones con modestas herramientas como el martillo y el cincel para arañar los restos de las vetas que comercializan obteniendo pocos ingresos.
El gobierno izquierdista de Morales quiere incrementar el Impuesto Complementario Minero (ICM) entre 50 y 160 por ciento, con un impacto directo en la pobre economía de los cooperativistas, se quejó ante IPS el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Oruro, Isaac Meneses Guzmán.
El Estado desea beneficiarse con el aumento de las cotizaciones mineras internacionales a través de un nuevo impuesto. El excedente de los nuevos precios no fue captado por el gobierno y por ello ha enviado un proyecto de ley al Congreso, explicó el viceministro de Minería, el ex dirigente sindical Alberto Echazú.
Pero los obreros por cuenta propia rechazaron esa propuesta y reclamaron la destitución de Dalence, el nuevo ministro del área que tiene como antecedentes precisamente una larga trayectoria como líder sindical minero y que reemplazó a Walter Villarroel, representante de las cooperativas mineras que respaldó el primer año de gobierno de Morales.
Una toma violenta del yacimiento principal de la empresa minera estatal de Huanuni (Oruro), el 5 de octubre, protagonizado por cooperativistas que intentaban ganar mayores espacios de explotación en el rico cerro de Posokoni, derivó en la muerte de 14 personas, en un enfrentamiento con dinamita y armas de fuego.
Esta acción de los cooperativistas fue castigada por Morales con la destitución de Villarroel y la ruptura del pacto que los unió desde la campaña electoral. Ahora la aplicación de una nueva carga impositiva es interpretada por los obreros como un acto de revancha.
La llegada a La Paz de unos 7.000 manifestantes de la minería, entre hombres y mujeres, despertó el temor del gobierno, que, a través de la policía y servicios de inteligencia, detectó el ingreso clandestino de unas 280 cargas de dinamita y fulminantes transportados por ocho personas. Los involucrados fueron detenidos el martes y dejados en libertad este miércoles.
Las explosiones no dejaron heridos y sólo alteraron el orden urbano por la toma física de los manifestantes de la plaza San Francisco y la avenida Mariscal Santa Cruz, la principal vía de la ciudad sede de gobierno.
En un intento por evitar la explosiva presencia de los mineros en las calles, el gobierno congeló el proyecto de incremento impositivo e invitó a los dirigentes a dialogar, convocatoria cuya aceptación había quedado en suspenso hasta que los detenidos fueran puestos en libertad.
El ministro Dalence negó la posibilidad de interferir con el trabajo de investigación de la fiscalía
Las estimaciones del ministro señalan que un nuevo impuesto permitirá el incremento de las recaudaciones para el Estado de nueve a 16 millones de dólares, pese a lo cual los cooperativistas obtendrían utilidades, según explicó.
El asesor de la Federación Nacional de Cooperativas (Fencomin), Ramiro Paredes, explicó a IPS que los mineros desean la continuidad del actual nivel tributario, que establece los cálculos porcentuales sobre el valor bruto de producción.
A ello se aplica una tabla de valores porcentuales de uno a siete, de acuerdo al nivel de la cotización internacional de los metales. A mayor precio en el mercado, el aporte se incrementa y es retenido por los comercializadores que actúan como agentes de la entidad gubernamental recaudadora.
"¡Evo, qué daño te hemos hecho para que nos quites el pan de la boca!", interrogó en un encendido discurso el dirigente Isaac Meneses.
Ciudadanos atemorizados por las explosiones increparon a los manifestantes y a gritos reclamaron que se sometan al pago de impuestos y en algunos casos se registraron pequeños incidentes con los manifestantes que respondieron con insultos y algunos golpes.
Con una boleta de pago en mano, el minero Javier Cuesta Mamani, de la cooperativa Viloco del Sur del departamento de La Paz, explicó a IPS que en el momento de entregar minerales al comercializador privado paga impuestos por el alquiler de la veta que explota, por los servicios que ofrece la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y por el denominado Impuesto Complementario Minero.
Durante los últimos tres meses recolectó minerales por unos 1.000 dólares, sobre los cuales contribuyó con 312 dólares y pagó diferentes porcentajes, por impuestos, a la Comibol, la estatal Caja Nacional de Salud y su organización sindical. Por ello sus ingresos disminuyen a la mitad del valor inicial.
