Mientras sigue en trámite parlamentario el proyecto de ley de la Memoria Histórica de España en defensa de quienes sufrieron la guerra civil de 1936 a 1939 y la dictadura franquista que le siguió hasta 1975, los recuerdos se nutren de acciones de la sociedad civil y la justicia.
Como en prácticamente todas las cosas que se tratan en el Parlamento o en otros ámbitos políticos, si el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero hace una propuesta, el centroderechista Partido Popular (PP) la critica con fuerza y se opone frontalmente. Así ocurre también con este proyecto de ley.
Pero, en tanto, desde la sociedad civil llegan importantes aportaciones sobre los crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno de tres años, que estalló tras el levantamiento del sector más conservador del ejército contra la llamada Segunda República Española, y la posterior dictadura de 36 años del general Francisco Franco.
Una de ellas es producto del trabajo de dos décadas de Antonio Ontañón, presidente de la asociación Héroes de la República, quien buscó testimonios de todo tipo y con ellos logró identificar a asesinados por el régimen franquista e incluso encontrar cuerpos que estaban sepultados sin identificar e ilegalmente.
En su libro "Rescatados del olvido", que acaba de presentar, Ontañón identifica con nombres y apellidos a 850 ejecutados y enterrados secretamente, sin informar ni siquiera a sus familias.
Una de esas personas ejecutadas alcanzó a escribir una carta, recogida en el libro, en la que dice a su esposa: "Por fin llegó la hora fatal en que se va a cumplir una sentencia dictada por la incomprensión"..
El texto prosigue: "Te escribo unas horas antes de dejar de existir, no para pedirte mis últimos deseos referentes a nuestros queridísimos hijos, ni para recordarte tantas y tantas ilusiones como quedan truncadas con mi muerte; te escribo para que sepas que en estos fatales momentos, mis recuerdos van hacia vosotros, seres tan queridos a quienes no besaré más, a quienes no veré jamás"
El firmante de la carta era Ángel Martínez Ros, un sindicalista miembro del Partido Socialista que fue fusilado en 1939 contra la pared de un cementerio, en Santander, ciudad ubicada sobre la costa del meridional mar Cantábrico, condenado por ser "propagador de ideas marxistas" y "organizador de asociaciones extremistas", según consta en el archivo militar.
Fue enterrado como "desconocido", al igual que los otros 849 republicanos fusilados también allí.
El juez José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y decidido luchador por la democracia bajo el franquismo, dijo a IPS que el proyecto en discusión será, en caso de aprobarse, "la verdadera reconciliación nacional", y se pronunció a favor de que se deroguen los juicios realizados en aquella etapa.
A su entender, los juicios del régimen franquista no se ajustaron a las bases del Derecho Internacional Consuetudinario y se desarrollaron tras derogar la Constitución de 1931, después de que triunfase el golpe de Estado perpetrado por Franco.
Por otro lado, el juez Baltasar Garzón abrió un sumario para investigar la desaparición de unas 30.000 personas durante los años de la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, respondiendo a la denuncia presentada la semana pasada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Otro acto importante en busca de la verdad se realizará el próximo sábado en el Palacio de Congresos de Valencia, una de las 17 comunidades autónomas que integran España, ubicada sobre la costa norte del mar Mediterráneo.
Contará con la presidencia de honor de Franco Frattini, vicepresidente de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, y su responsable de Seguridad y Justicia.
En esa ocasión se presentará la Comisión de la Verdad, integrada, entre otros, por el Forum por la Memoria del País Valenciano, el Centro de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura), la Fundación Cultura de Paz, el Tribunal Permanente de los Pueblos, la Masonería Española y la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura.
Está anunciada la intervención en el acto de Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente francés François Mitterrand y titular de la Asociación France-Libertés, Francesco Cossiga, ex presidente de Italia (19851992), Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la Unesco, y Alfons López Tena, miembro del Consejo General del Poder Judicial de España.
Por teléfonos y videoconferencias también participarán el propio Frattini, Desmond Tutú, arzobispo anglicano de Sudáfrica y ganador en 1984 del premio Nobel de la Paz, Mario Soares, tres veces primer ministro y presidente de Portugal en dos periodos consecutivos de 1986 a 1996.
Las actividades culminarán con la actuación del cantautor catalán Lluís Llach, quien interpretará "Campanadas a muerte", que compuso en homenaje de los tres primero obreros muertos por la policía en 1976 cuando huían de los gases lacrimógenos lanzados contra una asamblea de trabajadores en una iglesia de Vitoria, la capital del País Vasco.
Esa represión policial, sólo meses después del fallecimiento de Franco, finalmente dejó un saldo de cinco muertos más de un centenar de heridos de balas.
El proyecto en trámite en el Parlamento contiene el reconocimiento de las víctimas, la investigación y apertura de fosas comunes y la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas.
El PP votó en contra del proyecto en su conjunto, sin que pudiera evitar su aprobación en el Congreso de los Diputados, de donde pasó al Senado, que, con las modificaciones que considere oportunas, deberá devolverlo a la otra cámara.
El principal partido de oposición se opone a esta ley porque considera que el único pasado y herencia que hay que reivindicar es el de la transición, de 1976 a 1978, y el de la democracia que desde entonces rige en España.
Por ello, rechaza cualquier referencia a la República o a la dictadura franquista, considerando una hipocresía "superar viejas heridas removiendo el barro", como dijo el portavoz de justicia de ese partido, Manuel Atencia.
Los partidos minoritarios y ubicados a la izquierda del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) o nacionalistas apoyan el proyecto oficialista, aunque propusieron diversas reformas que no fueron aceptadas, por lo cual el texto aprobado en el Congreso de los Diputados sigue siendo el original.
Como una prueba más de que el tema llega a todos los sectores, en la Biblioteca Nacional, con sede en Madrid, se abrió una exposición que estará abierta hasta el 18 de este mes y en la que se exponen 1.172 dibujos realizados durante la Guerra Civil por niños llevados a colonias alejadas de los frentes de lucha, la mayoría ubicadas en la costa mediterránea y en el sur de Francia.
La Biblioteca se hizo con esos archivos en 1986, al comprárselos a un librero catalán que los había coleccionado clandestinamente durante el franquismo.