La captura de cuatro policías de Guatemala sospechosos del asesinato en ese país de tres diputados salvadoreños y su custodio aumentó aún más la sensación de inseguridad de la población centroamericana, que se pregunta ahora en quién confiar.
Los detenidos son el propio jefe de la unidad de lucha contra el crimen organizado de la Policía Nacional Civil (PNC), de Guatemala, Luis Herrera López, y un oficial y dos agentes de la sección de investigaciones del mismo cuerpo, quienes son acusados de ser parte de los actores materiales del múltiple crimen. Son buscados, además, otros dos policías de ese país.
Las autoridades guatemaltecas informaron además de la requisa de dos vehículos involucrados en el hecho, uno perteneciente precisamente a la PNC, y se presumen que los autores intelectuales sean salvadoreños.
Tanto el presidente de Guatemala, Oscar Berger, como su par salvadoreño, Antonio Saca, confirmaron que los policías involucrados tienen vínculos con bandas del narcotráfico.
"El último informe que he recibido es que (la responsable de los crímenes) es una banda de narcotraficantes con lazos en ambos países, y en la que están incrustados elementos de la Policía Nacional Civil de Guatemala", aseguró Berger.
Saca agregó que "todo apunta a que un grupo específico tocó estructuras políticas de El Salvador". "El crimen organizado es una realidad en América Central y puede tener relaciones con el contrabando, con el narcotráfico", apuntó.
Nadie hasta ahora señala oficialmente los motivos del crimen ni arriesgan hipótesis alguna sobre la elección como víctimas de los tres políticos salvadoreños.
Empero, el diario guatemalteco Prensa Libre informó que "los policías detenidos relataron a los investigadores que les habían pagado por interceptar el vehículo de los diputados y robar el cargamento de droga que, supuestamente, transportaban, o el dinero por su venta".
El ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, René Figueroa, se comprometió "a deducir los hechos y llevar a la justicia a los responsables del asesinato". En rueda de prensa reconoció los esfuerzos entre las policías de ambos países en el esclarecimiento del homicidio colectivo.
Las fuerzas de seguridad locales contarán en los próximos días con la asistencia del estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI) para profundizar la investigación de los asesinatos de Eduardo d'Aubuisson, de 32 años, William Pichinte, de 49 años, y José Ramón González, de 57, todos diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los legisladores, de la gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y su chofer, el policía de la división de Protección de Personalidades Importantes de la PNC Gerardo Ramírez, fueron interceptados al mediodía del lunes cuando ingresaban a la ciudad de Guatemala procedentes de El Salvador para asistir a la sesión plenaria mensual del Parlacen.
Minutos antes, habían dejado, por propia voluntad, una caravana de cuatro vehículos en el que viajaban otros diputados y dos transportes policiales que los custodiaron a partir de cruzar la frontera común. No hay explicación aún sobre esa actitud, al menos extraña.
Las víctimas fueron llevadas por los delincuentes a una casa ubicada en la aldea El Jocotillo, en el kilómetro 37 de la ruta hacia El Salvador, donde luego fueron ejecutados brutalmente, presuntamente con fusiles M-16 y AK-47, y luego quemados en el interior de su vehículo, el cual fue encontrado totalmente calcinado.
Los asesinos también prendieron fuego a los arbustos en los alrededores, según fuentes policiales, para borrar cualquier evidencia.
El asesinato de los políticos salvadoreños ocurre en momentos que el diputado Roberto Silva, del Partido de Conciliación Nacional, aliado de Arena en el parlamento, se encuentra prófugo y es acusado de negociaciones ilícitas y lavado de dinero.
El escándalo también bañó a Mario Osorto, diputado del Parlacen por Arena, actualmente detenido por otorgar, cuando era alcalde de la oriental ciudad de La Unión (2003-2006), una licitación a la empresa de construcción de Silva de forma irregular, además de otros actos de corrupción.
Ambos legisladores debieron ser primero desaforados por la Asamblea Legislativa (parlamento), para que luego rindieran cuentas ante los tribunales de justicia correspondientes. En los dos casos, Arena brindó sus votos para quitarles los fueros.
El miércoles se conoció que Saca viajará a Estados Unidos el martes próximo para entrevistarse con su par, George W. Bush, para discutir asuntos relacionados con el "fortalecimiento de la democracia y el problema de las pandillas criminales y sobre acontecimientos regionales", según un comunicado de la embajada de Washington en este país.
Excepto algunas insinuaciones insustanciales del presidente Saca y dirigentes de Arena sobre que el crimen fue "un claro mensaje para Arena", sin especificar de quién y del por qué, la mayoría de analistas y dirigentes de partidos de oposición prefieren abstenerse de emitir juicios sobre las posibles motivaciones del asesinato.
Así dejan la puerta abierta para "varias líneas de investigación", aunque mostraron preocupación por la participación de miembros de la PNC guatemalteca en el hecho.
El fiscal general salvadoreño, Félix Garid Safi, señaló en un programa de televisión que las autoridades de su país y guatemaltecas han acordado no adelantar criterios sobre los hechos, para no generar "teorías infundadas a priori".
"Estamos manejando esto con mucha cautela y prudencia", precisó el fiscal, poco antes de que los mandatarios de ambos países adelantaran la posible connivencia con el narcotráfico de los policías acusados.
El politólogo Napoleón Campos comentó a IPS que la captura de los policías guatemaltecos hacen descartar cualquier vinculación política y opinó que el múltiple homicidio "no fue dirigido" contra nadie en particular, como se especuló dos días después del triple asesinato.
De cualquier forma, el feroz crimen "es una campanada para la estabilidad centroamericana", sentenció el analista.
En ese marco, expertos recordaron el largo historial de policías involucrados en actividades delictivas tanto en El Salvador como en Guatemala, donde decenas han sido capturados, procesados y condenados por este tipo de actividades.
El inspector general de la policía salvadoreña, Romeo Melara Granillo, confirmó a IPS que sólo el año pasado 400 agentes y oficiales fueron destituidos por faltas graves, que incluyen la comisión de delitos como extorsión, robo, secuestro o colaborar con bandas de asaltantes.
El cuerpo de d'Aubuisson fue sepultado el miércoles en un cementerio exclusivo, donde unos 200 simpatizantes y dirigentes de Arena y dos ex presidentes del país le rindieron honores. Una banda militar marcó el paso del cortejo fúnebre y una trompeta sonó por un minuto de silencio frente el ataúd cubierto con las banderas de El Salvador, el Parlacen y la Arena.
Al arribo del féretro del parlamentario a la sede central del partido, Saca había manifestado que "El Salvador está de duelo", y señaló que los tres parlamentarios fueron "areneros ejemplares", que trabajaron por los más altos ideales del partido.
"Al igual que su padre, Eduardo, fue un gran patriota, que hoy se convierte en un ejemplo para la juventud de nuestro país", enfatizó.
El diputado asesinado, hijo del fallecido mayor Roberto dAubuisson fundador de Arena en 1981, también era conocido en los círculos políticos por el sobrenombre de "Veneno" por su carácter temperamental.
El parlamentario centroamericano prácticamente creció en medio de mítines y reuniones partidarias, en donde se le solía observar junto a su padre. También se le recuerda por haber estado envuelto en un tiroteo con la policía, en el que recibió un balazo en una de sus piernas, cuando apenas tenía 18 años.
El mayor dAubuisson también fue conocido por encabezar una sangrienta lucha contra las corrientes de izquierda en la década de los 80, en plena guerra civil (1980-1992), por lo cual organizaciones de derechos humanos salvadoreños y autoridades lo han señalado de haber creado los brutales escuadrones de la muerte y cometer varios crímenes durante ese periodo.
La Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas, una instancia temporal creada por los acuerdos de paz (1992) para investigar violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad, también lo acusó de ser el responsable intelectual del asesinato en marzo de 1980 del entonces arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.
