El franco declive económico se volvió una nueva amenaza contra la dictadura militar de Birmania, cuya imagen internacional ya se encuentra muy deteriorada por la situación política y de derechos humanos.
Las autoridades liberaron el martes a nueve personas arrestadas la semana pasada por protestar pacíficamente en el centro de Rangún contra el alto costo de los alimentos y el caos de los servicios sociales.
La manifestación, en la que participaban unas 25 personas, fue una de las primeras realizadas en un decenio contra el gobierno militar, conocido por su brutalidad contra los disidentes.
En 1988, tropas birmanas mataron a varios cientos de opositores al abrir fuego contra una protesta prodemocrática.
"La escasez de alimentos y el alza de los precios se hizo insostenible para mucha gente. Esto es obra del gobierno militar. La creciente inflación ayuda a comprender por qué esta gente salió a la calle", dijo a IPS un economista birmano que pidió reserva sobre su identidad.
La inflación oficial del año fiscal 2006-2007 ascendió a 26 por ciento, muy superior al nueve por ciento de 2005-2006. "Según estimaciones independientes, la inflación real se ubicaría entre 50 y 60 por ciento", indicó el informante.
Las familias de Rangún se ven con frecuencia obligadas a realizar recortes drásticos en la compra de alimentos por la repentina y pronunciada subida de los precios, dijo a IPS el analista birmano Aung Naiang Oo, que se encuentra exiliado.
"El precio de productos básicos como la cebolla, el arroz y el aceite de cocina sube de un día para el otro o de una semana a la siguiente. Cada vez más familias pasan dificultades para comprarlos", indicó.
"La protesta le plantea un dilema al gobierno militar, que no fue capaz de darle nada a la población, a pesar de sus declaraciones de complacencia. Por otra parte, la liberación de los manifestantes no servirá más que aumentar las protestas frente a una economía en franco deterioro", añadió.
La reacción oficial no fue otra que la esperada.
El diario oficialista La Nueva Luz de Myanmar acusó a los manifestantes, que llevaban pancartas y distribuyeron una declaración contra el régimen, de incitar a las masas violando la ley vigente.
"La manifestación concitó el disgusto popular y fue una ofensa para el gobierno", indicó el informe del periódico.
Myanmar es el nombre dado por los militares que llegaron al poder en Birmania tras el golpe de Estado en 1962.
A partir de 2006 se suscitó un inusual despliegue de protestas contra la junta, llevadas adelante por profesionales universitarios, entre ellas una campaña de recolección de firmas y la redacción de una carta.
Si bien se trató de pequeños gestos, marcaron una ruptura con el silencio que predominó en Birmania desde 1988, cuando el levantamiento por la democracia fue brutalmente reprimido por el ejército. La junta se negó a reconocer el resultado de las elecciones parlamentarias ganadas en forma aplastante por la oposición en 1990.
El año pasado hubo una gran cantidad de reclamos por la pésima administración pública. Los generales siguen gobernando al país con mano dura, reprimiendo las manifestaciones, silenciando a la prensa y llevando presos a las figuras destacadas de la oposición.
En mayo pasado subió 100 por ciento el costo de la electricidad y en julio el alcalde de Rangún decretó el control de la venta y distribución de arroz, alimento básico en la dieta de la población, con el fin de impedir la escasez.
El año pasado comenzó con una subida de 14 por ciento en los precios de los alimentos respecto del año anterior.
Pero la junta decidió recompensar a los funcionarios y oficiales militares subiéndoles el salario entre 500 y 1.000 por ciento a partir de abril pasado.
La elevada participación del ejército en la economía birmana es evidente en las normativas impuestas a los agricultores, según la organización de derechos humanos Red Alternativa de la Asean, que actúa en los países de este bloque, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
En algunas zonas agrícolas "los agricultores tenían que suministrar unos 125 kilogramos de arroz por hectárea a las autoridades locales, pero sólo se les pagaba un tercio del precio de mercado", según un informe de ese grupo de presión.
Además "se impusieron restricciones en todo el país sobre el transporte de arroz a Rangún y los vendedores necesitan una carta de autorización de las autoridades locales", señala el documento.
Las consecuencias repercutieron en la desnutrición infantil y en la pobreza.
Casi 22 por ciento de los 50 millones de habitantes de Birmania son pobres y 32 por ciento de los menores de cinco años padecen desnutrición, según el Informe de Desarrollo Humano 2006 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El dinero que Birmania destina a la salud representa apenas 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB), a pesar de que se trata de uno de los países en peor situación sanitaria, según esa misma agencia.
El control total del régimen militar birmano sobre todas las instituciones y organizaciones estatales y su papel en las decisiones económicas le impiden escapar a las acusaciones. (FIN/IPS/traen-vf-mj/mmm/rdr/ap ip if hd/07)
