La asistencia de Estados Unidos a la lucha antidrogas en Perú viene en picada desde 2004, sin importar el auge de la producción de cocaína, y el próximo año llegará a su punto más bajo si no prosperan las gestiones en Washington para evitar una nueva reducción de fondos.
El gobierno peruano de Alan García advierte sobre el duro golpe que representa esa merma de recursos financieros debido a que ha representado en los últimos años entre 80 y 90 por ciento de la cooperación internacional recibida por el país para combatir el narcotráfico.
De los 124 millones de dólares provenientes del exterior el año pasado para esta lucha, 104 millones correspondieron a lo aportado por el gobierno desde Estados Unidos, según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), responsable de la aplicación de las políticas antinarcóticos en el país.
"Sí, es preocupante la reducción, sobre todo de un país consumidor como Estados Unidos, pero estamos buscamos otras fuentes de financiamiento y la manera de destinar recursos propios", señaló a IPS el jefe de Devida, Rómulo Pizarro.
Aunque algunos funcionarios han tratado de minimizar el tema ante los medios de comunicaciones, como la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, lo cierto es que existe preocupación en el gobierno de García.
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La mejor prueba es que Pizarro viajará en marzo a Estados Unidos, según confirmó a IPS, para convencer a los legisladores de ese país de mantener la ayuda a Perú en el promedio de 100 millones de dólares.
El monto es porque esa asistencia quedaría en 66 millones de dólares, según el proyecto de Presupuesto Nacional para el año fiscal 2007-2008 presentado al Congreso por el presidente George W. Bush.
El gobierno de Estados Unidos ha preferido reducir sus aportes en la lucha contra las drogas en la región andina para concentrar sus esfuerzos en el financiamiento de la guerra en Iraq, de 722 millones de dólares a 443 millones, lo que representaría un recorte de 279 millones.
Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador son beneficiados, además, con preferencias arancelarias en el marco de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (Atpdea, por sus siglas en inglés), que fue prorrogada sólo por seis meses en diciembre, cuando expiró tras cinco años de vigencia como heredera de una norma similar vigente desde 1991.
En caso de aprobarse el presupuesto enviado por Bush, Perú será el más afectado, seguido de Bolivia, para el cual el recorte planteado es de 42,57 millones de dólares a 30 millones, y de Ecuador, que es de 16 por ciento. En cambio, Colombia será premiado con un incremento en la asistencia antidrogas.
Las áreas más afectadas en Perú con el recorte serán las de erradicación de cultivos de coca y de interdicción, que busca controlar la oferta de la droga mediante la intervención de pozas de maceración de pasta básica de cocaína, laboratorios de procesamiento de clorhidrato de cocaína, el decomiso de insumos químicos y la desorganización de bandas de narcotraficantes.
Es que 55 por ciento de los recursos que el gobierno peruano destina para las labores de erradicación e interdicción provienen de la cooperación internacional, principalmente de Estados Unidos, según Devida.
Desde 2004, la ayuda de Washington ha priorizado estas áreas. Casi 77 millones de dólares de los 126,4 millones que aportó ese año fueron para este fin específico y el resto para el desarrollo alternativo a los cultivos ilegales, como café y palma aceitera.
Las estadísticas brindadas a IPS por la embajada de Estados Unidos en Perú revelan claramente la caída de la ayuda desde 2003, al pasar de 126,5 millones de dólares ese año a los 93 millones proyectados para este año. En la embajada informaron que el recorte era previsible debido a que esa era la tendencia de los últimos tres años y porque, además, entre 2003 y 2004 se registraron los principales aportes para que Perú pudiera equiparse.
Pizarro, en respuesta, insistió en que esa no es una explicación suficiente para disminuir el aporte a una batalla global como el combate al narcotráfico.
El tema ha dividido las opiniones en el país. Fernando Rospigliosi, quien fue ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), señaló a IPS que Estados Unidos "sólo reacomoda su presupuesto en función a sus intereses actuales como la guerra en Medio Oriente y que eso era comprensible".
Según la embajada estadounidense, sólo 12 por ciento de la droga que entra a ese país proviene de Perú, mientras que más de 80 por ciento es de Colombia.
En contraste, entre 60 y 70 por ciento de los estupefacientes que salen de Perú tienen como destino Estados Unidos, según datos de la Dirección Nacional Antidrogas, organismo de la policía nacional.
Pero, mientras la mayoría opina que el recorte afectará tremendamente a la lucha antinarcóticos, el especialista Ricardo Soberón considera que es una "gran oportunidad para independizarnos de la política policial que tiene Washington para combatir el narcotráfico".
"Ahora le toca invertir al Estado" peruano, apuntó.
Soberón hace alusión al interés de Estados Unidos de concentrar su ayuda en la erradicación e interdicción de los cultivos de hoja de coca "sin una visión social del problema". Por ello, dijo que era el momento de estrechar vínculos con la Unión Europea, que tiene una "mirada más amplia".
Así, las cifras de la ayuda en picada se contraponen con las estadísticas del incremento de la producción de cocaína en Perú.
El informe de 2006 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), la producción potencial de cocaína alcanzaba en 2000 las 141 toneladas y en 2005 llegó a 180 toneladas. Esta última cifra equivale a 4.140 millones de dólares que mueven las mafias, si se considera el precio de la cocaína en el mercado estadounidense.
Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera apenas ha detectado 21 casos de lavado de dinero de la droga, por 379 millones de dólares, que representa apenas 9,1 por ciento de los recursos que mueven los narcotraficantes en un año.
Las cifras que corroboran la impunidad con la que campea el narcotráfico son diversas. De las 180 toneladas de cocaína, la Dirección Nacional Antidrogas solamente decomisó 14,6 toneladas.
La labor de control de los insumos químicos que son utilizados para la producción de drogas resulta aún más preocupante. El año pasado la policía sólo logró incautar dos por ciento de estos elementos, menos de la mitad de lo requisado en 2005. Es decir, al mismo tiempo que la producción de cocaína sube, la labor de fiscalización cae.
"Eso son los resultados de la ineficiencia de los gastos en interdicción. Lo que tendría que hacerse es concentrar los esfuerzos en los corredores de salida de la pasta básica para de evitar la vía marítima", opinó Soberón.
Las estadísticas estadounidenses corroboran el incremento de la producción de la cocaína en Perú y, por lo tanto, la poca eficiencia de las acciones antinarcóticos, tal como consta en el informe de 2007 del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas del Departamento de Justicia de ese país.
En Devida se informó que para revertir esta situación se han solicitado 55 millones de dólares al gobierno, que serán invertidos principalmente en tareas de interdicción.
Así, parte de estos recursos servirán para aplicar la ley de insumos químicos, lo que permitirá fiscalizar mediante un registro único a las empresas compradoras de estos productos y a sus clientes para llegar al destino final: el mercado negro.
Entre los insumos químicos que se utiliza para la elaboración de pasta básica de cocaína figura el queroseno, la acetona, el ácido sulfúrico y el carbonato de sodio.
Hasta julio pasado, con el gobierno de Toledo, se calculaba que el Estado apenas invertía cuatro millones de dólares de los 124 millones destinados a la lucha antidrogas. Pero con García se ha valorizado todo tipo de acciones que desempeñan los distintos sectores del Poder Ejecutivo en los valles cocaleros, con lo cual se incrementa a 130 millones de dólares.
Hay un reacomodo de los números, pero todavía no hay más recursos.
Aunque Pizarro se reúne con representantes de la Unión Europea para que incremente su aporte anual de 11 millones de dólares, admite que Perú ha dependido por varios años de la ayuda estadounidense y es hora de que este país priorice sus propios recursos a la lucha contra las drogas.
