La canciller colombiana María Consuelo Araújo renunció este lunes al cargo, según dijo, para evitar interferencias en el juicio contra su padre, un hermano y un primo hermano acusados de integrar grupos paramilitares de ultraderecha.
Su sucesor, Fernando Araújo (sin parentesco con su predecesora), había sido rescatado por el ejército el 5 de enero tras seis años como rehén de la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El presidente Álvaro Uribe, que respaldó el viernes y sábado a María Consuelo Araújo, la presentó no sólo como una funcionaria eficiente, sino también como una víctima de las circunstancias de la longeva guerra civil en este país.
Uribe llamó a la población a no guiarse por "el qué dirán", un mensaje que queda reforzado con el nombramiento del ex rehén.
El mantenimiento de María Consuelo Araújo en el cargo hubiera sido "insostenible", comentó Darío Arizmendi, director de noticias de Caracol Radio. "Era un imposible político, era un imposible ético ( ), sobre todo después de las críticas del fin de semana", sostuvo.
Analistas sostenían entonces que conservar a la funcionaria en el gabinete habría afectado la política exterior de Uribe.
Esa política exterior se resume en la pretensión de que Estados Unidos satisfaga la demanda de apoyo militar a través del contrainsurgente y antidrogas Plan Colombia, y de que se implemente el Tratado de Libre Comercio (TLC) acordado entre Washington y Bogotá.
El cumplimiento de ambas aspiraciones depende de la voluntad del Congreso legislativo estadounidense. Desde enero de este año es mayoritario en sus dos cámaras el opositor Partido Demócrata, reacio a los TLC y proclive a reducir la presencia militar del país norteamericano en Iraq.
El diario El Tiempo, de Bogotá, mostró este lunes desde el título principal de su portada la percepción de lo que quizá terminó tumbando a la ministra: "En Washington ya se habla de Paragate."
"Fue una decisión gallarda, responsable y generosa. Creo que era lo que le tocaba hacer", dijo el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, accionista de ese diario y primo hermano por parte de padre y madre del vicepresidente Francisco Santos.
Este ministro figura en el primer renglón de la cronología pública del escándalo de la "parapolítica", como se le conoce en Colombia.
Cuando hace un año era director de la principal fuerza de la coalición oficialista, la Embajada de Estados Unidos le advirtió a Santos que le retiraría la visa si no eliminaba algunos nombres vinculados con el paramilitarismo de las listas de candidatos a las elecciones parlamentarias de marzo.
Otros jefes políticos oficialistas recibieron la misma conminación. Todos ellos optaron por conservar la visa. Pero la mayoría de los expulsados encontraron abrigo en otras listas, también afines al gobierno, y algunos resultaron elegidos.
Sander Levin, presidente del comité de la Cámara de Representantes estadounidense a cargo de analizar el TLC, sostuvo que el tratado comercial no será aprobado tal como lo acordaron los gobiernos, según un informe publicado el sábado por The Washington Post.
Levin agregó, también en declaraciones a ese periódico estadounidense, que el escándalo de la parapolítica hacía peligrar, además, la aprobación del Plan Colombia.
A su vez, el senador demócrata Patrick Leahy propuso un compás de espera "para determinar con quién estamos tratando", según informó el corresponsal de El Tiempo en Washington, Sergio Gómez.
Leahy preside el Subcomité de Apropiaciones del Senado para las Relaciones Internacionales, que decide cuánto y cuándo se girará la ayuda militar a Colombia.
Veinte legisladores estadounidenses visitarán este país andino desde la semana próxima. Por su parte, el presidente estadounidense George W. Bush visitará Bogotá el 11 de marzo.
Según supo IPS, al menos uno de esos legisladores, y de los más influyentes, intentará entrevistarse a comienzos de marzo con representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, coalición de personas, comunidades e instituciones que aseguran haber sufrido ataques de las fuerzas armadas regulares y de grupos paramilitares.
Tras el enfriamiento del vínculo entre Washington y Bogotá por el aporte financiero del narcotráfico a la campaña electoral del ex presidente Ernesto Samper (1994-1998), muchos congresistas estadounidenses votaron el Plan Colombia en apoyo al cambio de clima político que sobrevino con la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002).
Luego, Uribe logró, desde su primer mandato (2002-2006), "perfilarse como un luchador contra el terrorismo y contra el narcotráfico", dijo a IPS Daniel García-Peña, historiador experto en política estadounidense.
"De hecho es el presidente que más narcotraficantes ha extraditado a Estados Unidos", más de 500, agregó García-Peña, integrante del izquierdista Polo Democrático Alternativo, principal rival electoral de Uribe y que condena a las guerrilleras FARC, surgidas en 1964.
La imagen de Uribe como enemigo del terrorismo y el narcotráfico "se va a comenzar a cuestionar profundamente" en Washington a raíz del escándalo de la parapolítica, advirtió el experto.
"El gobierno de Uribe puede pasar de ser visto en Estados Unidos como un aliado en la lucha" contra los narcotraficantes "a un gobierno que está profundamente comprometido" con ellos, sostuvo.
"Ese efecto puede ser realmente muy duro y tener incidencias más profundas y más graves hacia el futuro", pronosticó.
Pero, matizó, Colombia no tiene para Estados Unidos la importancia que tuvo otrora. "Ellos están pensando en Iraq y Afganistán. Además, los cambios que se pueden dar en torno al Plan Colombia no es que se vayan a dar ya", señaló.
Las partidas de asistencia de la actual fase del Plan Colombia, cuya vigencia concluye en los próximos meses, fueron votadas por la anterior legislatura estadounidense. El resultado de las deliberaciones de este año tendrá efecto desde 2008.
Altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos (cancillería) advirtieron en 2006 que su aporte financiero a las fuerzas de seguridad colombianas sufrirá una reducción gradual, dados los resultados económicos del gobierno de Uribe y el cambio de prioridades en la agenda de Washington.
El diario económico Portafolio afirmó que las evidencias encontradas por la justicia en relación con los paramilitares han generado "incertidumbre en el clima de negocios" y "ambiente adverso para la inversión".
Desde la última semana de enero hasta hoy, el Indicador de Confianza en Colombia que lleva ese diario bajó de 59 a 54. Pero poco ha cambiado: entre los 50 y los 70 puntos, ese índice denota un panorama económico "regular", ni bueno ni malo.
El costo aumentará si el indicador cae a menos de 50 puntos y entre así a la categoría de "incierto".
Los estrategas del gobierno de Uribe deben recoger argumentos para que Estados Unidos se olvide de que grupos paramilitares a los que declaró "terroristas", y que están íntimamente vinculados con el narcotráfico, fueron fomentados, entre otros, por la familia de la hasta este lunes canciller María Consuelo Araújo.
Uribe asegura que el vínculo entre paramilitares y políticos se ha conocido gracias a su acción política.
El gobierno reivindica el monopolio estatal de las armas y logró, tras negociaciones secretas, la desmovilización de medio centenar de peligrosos jefes paramilitares y sus cerca de 2.700 no menos sanguinarios subalternos, todos ellos involucrados en crímenes de lesa humanidad.
Pero los paramilitares, al parecer, pudieron haber inflado sus cifras a 31.000 desmovilizados, mediante la contratación de hombres y mujeres solo para que figuraran en la foto de entrega de armas.
De todas formas, con la desmovilización el gobierno logró reducir indicadores importantes de violaciones de derechos humanos.
Uribe ha logrado llevar a una mesa de diálogo a la segunda guerrilla de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El inicio de la quinta ronda de negociaciones está previsto para el 22 de este mes en La Habana. Pero según versiones conocidas por IPS, el escándalo de la parapolítica amenaza con una postergación de la cita. (FIN/IPS/cv/mj/la ip hd cb sl/07)
