Las imputaciones de los abogados de las víctimas y las preguntas del fiscal impacientaron al enjuiciado ex paramilitar colombiano Wilson Salazar, alias «El Loro». Dice que le achacan más de lo que cometió.
"El Loro" está arrepentido de haberse sometido a la Ley de Justicia y Paz, que lo obliga a confesar todos sus delitos si quiere pagar apenas ocho años de prisión por crímenes de lesa humanidad. La norma entró en vigor en 2006 como marco a la desmovilización de las milicias paramilitares activas en la guerra civil de este país.
Entre otros crímenes, "El Loro" disparó y remató a palos a una niña de 13 años que acudió en defensa de su madre, Cecilia Lazo, candidata a alcaldesa del poblado de San Alberto, nororiental departamento del Cesar, cuando ésta fue muerta a tiros en 2000 por el paramilitar.
Ninguna víctima de Salazar asistió a su confesión esta semana en la norteña Barranquilla, capital del Caribe colombiano.
El 20 de enero, fue incendiada la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas cerca de Cartagena de Indias, donde ellas fundaron su nuevo asentamiento, "La Ciudad de las Mujeres". El 28 murió baleado Freddy Espitia, presidente de un comité local de desplazados del también caribeño departamento de Córdoba, en el noroccidente.
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El 31, en Montería, capital de Córdoba, pistoleros en motocicleta asesinaron a Yolanda Izquierdo, líder comunitaria que recogió pruebas para presentar en el marco de la Ley de Justicia y Paz sobre el despojo de tierras de 863 familias campesinas por testaferros de paramilitares.
El 1 de este mes se conoció el asesinato en Maicao, nororiental departamento de La Guajira, de Óscar Cuadrado, líder de la asociación departamental de desplazados.
El miércoles fue muerta a tiros en Apartadó, zona bananera del nororiental departamento de Antioquia, Carmen Santana, quien tras muchas dudas había decidido rescatar la verdad sobre el asesinato en 1995 de su primer marido y padre de dos de sus hijos, un trabajador del banano.
Santana había reorganizado su vida al lado de Hernán Correa, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores.
El gobierno reglamentó el jueves la intervención de las víctimas en los procesos judiciales iniciados en diciembre contra paramilitares de ultraderecha como "El Loro", por crímenes no indultables ni amnistiables.
El decreto del Ministerio del Interior y de Justicia dispone que para asistir a los juicios, las víctimas deben acreditar que lo son, haber denunciado ya penalmente al imputado así como demostrar el "daño directo" sufrido e inscribirse en una base de datos. Para participar en la investigación judicial, deben renunciar por escrito a la reserva de su identidad, prevé la medida, pero no agrega nada sobre la seguridad de las víctimas.
Dos días antes de su asesinato, Izquierdo, de 43 años y quien ponía la cara por sus vecinos, había implorado a las autoridades protección para su vida, por cuarta vez en cinco días y ya entre lágrimas. Le contestaron que el trámite tomaba una semana.
"Siempre hay alguien que tiene que decir las cosas", dijo a IPS Loyar Pineda, que había sido su compañero de escuela en Las Claras, pueblo donde ambos nacieron en el municipio cordobés de Tierralta, líder de esa región y quien perdió a un hermano.
"Uno ve las injusticias y no tiene cómo parar, ni cómo callarse frente a todo lo que uno ve que va a lesionar los intereses de los más desprotegidos", agregó.
La reglamentación "restringió" el acceso de las víctimas a los juicios, señaló a IPS un miembro de la humanitaria Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que lleva a cabo la defensa de decenas de ellas. La realidad es que cerca del "80 por ciento de los casos de violaciones a los derechos humanos están sin denunciar", precisó.
Así, la responsabilidad por esclarecer la verdad "queda en cabeza de las víctimas", advirtió la misma fuente, que pidió ser identificada sólo como CCJ.
En su opinión, el decreto "no avanza absolutamente en nada" y simplemente pasa en limpio "lo que la fiscalía viene haciendo hasta ahora" en los procesos contra los ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), oficialmente disueltas en 2006 tras una negociación secreta con el gobierno del derechista Uribe.
Las víctimas pueden entregar pruebas, sugerir preguntas al fiscal que preside las confesiones y reportar bienes robados que puedan ser usados para la reparación, como hizo Izquierdo.
No pueden estar presentes en la sala donde se lleva a cabo la confesión, sino en recintos alternos independientes donde hasta ahora han podido seguir los juicios por circuito cerrado de televisión.
"Son delitos de lesa humanidad en los que la víctima es la humanidad. Cualquier persona tiene derecho a oír esas confesiones y a estar ahí, y no tiene que demostrar su calidad de víctima directa", comentó la fuente.
Desde sus inicios, en diciembre, las diligencias han estado totalmente cerradas a la prensa. Pero una fuerte presión de asociaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas impuso una revisión de la medida, aunque aún está pendiente la reglamentación de la Fiscalía General de la Nación.
Esa entidad será la que decida si solicita o no la transmisión de una audiencia en directo o en diferido por televisión abierta, y la asignación de los espacios televisivos queda a voluntad de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), presidida por Ricardo Galán, hasta diciembre jefe de prensa de Uribe.
La confesión es la primera etapa de los juicios contra parte de los ex miembros de las AUC, que nucleaban a la mayoría de los escuadrones de la muerte que entraron a escena en diciembre de 1982.
Los 2.695 paramilitares que están comprometidos en crímenes de lesa humanidad pueden acogerse voluntariamente a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, de un total de casi 31.000 que se presentaron para desmovilizarse, según cifras oficiales. El resto fue indultado.
Si en los juicios se demuestra que los procesados no han confesado todos sus crímenes, pasan a la justicia ordinaria, donde enfrentan penas de hasta 40 años.
¿Cómo saber si la confesión ha sido completa? La fiscalía aduce que efectuó un "barrido" de las denuncias que se han hecho en todo el país, pero para la CCJ "ni 100.000 hombres podrían abarcar el territorio y tener tiempo para registrar todas las violaciones a los derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo".
La Organización de las Naciones Unidas atribuye a las AUC 80 por ciento de los crímenes en la longeva guerra colombiana, en la que también actúan, desde 1964, guerrillas izquierdistas y fuerza pública que trabajó en alianza con las Autodefensas.
Aun durante el cese del fuego decretado mientras negociaban con el gobierno, las AUC habrían cometido 61 por ciento de los asesinatos y desapariciones forzadas, según la CCJ.
En enero, los ex jefes de las AUC se opusieron a que se transmitieran las audiencias en directo, argumentando que algunos aspectos de "delicada reserva" podrían poner en peligro sus vidas, porque se afectaría el debido proceso y se crearía un clima de "desconfianza".
El asesinato de Izquierdo fue mencionado por Salvatore Mancuso, ex jefe de las AUC, como uno de los "hechos tenebrosos" que ocurren y ocurrirán. Cerca de cinco mil combatientes han vuelto a las armas, confirmó.
Tras el rearme paramilitar estarían varios ex comandantes que participaron en las negociaciones, pero no aquellos pocos que, como él, se han sometido a la Ley de Justicia y Paz, sostuvo Mancuso, también acusado de narcotraficante. Sus ex compañeros consideran que el gobierno incumplió los pactos, adujo.
