La idea de edificar una empresa estatal petrolera bajo el principio de administración privada cedió en Bolivia ante la fortaleza de la corriente izquierdista que nombró este lunes al tercer presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en lo que va del actual gobierno.
Una pulseada entre un ala técnica y otra alentada por los movimientos sociales provocó la renuncia de Juan Carlos Ortiz, reemplazado por el impulsor ideológico de la nacionalización de los hidrocarburos, Manuel Morales Olivera, uno de los hombres cercanos al presidente Evo Morales.
Según sus colaboradores, Ortiz pretendía conformar una empresa corporativa capaz de enfrentar los nuevos roles surgidos tras la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006, que le conceden la misión de recuperar todo el círculo industrial, desde la exploración hasta la comercialización.
Pero desde el cargo de asesor de la presidencia de YPFB, Morales Olivera jugó las cartas políticas que le dieron el ingrediente "revolucionario" a la recuperación de los recursos petroleros para este país andino donde la pobreza afecta a 67 por ciento de los 9,6 millones de habitantes.
Aunque las primeras críticas apuntan a su aparente falta de conocimiento del sector de hidrocarburos y a su carencia de un título universitario, en una conversación con IPS en mayo, el ahora presidente de YPFB se definió como "filósofo por naturaleza, por historia un político y por necesidad del proceso boliviano un entendido en temas petroleros".
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Morales Olivera representa la segunda generación de una familia que dedicó muchos años a la lucha contra las privatizaciones. Su padre, Manuel Morales Dávila, pagó el precio de esa oposición con 42 días de cárcel por mandato del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien cedió la riqueza petrolera a empresas transnacionales, entre otras reformas que incluyeron a otras cinco compañías estatales.
"Ratifico mi compromiso con la lucha del pueblo por la recuperación de las riquezas naturales y la dignidad a través de la nacionalización de los hidrocarburos", dijo Morales Olivera tras ser investido por el ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Villegas.
El primer presidente de la empresa petrolera durante el gobierno de Morales —iniciado en enero de 2006—, fue el influyente dirigente del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) Jorge Alvarado, quien renunció el 8 de junio, acusado de firmar un contrato de exportación de crudo a Brasil que representaba una pérdida de 39 millones de dólares para el país.
El proceso judicial iniciado contra Alvarado determinó que no hubo comisión de delito.
Su sucesor, Ortiz —profesional nacido en el oriental departamento de Santa Cruz y con trayectoria laboral en grandes compañías extranjeras, como la estatal brasileña Petrobras—, condujo el proceso de renegociación de 44 contratos con las transnacionales para elevar sus tributos hasta 82 por ciento de lo producido en los yacimientos más grandes, un proceso que el gobierno ha denominado "nacionalización".
El gobierno sostiene que durante 2006 las contribuciones de las petroleras extranjeras pasaron de 400 millones de dólares a 1.000 millones de dólares y asegura que obtuvo, por primera vez en 36 años, un superávit fiscal, con un crecimiento de 4,5 por ciento del producto interno bruto anual, estimado en 9.600 millones de dólares.
La nacionalización es "un proceso que genera tareas de responsabilidad nacional y debe tener la participación de todos, con profesionales del área en unidad con las experiencias de los bolivianos y la fuerza de la juventud", dijo Morales Olivera en su discurso.
Funcionarios cercanos a YPFB informaron que durante las tensas discusiones con las petroleras extranjeras, el nuevo presidente de la empresa estatal fue organizador y conductor de los negociadores bolivianos.
En nueve meses, el gobierno consiguió la firma de 44 contratos petroleros con 12 empresas, pero no logró estabilizar la conducción del sector ni de la estatal YPFB, mientras su objetivo de refundarla se debilita por las disputas internas y por la falta de financiamiento para reanudar las actividades operativas que habían sido privatizadas en 1996.
A ello se agrega la renuncia del ministro que condujo la nacionalización, el abogado y periodista Andrés Soliz Rada, quien dejó el cargo en septiembre tras perder respaldo político para recuperar las refinerías, que por ahora siguen en poder de Petrobras.
Ante esas dubitaciones, el Comité Cívico de Camiri, una población tradicional en la producción petrolera en Santa Cruz, 1.000 kilómetros al noreste de La Paz, inició este lunes un paro y un bloqueo de carreteras en demanda de una real nacionalización del petróleo.
En diálogo telefónico con IPS, el dirigente cívico Mirko Orgaz reclamó la recuperación de la totalidad de los campos petroleros y su entrega a YPFB bajo el concepto de una estatización efectiva.
Según el decreto de nacionalización del 1 de mayo, el Estado boliviano es dueño de las reservas petroleras, y las compañías sólo son operadoras que prestan servicios a YPFB y reciben un pago por sus servicios.
Visto de otro modo, en los campos gasíferos con una capacidad mayor a 100 millones de pies cúbicos de gas diarios, 82 por ciento del valor de la producción pertenece al Estado y el 18 por ciento restante es asignado a las compañías que los operan.
Orgaz reclamó al gobierno la reversión de todos los campos petroleros al Estado y la voluntad de nacionalizar y refundar YPFB con carácter operativo, en lugar del papel administrativo que tiene por falta de recursos para ingresar al terreno de la exploración, explotación y comercialización.
El ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, dijo a IPS que las demandas del Comité Cívico de Camiri coinciden con las aspiraciones de su administración e invitó a sus dirigentes a dialogar en La Paz.
