El nuevo secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-Moon, se negó a expresar su opinión sobre la pena de muerte, en contraste con su predecesor Kofi Annan, que se oponía públicamente a la pena capital.
"La cuestión de la pena capital es asunto de cada estado miembro", dijo el secretario general a un grupo de periodistas el martes, en su primer día de trabajo en la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Interrogado acerca de la ejecución el sábado último del ex presidente iraquí Saddam Hussein, Ban declaró: "Saddam Hussein fue responsable de crímenes horrendos y de atrocidades indescriptibles contra el pueblo iraquí. Nunca debemos olvidar a las víctimas de esos crímenes".
Ban se reservó su opinión personal sobre la pena de muerte. Su país, Corea del Sur, es una de las pocas democracias del mundo que apoyan ese castigo, junto con Estados Unidos y Japón.
Los 192 miembros de la ONU están divididos sobre el tema. La Unión Europea, de 27 miembros, rechaza en forma radical la pena de muerte, mientras que Estados Unidos y los 57 países islámicos la respaldan.
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Annan, que dejó la secretaría general de la ONU el 31 de diciembre, se oponía públicamente a la pena capital. También rechazó el veredicto de ejecución impuesto a Saddam Hussein por un tribunal iraquí el mes pasado, aunque condenaba los crímenes cometidos por el dictador iraquí.
"La privación de la vida es algo demasiado absoluto, demasiado irreversible para que un ser humano la inflija a otro, aun respaldado por un proceso legal", manifestó Annan.
Por otro lado, Ban dijo a la prensa que era "firme contra la impunidad". "También espero que los miembros de la comunidad internacional respeten como es debido todos los aspectos del derecho humanitario internacional", agregó.
Interrogado sobre si se debería suspender la pena capital, Ban repitió su respuesta anterior: "He dicho que la pena de muerte es un asunto que cada estado miembro debe decidir".
Ashraf Qazi, representante especial del secretario general en Iraq, declaró el domingo último que "la ONU se opone firmemente a la impunidad y entiende el deseo de justicia de muchos iraquíes".
Sin embargo, aclaró, "la ONU se opone a la pena capital, aun en el caso de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio".
Ante esta aparente contradicción con los dichos de Ban, la portavoz de la ONU, Michele Montas, dijo a la prensa que la referencia del secretario general al derecho humanitario internacional "alude tácitamente al hecho de que la ONU y su Consejo de los Derechos Humanos no reconocen la pena capital".
La portavoz también afirmó que los comentarios de Ban "no representan un cambio en la política de la ONU sobre la pena de muerte".
La ONU no está a favor de la pena capital, pero el secretario general ha dicho a la prensa que es un asunto que cada país miembro debe decidir, aclaró.
Mientras, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, reiteró tras la ejecución de Saddam Hussein que se opone totalmente a la pena de muerte y expresó su preocupación porque el tribunal de apelaciones de Iraq no corrigió las graves fallas del juicio del ex dictador.
"Nos oponemos a la pena de muerte en todos los casos, por ser una violación del derecho a la vida y el castigo más cruel, inhumano y degradante. Esta pena es especialmente aborrecible cuando se impone tras un juicio injusto", declaró Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Medio Oriente y el Norte de África.
"Es aún más preocupante que en este caso la ejecución haya parecido un final anunciado, una vez pronunciado el veredicto original. El tribunal de apelaciones apenas dio un barniz de legitimidad a lo que fue, de hecho, un proceso fundamentalmente defectuoso", sostuvo Smart.
Este juicio será visto por muchos como "la justicia del triunfador", pero "lamentablemente, no hará nada por detener la ola de asesinatos políticos", agregó.
Saddam Hussein fue condenado a muerte el 5 de noviembre de 2006 por la matanza de 148 personas de Al-Dujail, una aldea situada al norte de Bagdad, en represalia por un intento de asesinato en su contra en 1982.
El juicio, que comenzó en octubre de 2005, casi dos años después de la captura del ex dictador iraquí por las fuerzas de ocupación estadounidenses, terminó en julio de este año.
"Todo acusado tiene derecho a un juicio justo, cualquiera sea la magnitud de los cargos en su contra. Este principio fue constantemente ignorado durante las décadas de tiranía de Saddam Hussein. Su derrocamiento creó la oportunidad de restaurar este derecho básico y, al mismo tiempo, de hacer justicia por los crímenes del pasado. Es una oportunidad perdida, y esto se agrava por la pena de muerte", declaró Smart.
"El compromiso de un gobierno con los derechos humanos se mide por la forma en que trata a sus peores detractores", dijo Dicker. "La historia juzgará estas acciones severamente", concluyó.
El activista y escritor pakistaní-británico Tariq Alí recordó en el sitio web CounterPunch que Saddam Hussein era un tirano indiscutido, pero que "la mayoría de sus crímenes fueron cometidos cuando era un estrecho aliado de quienes ahora ocupan el país".
"Merecía un juicio y un castigo justos en un Iraq independiente, no esto. La doble moral de Occidente nunca deja de sorprender. (El ex dictador) Suharto, de Indonesia, que dejó atrás montañas de cadáveres (al menos un millón de víctimas es el mínimo aceptado), fue protegido por Washington. Nunca le molestó tanto como Saddam", escribió Alí.
"¿Y qué hay sobre los que crearon el actual desastre en Iraq?", preguntó. "¿Los torturadores de (prisioneros iraquíes en la cárcel de) Abu Ghraib, los carniceros despiadados de Falluja, los perpetradores de la limpieza étnica de Bagdad, el jefe de prisión kurdo que se jacta de tener a Guantánamo como modelo?"
"¿Acaso (el presidente estadounidense George W.) Bush y (el primer ministro británico Tony) Blair serán juzgados alguna vez por crímenes de guerra? Es dudoso", concluyó Alí.