Veintidós funcionarios de la ONU y de sus misiones de paz fueron asesinados en cinco países en 2006, uno de los años más fatales para el personal del foro mundial.
Las muertes se registraron en Afganistán, Haití, República Democrática del Congo, Sudán y Líbano, según el Sindicato de Trabajadores de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y su Comité de Seguridad e Independencia de los Funcionarios Internacionales.
Además, el año pasado fueron perpetrados 215 ataques violentos contra personal de la ONU y 93 asaltos a mano armada para robar bienes de la organización, así como cinco violaciones y otras nueve agresiones sexuales en perjuicio de funcionarios.
"Solo podemos esperar que la violencia aumente pues crece nuestra presencia en el mundo", señaló Vijay Nambiar, representante del secretario general de la ONU Ban Kin-moon, ante la Séptima Cumbre sobre Seguridad del Personal de la ONU y sus Asociados.
En esta conferencia, concluida el martes, se discutieron las crecientes amenazas a la seguridad que el personal afronta a diario en el cumplimiento de las tareas que le encomiendan los estados miembros.
"La cumbre oficia de recordatorio a las obligaciones de los estados miembro", dijo a IPS el ex vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la ONU Guy Candusso. "Esperamos que los estados miembro sigan comprometidos", subrayó.
"Debemos denunciar a quienes se niegan a reaccionar ante las amenazas que padece nuestro personal, como secuestro, agresiones físicas, asalto, robo, acoso y detenciones", resaltó Dimitri Samaras en su exposición.
"Los gobiernos anfitriones cargan con la principal responsabilidad" de la seguridad de los funcionarios, señaló Samaras, presidente del Consejo de Personal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Población (Unfpa) y de la Oficina de Servicios de Proyectos (Unops).
"El sistema de la ONU sigue afrontando dificultades en la obtención de autorizaciones a tiempo para importar equipos de radio", indicó Samaras. Algunas de las naciones donantes siguen "sin aceptar la inclusión de costos de seguridad como parte del presupuesto de los proyectos", agregó.
La participación de delegaciones gubernamentales en la cumbre fue pobre. Apenas medio centenar enviaron representantes. La ONU tiene 192 estados miembros.
De los cinco países en los que murieron asesinados funcionarios de la ONU, sólo Haití envió un representante.
Sólo 81 naciones ratificaron la Convención sobre Seguridad del Personal de la ONU, aprobada en 1994.
Treinta cuatro estados firmaron el Protocolo Opcional de la Convención que amplía las protecciones legales a todas las operaciones de la ONU, incluidas operaciones humanitarias, de desarrollo y otras no vinculadas al mantenimiento de la paz, no comprendidas en el acuerdo original.
Candusso es optimista. "Hubo suficientes delegaciones en la cumbre como para conseguir las 22 ratificaciones necesarias a fin de que el Protocolo Opcional entre en vigor", señaló.
Tras la sesión plenaria de la conferencia hubo una discusión sobre asuntos de seguridad específicos.
La difícil situación de los voluntarios internacionales fue subrayada por todos los participantes, en especial el que se contrata en el ámbito local.
"Los ataques se duplicaron en los últimos 10 años", indicó Abby Stoddard, investigadora del Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. "Desde 1997, más de 500 voluntarios perdieron la vida", añadió.
La mayoría de las víctimas pertenecen al personal local de los países en cuestión, según el informe presentado en la conferencia "Ayudar en ambientes inseguros: Tendencias en política y operaciones".
"Las agencias humanitarias fracasaron totalmente en la consideración de los principios éticos de transferir los riesgos al personal del país o de organizaciones locales", señala el documento.
Cuando se deterioran las condiciones de seguridad, el personal internacional se retira y delega sus responsabilidades a sus contrapartes locales, indicó Stoddard en el encuentro.
"Es una práctica reactiva y ad-hoc", subrayó.
"No se considera al personal local cuando hay que evacuar, y su seguridad no se toma en serio antes de eso", indicó Masood Ahmed, representante del personal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Funcionarios de la ONU se ven obligados a solicitar el estatus de refugiado porque la organización no puede protegerlos, señaló un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
"La gran mayoría de los incidentes fueron contra los voluntarios", indica el informe de la Universidad de Nueva York.
Fue difícil para los estados miembro ponerse de acuerdo respecto de cómo evacuar, desde el punto de vista logístico y legal, a los trabajadores locales de las zonas de conflicto.
Las contrapartes nacionales reciben menos capacitación en materia de seguridad. Podrían dejarse equipos de radio y mejores vehículos, tras la evacuación del personal extranjero, sugirió. Los proyectos también deberían incluir una mejor evaluación de los riesgos para el personal local. ***** +Convention de Seguridad del Personal de la ONU, en inglés (http://www.un.org/law/cod/sa=fety.htm) +Centro de Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York, en inglés (http://www.cic.nyu.edu/) (FIN/IPS/traen-vf-mj/ms/ks/wd hd gb ip dv/07)
