El gobierno de España asumió este martes que quedó sepultado el camino hacia la paz como consecuencia del atentado atribuido al grupo terrorista vasco ETA, perpetrado el sábado en el aeropuerto internacional de Barajas.
En rueda de prensa, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sentenció que "ETA ha roto, ha liquidado y ha acabado con el proceso de paz" y ha demostrado "su voluntad inequívoca de utilizar la violencia".
Sin una renuncia expresa y confirmada a la violencia por parte de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en lengua vascuence) "es imposible intentar un diálogo y una negociación política", admitieron fuentes gubernamentales a IPS
La bomba derrumbó cinco plantas de la playa de estacionamiento de la terminal cuatro de Barajas, en Madrid, y destruyó dos centenares de vehículos.
También se presume que mató a dos ciudadanos ecuatorianos que se encontraban dentro de sus vehículos y no habrían alcanzado a salir al cundir la alarma policial. Empero, la búsqueda de los equipos de emergencia de bomberos y de las fuerzas de seguridad no ha ubicado restos humanos hasta el momento.
El alerta de las autoridades se lanzó inmediatamente después de que medios de comunicación del País Vasco recibieran una llamada informando del próximo estallido de un artefacto explosivo en Barajas.
Las fuerzas de seguridad continúan removiendo y sacando escombros y vehículos destrozados, mientras se estudian los restos de los explosivos para probar la hasta ahora presunta responsabilidad de ETA en el atentado, que evidenciaría su postura contraria al diálogo con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) .
Ante ello, la reacción contraria al proceso de paz ya no es sólo del PSOE y de la mayor agrupación opositora, el centroderechista Partido Popular (PP), sino también de sectores menores, como la coalición Izquierda Unida (IU), basada en el Partido Comunista.
Otros pronunciamientos trascendentes en el mismo sentido fueron la inequívoca condena del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna esa comunidad, y la de Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao y presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica española.
Blázquez pronunció este martes una homilía con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, en Bilbao, donde dijo que el atentado hirió gravemente las esperanzas de la sociedad vasca, "que desea ardientemente la desaparición de ETA y la liberación de sus amenazas".
Esa declaración quedó lejos de las posturas hacia los etarras expuestas meses atrás por la Iglesia Católica, consideradas complacientes, al manifestar dolor por las víctimas de los atentados pero sin condenar expresamente a los autores.
En la misma línea que Blázquez se definió el portavoz parlamentario del PNV, Josu Erkoreka, quien manifestó que, a la vista de lo ocurrido, "el diálogo hay que romperlo inmediatamente". El atentado demuestra que ETA, inequívocamente, no quiere poner fin a la violencia "sino persistir en el terrorismo", afirmó.
Este martes, varias asociaciones de víctimas del terrorismo repudiaron a ETA y algunas de ellas también al gobierno de Zapatero, al que continúan considerando condescendiente con el grupo armado vasco.
Todo indica que estos temas estarán sobre la mesa de las reuniones convocadas por el gobierno español para la próxima semana con los representantes de las demás fuerzas parlamentarias y que la discusión se centrará en cómo se concretará la política antiterrorista, ya que difícilmente alguno de los partidos plantee que se deba volver a hablar de negociación.
Este proceso en busca de la paz comenzó en marzo, cuando el Congreso de los Diputados autorizó Zapatero a dialogar con ETA y a propuesta de éste puso como condición que previamente el grupo terrorista hiciese una renuncia expresa a la violencia.
En junio se iniciaron diálogos informales entre representantes gubernamentales de nivel intermedio y dirigentes etarras, que, si hubieran culminado bien, habrían dado paso al diálogo formal.
En esa oportunidad, Zapatero lo informó públicamente diciendo: "Quiero anunciarles que el gobierno va a iniciar un diálogo con ETA manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resuelven con los representantes legítimos de la voluntad popular".
Como anticipando lo que podría ocurrir, añadió que "el proceso va a ser largo, duro y difícil". Muy largo no fue, porque ya está roto, pero se manifestó evidentemente difícil al mantener ambas partes la defensa de sus posiciones sin pasos atrás.
La postura del gobierno era mantener las puertas abiertas a la espera del anuncio del alto el fuego definitivo, apoyado por todos los partidos, aunque PP lanzase continuas críticas a Zapatero afirmando que él ya estaba negociando a espaldas del Parlamento.
A ese respecto, el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, afirmó este martes que las fuerzas a sus órdenes nunca estuvieron en tregua, sino que continuaron trabajando "con la hipótesis de que ETA pudiera volver a la actividad armada".
También indicó que se trabajó "con toda la presión y sin rebajar ni un milímetro la lucha contra ETA", demostrada con la detención de integrantes de ese grupo en varias oportunidades, poniéndolos a disposición de la justicia.
En las conversaciones informales, los representantes del gobierno plantearon a los etarras con claridad que, para negociar, la organización vasca tendría que anunciar públicamente su renuncia al empleo de la violencia, subrayaron a IPS fuentes oficiales.
En tanto, ETA y su brazo político, la ilegalizada Batasuna, presentaron reivindicaciones política de gran calibre, que se resumen en el reclamo al derecho a la independencia del País Vasco, integrado a su entender por las tres provincias que hoy constituyen esa comunidad autónoma, más la de Navarra y tres departamentos de la vecina Francia.
Los ciudadanos de Navarra ya se pronunciaron por referéndum en 1979 en contra de integrarse al País Vasco y se constituyeron en una de las 17 comunidades autónomas de España, mientras que en Francia las demandas independentistas son prácticamente inexistentes, además de no permitirlas la Constitución de esa nación.
¿Realmente quería ETA negociar la paz o simplemente ganar tiempo para recuperarse de los duros golpes represivos que había recibido? Todo indica que desde un primer momento la paz no estuvo en sus objetivos, según analistas.
Al respecto, el diario madrileño El País informó de que expertos antiterroristas franceses le informaron de que los etarras "están metidos en una dinámica frenética de renovación organizativa", reclutando nuevos miembros, jóvenes, y dispuestos a reiniciar sus operaciones, como lo hicieron.
Según la policía francesa, ETA tendría en ese país entre 150 y 200 activistas, que siguen robando automóviles y aprovisionándose ilegalmente de explosivos. En España, sus efectivos son sensiblemente menores, sostienen fuentes policiales.
