Legisladores opuestos al embargo de medio siglo contra Cuba, pertenecientes a los dos grandes partidos de Estados Unidos, confían en que este año, con un nuevo Congreso de mayoría opositora, puedan aliviarse las sanciones.
Una coalición legislativa anunció una campaña para revertir el afianzamiento del embargo registrado en seis años de gobierno de George W. Bush.
La alianza se constituye de liberales del opositor Partido Demócrata procedentes del noreste y la costa occidental estadounidense y conservadores del gobernante Partido Republicano de los estados agrícolas del Medio Oeste y el Valle del Mississippi.
Estos legisladores, apoyados por un grupo de grandes empresas estadounidenses denominado USA*Engage, consideran posible eliminar restricciones a la exportación de alimentos a Cuba y a los viajes a la isla, en especial de cubano-estadounidenses con familiares en su país de origen.
"Las cosas mejoran. Podemos hacer algunos avances reales", dijo el representante demócrata Jim McGovern, miembro de una delegación de 10 legisladores que viajaron a Cuba en diciembre. El director de USA*Engage, Jake Colvin, integró el contingente.
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Mientras se procesa este debate, continúan las especulaciones sobre la transición política que se procesa en Cuba desde que el presidente Fidel Castro, de 80 años, cedió en julio la escena a su hermano Raúl, debido a una enfermedad gástrica que lo mantiene convaleciente.
Hasta ahora, la transición ha avanzado más de lo que muchos observadores preveían, lo que causó gran desazón al gobierno de Bush y a la comunidad cubano-estadounidense anticastrista que tiene su epicentro en Miami.
Una de las representantes de esta comunidad, la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen, llegó ha proponer recientemente el asesinato de Castro.
Si el Partido Republicano hubiera mantenido la mayoría en la Cámara de Representantes (baja) tras las elecciones de noviembre, Ros-Lehtinen habría tenido grandes posibilidades de presidir su Comité de Relaciones Internacionales.
Pero, aun con los republicanos en posición minoritaria en el Congreso, habrá límites para la acción de los aperturistas.
A pesar de que la mayoría de los representantes y del Senado se pronunciaron en varias ocasiones durante el gobierno de Bush en favor de eliminar las restricciones a los viajes a Cuba, hasta ahora no lograron alcanzar los dos tercios de cada cámara necesarios para eludir el veto presidencial.
Bush, hasta ahora, sólo amenazó con apelar al veto, pero eso fue suficiente para precipitar las iniciativas.
Eso podría cambiar ahora, a pesar de que Bush cuenta aún con capacidad de ordenar a suficientes legisladores republicanos que mantengan el veto, según el analista en asuntos cubanos Geoff Thale, de la Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA).
Pero el equilibrio de poder ha cambiado, por lo que Bush se verá obligado a negociar concesiones que antes descartaba, agregó el experto.
"A pesar de todos los cambios, el Congreso no podrá poner fin por completo al embargo u obligar al gobierno a hacerlo", explicó Thale a IPS. "Pero confío en que votará el cese de la prohibición a los viajes y, ante una amenaza presidencial de veto, promover cambios reales en la política exterior estadounidense."
"Los demócratas avanzaron lo suficiente como para encarecer el costo político del veto", sostuvo. Los cambios incluirían permitir a los cubano-estadounidenses con familia en Cuba viajar más de una vez cada tres años, como es norma desde 2004, evaluó Thale.
Además, el gobierno podría acordar ampliar intercambios como los educativos, ampliados durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) y muy restringidos en el de Bush.
Desde el último año de Clinton en la presidencia, la cantidad de estadounidenses sin origen cubano que viajaban legalmente a la isla cada año cayó de más de 100.000 a apenas 3.000, según el analista de WOLA.
Mientras los viajes a Cuba fueron autorizados por el Poder Ejecutivo, fue el Congreso el que permitió en 2000 las exportaciones agrícolas al país caribeño, aunque a condición de que el pago debía realizarse en efectivo.
De todos modos, las ventas agrícolas a la isla llegaron en 2004 a una cifra considerable —750 millones de dólares—, pero ese año Bush impuso nuevas regulaciones, como la prohibición a bancos estadounidenses de financiar esas transacciones y dificultar la acción de los bancos extranjeros.
Como consecuencia, las exportaciones cayeron, aunque el gobierno cubano asignó este año 543 millones de dólares a la compra y transporte de alimentos estadounidenses, según la representante Jo Ann Emerson, una republicana del estado de Missouri que integró la delegación de diciembre.
Emerson consideró que Estados Unidos podría vender a Cuba mil millones de dólares adicionales. La legisladora advirtió que China está aprovechando el vacío para elevar su participación en el mercado cubano, ofreciendo créditos a las exportaciones de los que no disponen las empresas del país norteamericano.
La diputada estadounidense es una de la que exhortan a Washington a realizar concesiones más que continuar aislando a La Habana, en especial durante este periodo de transición.
Incluso ex presos políticos cubanos con quienes la delegación se reunió en Cuba "dijeron que la política (estadounidense) no está funcionando", dijo Emerson el martes en una conferencia de prensa copatrocinada por USA*Engage y el Centro para la Democracia en las Américas (CDA).
"La población no se siente tan oprimida como muchos aquí (en Estados Unidos) quieren que ustedes crean", advirtió.
Luego de la conferencia de prensa del martes, Emerson y la representante Jane Harman, de California, se dirigirán la semana próxima a un auditorio del influyente Consejo sobre Relaciones Exteriores.
Mientras, los colíderes de la delegación, el demócrata William Delahunt y el republicano Jeff Flake, participarán en la sede del Congreso de una conferencia patrocinada por la organización Diálogo Interamericano.
McGovern y Emerson enfatizaron en que perciben poco ímpetu en las gestiones por el cambio en Cuba dentro del gobierno de Bush, a pesar de sus temores por un eventual aumento de la emigración tras la salida de Fidel Castro del Poder.
Al mismo tiempo, aseguraron las legisladoras, hubo presiones dentro del Departamento (ministerio) de Defensa por el inicio de contactos formales entre las fuerzas armadas de los dos países.
La falta de voluntad del Poder Ejecutivo deja a cargo del Congreso la tarea de iniciar el proceso de cambios, los cuales tendrán un mayor efecto en las reformas democráticas dentro de Cuba que la actual política, agregaron McGovern y Emerson.
"Si cambiamos nuestra política, las cosas comenzarán a cambiar naturalmente en el terreno", según McGovern.