Al asumir como nuevo presidente de Ecuador, Rafael Correa definió a su gobierno como bolivariano, reivindicó el «socialismo del siglo XXI», insistió en la necesidad de la integración de América del Sur e instó a los gobiernos de la región a unirse para reestructurar la deuda pública.
"La noche neoliberal comenzó a quedar atrás", como los demuestran los gobiernos de Venezuela, Brasil, Bolivia, Uruguay, Argentina, Nicaragua y "ahora Ecuador", sentenció ante la presencia de numerosos gobernantes de distintos países, entre ellos su declarado amigo Hugo Chávez, presidente de Venezuela e impulsor del enunciado socialista manejado por Correa en su discurso.
Repitiendo la frase "alerta, alerta, que camina, la espada de Bolívar por América" Latina, Correa mostró una réplica de esa arma que le obsequió el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como símbolo de un tiempo de cambios en la región.
El mandatario entrante, un economista de 43 años, aseguró que la integración de América del Sur debe basarse en la "cooperación y la complementariedad" y oponerse a la "globalización neoliberal que quiere convertir a los países en mercados, no en naciones".
Pidió a los gobiernos avanzar en la "institucionalización" de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que debería denominarse "Nación Sudamericana", porque los países del sur del continente constituyen "una sola nación".
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Dentro de esa "institucionalización", Quito fue ofrecida como sede de la futura Secretaría Permanente de la Comunidad a los presidentes visitantes de la región, como Chávez, Evo Morales, de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, Michelle Bachelet, de Chile, Álvaro Uribe, de Colombia, Nicanor Duarte Frutos, de Paraguay, y Alan García, de Perú.
También estuvieron presentes en la ceremonia los mandatarios René Préval, de Haití, Mahmoud Ahmadinejad, de Irán, y Daniel Ortega, de Nicaragua, los vicepresidentes Carlos Lage, de Cuba, Daniel Scioli, de Argentina, Rodolfo Nin Novoa, de Uruguay, Eduardo Stein, de Guatemala, Rafael Alburquerque, de República Dominicana, y Vicente Williams, de Honduras.
Entre las delegaciones llegadas para el acto de asunción presidencial se contaron la de República Árabe Saharaui Democrática y el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la corona española, además de decenas de menor rango de otros países.
En el camino de esa integración, Correa instó a los gobiernos a trabajar por una "legislación regional" que proteja "los derechos laborales".
Criticó las formas de "flexibilización laboral" y la "tercerización" que proliferaron en los años 90, pues han "producido mayor precarización laboral y más pobreza".
"No podemos rebajar el trabajo humano a una simple mercancía", argumentó el nuevo mandatario.
Correa aseguró también que la políticas económicas neoliberales, cuyo "fin último es controlar la inflación y el riesgo país (índice que mide la probabilidad de que los países honren sus obligaciones) aunque la gente no coma", que se aplicaron en Ecuador y en el resto de América Latina solo sirvieron para aumentar la pobreza y las desigualdades.
Recordó que, paradójicamente, a Ecuador "lo mantienen los pobres", porque "sin las remesas" de los "tres millones de emigrantes", que debieron abandonar el país por falta de trabajo, "hubiese colapsado la dolarización y la economía".
Al mencionar a los emigrantes, recordó a los dos ecuatorianos muertos hace 15 días en el aeropuerto de Barajas, en la capital de España, como resultado de un atentado del grupo separatista vasco ETA.
"Agradezco al Príncipe de Asturias y al gobierno español por la solidaridad ante la irracionalidad de los criminales de ETA", afirmó Correa.
Aseguró que una "patria digna y soberana más que liberar mercados" debía "liberar ataduras nacionales e internacionales".
En ese sentido anunció que dentro de la política económica se dará un nuevo tratamiento al endeudamiento externo.
Por un lado, aseguró que lo primero es "vencer la cultura de endeudamiento y sobreendeudamiento" y por eso el gobierno que inaugura sólo contraerá deuda "cuando sea indispensable" y para "inversión productiva".
Criticó a los gobiernos que le precedieron que contraían obligaciones financieras para pagar compromisos anteriores, y propuso formar un llamado "Tribunal Internacional de la Deuda" para que determine cuál es justa y cuál no, ya que los países han pagado más de los que recibieron.
Llamó a los gobiernos latinoamericanos a unirse para renegociar la deuda en forma conjunta y así conseguir su reestructuración.
"Luchando unidos podemos pagar lo que no comprometa los objetivos sociales" de nuestros países, teniendo como meta "los Objetivos del Milenio", los ochos grandes compromisos asumidos en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas, añadió.
"No necesitamos una condonación de la deuda, sino una reestructuración", argumentó.
"Iremos a una renegociación soberana y firme de la deuda ecuatoriana y, sobre todo, de las inadmisibles condiciones que nos impusieron en el canje del año 2000", afirmó.
En noviembre, la deuda pública de Ecuador alcanzó los 10.328,3 millones de dólares, equivalentes a 25,3 por ciento del producto interno bruto (PIB), según el Banco Central.
Dijo además que pondría en práctica "una nueva concepción de desarrollo en la que el Estados, la planificación y la actuación colectiva tengan preponderancia".
Aseguró que los países desarrollados deberían crear un fondo para compensar a los países de la cuenca amazónica por la generación de oxígeno.
Argumentó que éste "es un bien de valor que no tiene precio", pero el mundo industrializado debería "compensar a los países amazónicos", porque del oxígeno que se produce en éstos "se nutre todo el planeta".
Aseguró que esos recursos podrían ser utilizados para conservar la Amazonía, e incluso pagar a los acreedores.
Dijo que no es justo tener que brindar oxigeno al mundo sin cobrar, mientras la importación de maquinaria para agricultura desde los países ricos tiene costos muy elevados.
Antes de posicionar a sus ministros Correa firmó el decreto presidencial mediante el cual pide al Tribunal Supremo Electoral y al Congreso unicameral el llamado a referéndum para consultar a la población si está de acuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
El mandatario afirmó que, en Ecuador, "la institucionalidad ha colapsado" y que "una vez superado" el "dogma neoliberal", es necesaria una nueva Constitución que "prepare al país para el siglo XXI".
En ese marco se encuadra el planteo de convocar a referéndum para que sea "el soberano" el que "ordene o niegue", según palabras de Correa.
"Convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político y social en el que el país se encuentra sumergido", indicó.
Tras el acuerdo alcanzado el viernes pasado con el Partido Sociedad Patriótica, liderado por el ex presidente Lucio Gutiérrez (2002-2005), y el Partido Roldosista Ecuatoriano del ex presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), el flamante gobierno se aseguró los votos para que la consulta sea aprobada en el TSE y en el Congreso.
