España logró avances importantes en la lucha contra la discriminación social, en especial desde la llegada al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, dijo a IPS Manuel Martín Ramírez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana (ANPG).
Hasta ahora, más de 200 entidades ciudadanas españolas adhirieron a la resolución de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, de declarar a 2007 como Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todas las Personas, con el objetivo de eliminar las discriminaciones, de cualquier tipo que sean.
La resolución, propuesta por el Parlamento Europeo, se fijó como objetivo concienciar sobre los problemas de la discriminación múltiple y destacar que todas las personas tienen derecho al mismo trato sin distinción de sexo, origen étnico o racial, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Esteban Ibarra, presidente del no gubernamental Movimiento contra la Intolerancia, manifestó a IPS que esos problemas están latentes en el seno de todos los países de la Unión Europea, con violencia social en su seno. "Y en Europa del este el odio racial alcanza cotas de terrorismo, por ello se requiere algo más que declarar un año europeo", precisó.
Uno de los temas en los que más se nota la discriminación en España, además de la de género, es con los inmigrantes, "donde la xenofobia se manifiesta en todos los países, aunque haya diferentes niveles, y en España sea menor que en otros", adicionó.
La ANPG fue creada en 1972 y legalizada en 1976, al comenzar la transición democrática después de la muerte el año anterior del dictador Francisco Franco, quien se mantuvo en el poder desde 1939.
En ese entonces, la ANPG propuso la creación de un Consejo Estatal Gitano que, finalmente, fue creado el 22 de julio de 2005. En ese ámbito hay 20 representantes de organismos estatales y otros 20 de organizaciones no gubernamentales.
Para Ramírez, quien saludó como positiva la constitución del Consejo, ahora no se trata de promulgar nuevas leyes, sino de hacer cumplir la Constitución aprobada en 1978 y vigente en la actualidad, que consagra la igualdad de derechos.
Para ello considera fundamental que los sistemas educativos y los medios de comunicación asuman "el desafío de trabajar positivamente para eliminar la discriminación".
En su opinión, hay un profundo déficit socio-cultural, que es una de las bases de la discriminación, sea racial, étnica, sexual o de cualquier otro tipo.
"Y eso es posible encararlo ahora porque el presidente Zapatero ha demostrado una voluntad real de sacar este asunto adelante", concluyó el dirigente gitano.
Estrella Rodríguez, directora general de Integración de los Inmigrantes, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quien encabeza una comisión integrada por representantes de cinco ministerios, anunció el lunes que se ha elaborado una estrategia para promover la igualdad. Esa iniciativa será presentada en febrero para su aprobación en la Comisión Europea, añadió, aunque no anticipó el contenido de la misma. El Congreso de los Diputados respaldó en su último pleno del año pasado el proyecto de ley orgánica de igualdad, que establece por primera vez en España un permiso exclusivo de paternidad de 15 días, así como la paridad en las listas electorales, los planes de igualdad obligatorios en las empresas y las exenciones a la Seguridad Social para trabajadoras autónomas, entre otras medidas.
Fuentes gubernamentales anticiparon su propósito de ir ampliando el tiempo de que dispondrán los padres como permiso laboral al nacer sus hijos, sin que ello implique rebajar el de las madres.
En esa línea, 60 por ciento de las acciones oficiales comprendidas en el Plan de Empleo están dirigidas a las mujeres.
Por ello al convocar a empresas, para encomendarles trabajos, los organismos públicos establecen que tendrán prioridad aquellas que favorezcan la contratación de mujeres.
También se estableció que las mujeres que trabajen autónomamente, sin dependencia laboral de empresas o instituciones de cualquier tipo, estarán exentas de pagar el impuesto de la Seguridad Social.
Las autónomas pueden gozar de esa exención, sin que ello merme para nada sus derechos a la sanidad social y a la jubilación, que normalmente están condicionados al pago de ese impuesto.
En especial se ha puesto el acento en que se impulse la igualdad de género en los organismos y empresas públicas, pues a fines de 2005 solamente había 19 por ciento de mujeres en los consejos de dirección de los mismos, con la excepción de la agencia oficial de noticias EFE y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en cuyos órganos directivos hay la misma cantidad de mujeres que de hombres.
