Al ignorar los derechos humanos desde Iraq hasta Nigeria, las corporaciones multinacionales consolidan una cultura de abusos e impunidad que resulta difícil de erradicar, advirtió un célebre combatiente contra el racismo en Sudáfrica.
El ex ministro de Educación y actual legislador Kader Asmal dijo que estos abusos abarcan un espectro muy amplio, que va de la degradación ambiental en todo el mundo a la existencia de más de 90.000 "contratistas de seguridad" (mercenarios) involucrados en turbios negocios en Iraq.
"Esos contratos no siguen los criterios de transparencia fijados por el derecho internacional. Muchas de las compañías, administradas desde países poderosos, son responsables de crímenes de guerra", dijo Asmal, de profesión abogado.
No existe ningún registro oficial de la cantidad de firmas de seguridad que operan en Iraq, algunas de las cuales fueron establecidas de modo ilegal, según diversas versiones.
Pero el periódico estadounidense The Washington Post apeló al primer censo de la creciente población civil que se desempeña en el campo de batalla realizado por las fuerzas armadas para establecer que en Iraq operan unos 100.000 mercenarios al servicio del gobierno de George W. Bush.
Estos civiles están involucrados en numerosas actividades vinculadas con lo militar, incluido el suministro de equipo bélico, la construcción de cuarteles y servicios de seguridad privada a altos funcionarios iraquíes.
Asmal dirigió la palabra ante más de 150 activistas y expertos en una conferencia de la Fundación para los Derechos Humanos, con sede en Pretoria, sobre "Negocios, responsabilidad y derechos humanos".
Los participantes de la reunión, celebrada los días 16 y 17 en Johannesburgo, coincidieron en considerar lento el avance de la cultura de derechos humanos en el sector privado de todo el mundo.
O bien falta interés o bien hay reticencia entre los empresarios, afirmaron.
"A los empresarios no les gustan los derechos humanos", dijo a IPS Yasmin Sooka, directora ejecutiva de la Fundación para los Derechos Humanos.
"Esta campaña es un proceso. En Sudáfrica salimos del apartheid (régimen de segregación racial institucionalizada que oprimió a la mayoría negra hasta 1994) hace apenas unos años. Nos llevará tiempo ponernos al día con el resto del mundo", opinó.
"Necesitamos un código de conducta para las empresas sudafricanas que operan en el resto de África. Asistí a una reunión con africanos educados que se quejaron por el comportamiento de las compañías sudafricanas. No queremos que estas empresas perjudiquen la reputación del país", advirtió Asmal.
"Me preocupa que las firmas sudafricanas no observen el derecho laboral en los países donde operan", dijo.
Las empresas de la Unión Europea y América del Norte también adoptan con lentitud la causa de los derechos humanos. El abogado estadounidense Christopher Avery explicó que hace 10 años no podía usar la expresión "derechos humanos" al dirigirse a la comunidad empresarial.
"Eso habría cortado la discusión inmediatamente. Yo usaba eufemismos como 'imperio de la ley' para referirme a los derechos humanos", dijo Avery, quien trabajó para la organización Amnistía Internacional y hoy dirige el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos.
"Ahora el mundo empresarial acepta esas palabras, destacó Avery, en cuyo sitio web http://business-humanrights.org participan 3.500 empresas.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, informó en diciembre que las empresas norteamericanas y europeas están a la vanguardia de la aplicación de principios de derechos humanos en áreas como la administración de la cadena de distribución.
En un estudio titulado "Reconocimiento empresarial de los derechos humanos: Modelos globales, y variaciones regionales y sectoriales", el Alto Comisionado señaló que dos tercios de las empresas de Estados Unidos encuestadas y alrededor de 60 por ciento de las europeas abordan estas preocupaciones.
Según el informe, elaborado por Michael Wright y Amy Lehr, alrededor de 66 por ciento de las empresas analizadas reconocen tanto la libertad de asociación como el derecho a la negociación colectiva, proporción que se eleva a casi 75 por ciento de las compañías europeas reconocen ambos derechos.
En cuanto a las norteamericanas, son 63 por ciento, y alrededor de la mitad de las restantes regiones (Asia, Pacífico y África).
La investigación también se centró en el trabajo infantil, un problema serio en África y Asia, cuya abolición reconocen como principio alrededor de 65 por ciento de las empresas europeas y norteamericanas y la mitad de las de Asia-Pacífico.
Tres de cada cinco empresas africanas, en cambio, mencionan como prioridad la abolición del trabajo forzado, mientras apenas 25 por ciento destacan la abolición del trabajo infantil.
Sufian Bukurura, profesor de derecho en la sudafricana Universidad de KwaZulu Natal, dijo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sólo comenzó a establecer vínculos serios entre derechos humanos, negocios y desarrollo en 1989.
El Compacto Global de las Naciones Unidas, establecido en 2000, compromete a las firmas en la implementación de prácticas respetuosas de los derechos humanos, los principios laborales, ambientales y contra la corrupción. Lo integran más de 3.000 compañías, la mitad procedentes de países en desarrollo.
La ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, dijo en la conferencia en Johannesburgo que desde ese puesto promovió normas de ética empresarial. "Pero la mayoría de los empresarios se oponían aterrorizados", agregó.
"Sin embargo, algunos tomaron prestada la norma, la modificaron y la entregaron a otras compañías. Como persona sin ningún antecedente empresarial, yo aprendí mucho del trabajo en red y de las discusiones que siguieron", relató Robinson, fundadora en 2002 de "Realising Rights: The Ethical Globalisation Initiative" ("Tomar conciencia de los derechos: la iniciativa de la globalización ética").
Frene Ginwala, vicerrectora de la Universidad de KwaZulu Natal, criticó en la conferencia a organizaciones como Transparencia Internacional por concentrarse en quienes reciben sobornos y no en quienes los pagan. "No vamos a resolver el problema de la corrupción hasta que involucremos a los ciudadanos", dijo.
Hassan Lorgat, presidente de la filial sudafricana de Transparencia, dijo que el terreno de la corrupción es dominado por multinacionales con dinero. "Mi función es presionar para que haya una agenda de desarrollo" dentro de su organización, dijo a IPS.
Cuando el ex arzobispo anglicano Desmond Tutu fue designado presidente de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación que investigó las atrocidades del apartheid, Sampie Terreblanche, profesor de economía en la sudafricana Universidad de Stellenbosch, solicitó la creación una Comisión de la Verdad Empresarial.
La aspiración era investigar acusaciones de delitos de la era del apartheid cometidos por empresas multinacionales como el gigante minero Anglo-American. "Algunas de estas compañías ayudaron al apartheid y explotaron a negros durante un siglo", dijo a IPS.
Desafortunadamente, los empresarios locales estuvieron ausentes de la conferencia. Un organizador dijo a IPS que muchos fueron invitados pero no concurrieron.
Una invitada que pidió no revelar su identidad consideró lamentable que la conferencia criticara a la comunidad empresarial por no adherir al principio de respeto de los derechos humanos.
Solamente a través del compromiso constructivo se puede abordar asuntos de derechos humanos en los negocios, dijo a IPS.
