La cantidad de personas encarceladas por motivos políticos disminuyó el año pasado en Cuba, pero de modo tan insignificante que no parece demostrar un cambio de política desde el retiro temporal en julio por enfermedad del presidente Fidel Castro, según fuentes disidentes.
"A lo largo de 2006, la situación de derechos civiles, políticos y económicos en Cuba continuó siendo muy negativa", afirmó este martes en un comunicado la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRC), una organización opositora que solicitó su registro legal ante las autoridades cubanas en 1987.
"El equipo provisional de gobierno designado por el Comandante en Jefe Fidel Castro (quien puso en manos del general Raúl Castro, el 31 de julio de 2006, las máximas responsabilidades del gobierno, del Estado y del partido único gobernante), no ha hecho nada para mejorar la situación de los mencionados derechos fundamentales", añadió el texto.
El texto, firmado por Elizardo Sánchez y Carlos J. Menéndez, añade que "la parálisis" que vive esta isla caribeña responde a que todas las políticas implantadas por el presidente Castro, tanto en los asuntos internos como en las relaciones exteriores, "se siguen aplicando al pie de la letra".
El gobierno no reconoce la legitimidad de este tipo de informe ni de organizaciones como la CCDHRC que, según fuentes oficiales, no tienen una real incidencia en el país y sólo existen porque son promovidas y financiadas por las autoridades de Estados Unidos.
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A la hora de hablar de derechos humanos, la cancillería resalta los logros alcanzados por el país en materia social y las garantías que gozan sus 11,2 millones de habitantes en materia de educación, salud y empleo.
La ausencia de otros derechos son atribuidos oficialmente a la necesidad de este país de defenderse frente a un gobierno extranjero (Estados Unidos) que promueve la insubordinación interna y declara públicamente su voluntad de apoyar un cambio de gobierno y sistema en la isla.
En tanto, la Comisión asegura que en Cuba se violan los derechos que consagran las libertades de asociación, opinión, prensa, movimientos de personas, información, reunión, expresión y manifestación, el derecho a trabajar libremente fuera de la "tutela explotadora del gobierno" y a organizar sindicatos o partidos políticos.
Así y todo, la "lista parcial de personas sancionadas por motivos políticos o político-sociales", que el grupo publica cada semestre a partir de casos documentados con fuentes familiares, muestra un descenso de la cantidad de presos políticos de 333 a fines de 2005 a 283 el 31 de diciembre de 2006.
Según el comunicado, la cifra puede estar reflejando "una intención gubernamental" de reducir "el total de presos políticos sobre la base de imponer menos condenas a prisión y conceder algunas excarcelaciones anticipadas de manera muy selectiva". Se trataría, asegura, de un cambio en la "estrategia de represión política".
"Estamos ante una represión política de mediano perfil. Por un lado se evitan los encarcelamientos prolongados y la organización de nuevos procesos policiales y, por el otro, vemos un aumento de las acciones represivas con muchas detenciones, amenazas, actos de repudio y advertencias policiales", dijo Sánchez a IPS. A su juicio, a menos que ocurra un "milagro político bajo la forma de cambios modernizadores en los órdenes jurídico, económico, político y cultural", la situación de los derechos civiles, políticos y económicos "podría empeorar aun más a corto y mediando plazo".
"La reacción instintiva de estos regímenes ante cualquier expresión de descontento es la represión", opinó el activista.
De la lista de la Comisión, sólo 78 casos son considerados prisioneros de conciencia por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, y 12 de ellos se encuentran en libertad, cumpliendo sus condenas bajo la llamada licencia extrapenal. La CCDHRC ha solicitado la inclusión en la lista de este grupo, con sede en Londres, de otros 20 casos.
La relación incluye 45 sancionados por cargos de terrorismo, 40 por piratería (por lo general asociada a intentos de salida ilegal del país), dos casos de piratería y asesinato, 32 por peligrosidad y 42 por actos contra la independencia y la integridad territorial del Estado.
Se incluyen 30 sancionados por violar la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía Cubana, considerada la respuesta legal cubana a la estadounidense ley Helms-Burton que endureció las sanciones contra la isla en 1996.
También aparecen los integrantes del grupo de 75 disidentes y periodistas independientes sancionados en la primavera de 2003, de los cuales 16 fueron dejados en libertad con licencia extrapenal por problemas de salud. El último liberado de este grupo fue el sociólogo Héctor Palacios, el 6 de diciembre.
"No soy de los que piensan irse (marchar al exilio) y si me hubieran puesto eso como condición no estaría aquí", afirmó Palacios en sus primeras declaraciones a la prensa.
El disidente cubano reconoció que había recibido una excelente atención médica, pero, al mismo tiempo, atribuyó sus serios problemas de salud a las condiciones en que se encontraba recluido.
Otro caso que permanece en la lista de la Comisión y que habría sido liberado el 12 diciembre es el del guatemalteco Jazid Fernández, condenado a 10 años de privación de libertad por terrorismo.
Fernández fue puesto en libertad tras cumplir ocho años y nueve en prisión, confirmó el lunes a la prensa la cónsul guatemalteca en Cuba, Sara Solís.
"Todos los informes que recibimos de las autoridades penitenciarias donde estuvo dicen que mantuvo buena conducta. Se le otorgó una rebaja de su condena, que era de 10 años impuesta en diciembre de 2001, fue debidamente documentado y se le envió a nuestro país", detalló la diplomática al diario guatemalteco Siglo XXI.
Cifras diferentes a la de la CCDHRN aportó, a fines del año pasado, la Coordinadora Nacional de Presos y ex Presos Políticos (CNPP).
Según un informe de esa organización, el número de presos políticos asciende a 339 en la actualidad, 77 menos que en 2005. De ese total, nueve están condenados a cadena perpetua, más de 70 a más de 20 años, 112 son considerados presos de conciencia y se nota un "aumento significativo" de la cantidad de mujeres detenidas por delitos políticos.
"Al comenzar este año, teníamos tres prisioneras", pero "cerramos el año con 28 mujeres, de ellas 27 en prisión y una en libertad extra penal", indicó Aída Valdés, presidenta de la CNPP.
A diferencia de la apreciación de la Comisión, el portavoz de la coalición de corte moderado Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, aseguró a IPS que sí se están notando algunos cambios sutiles en el país y que los grupos de la oposición habrían sido menos hostigados en los últimos meses.
Según Cuesta Morúa, han disminuido los actos de repudio, las reuniones opositoras en espacios cerrados han podido realizarse sin problemas, se han liberado personas que estaban detenidas sin juicios e impuesto breves condenas en casos que antiguamente merecían años de prisión.
Los límites quizás están en la calle pues, asegura, el gobierno no puede permitir manifestaciones públicas que puedan generar "una reacción en cadena e írsele de las manos". En cualquier caso, "el esquema de represión está agotado" y el gobierno intenta "sacarle presión a la caldera", afirmó el portavoz de Arco Progresista.
Por su parte, el comunicado de la CCDHRN reconoce que esa organización opositora no aprecia "factores o componentes capaces de ejercer una presión efectiva desde el interior de la sociedad sobre el gobierno de Cuba para que éste inicie un proceso de reformas modernizadoras".
