En vísperas del inicio de la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones en Bolivia, su presidente Evo Morales soporta una huelga de hambre de un millar de opositores que protestan por la imposición oficialista de la mayoría absoluta para aprobar los cambios a la Carta Magna.
A pesar del pedido presidencial de una tregua, la derecha opositora ha conseguido fortalecerse por primera vez en los últimos tres años y moviliza a decenas de personas que respaldan al conservador Poder Democrático y Social (Podemos) que exige el reconocimiento de las minorías en los debates de la Asamblea Constituyente.
Desde la caída del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, los partidos de derecha habían quedado relegados, cediendo espacios al ahora oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que ganó las elecciones generales de diciembre pasado con 53,7 por ciento de los votos y obtuvo 137 de los 255 constituyentes en julio de este año.
Pero organizaciones cívicas conducidas por sectores empresariales de cuatro de los nueve departamentos —Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija—, y sus gobernantes elegidos mediante voto popular en julio (prefectos) oxigenaron a la debilitada derecha y lideran desde hace semanas un movimiento de ayuno voluntario por recuperar el principio de los dos tercios para aprobar los cambios a la Constitución, como establece la ley de convocatoria de la Asamblea promulgada por el propio Morales.
Este miércoles, la opinión pública se vio sacudida al observar por televisión el desalojo violento de un grupo de huelguistas dirigidos por el hijo del fallecido líder sindical minero Juan Lechín, Juan Lechín Weisse, y acompañados por el presidente de la influyente Cámara de Industria y Comercio, Gabriel Dabdoub, del oriental departamento de Santa Cruz.
Militantes del oficialista MAS y desconocidos ingresaron el martes por la fuerza en la céntrica iglesia de San Francisco, en La Paz, y armados con palos y dinamita, provocaron la huida de los huelguistas y desataron una ola de desaprobación por el método empleado, que llega a cuestionar inclusive el grado de respeto a los derechos humanos del propio gobierno.
"Denunciaré al mundo lo sucedido. No podemos tolerar la intolerancia de pocas personas que se hallaban armadas con cartuchos de dinamita", expresó, ya repuesto del susto, el empresario Dabdoub en la ciudad de Santa Cruz.
Entretanto, el huelguista Juan Lechín Weisse se declaró en la clandestinidad y anunció que continuará con su ayuno.
La acción vandálica representa el primer allanamiento en tiempos de democracia de un sitio religioso que es empleado como centro de protestas políticas. Horas después de la irrupción, las oficinas del defensor del Pueblo fueron apedreadas por desconocidos.
"La acción es injustificada. No hemos instruido y jamás instruiremos a ningún militante para que se movilice para agredir o interrumpir un acto democrático y pacífico", dijo el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera.
Pero el hecho violento fue respondido por 43 congresistas de Podemos que este miércoles se instalaron en el hemiciclo del Congreso legislativo y anunciaron el inicio de su ayuno y una interpelación política por "negligencia criminal" contra la ministra de Gobierno (Interior), Alicia Muñoz, quien restó importancia al acto de la víspera y declaró que la policía a su mando tiene otras tareas más importantes que velar por una huelga de hambre.
La acción del grupo que desalojó a Lechín y a sus compañeros resquebraja el libre derecho a la expresión y el disenso, declaró el representante de la Iglesia Católica, monseñor Jesús Juárez.
Desde Santa Cruz y en respuesta a consultas realizadas por IPS, el ex prefecto y analista político Carlos Hugo Molina expresó que la disolución del piquete de huelga en la iglesia de San Francisco viola un principio democrático de protesta pacífica que aún en tiempos de gobiernos dictatoriales fue respetado.
"Es un acto de torpeza del Ministerio de Gobierno, que no condice con la necesaria protección que se debe ofrecer a los ciudadanos, y la protesta es una reacción frente a la falta de mensajes claros sobre la modalidad de votación en la Constituyente y de la cual dependen las autonomías departamentales", expresó.
El enfrentamiento "ha pasado de ser solamente económico y social porque los partidarios del gobierno barren con las nociones de libertad y en este caso la sociedad civil podría levantarse contra el propio Poder Ejecutivo", comentó a IPS el sociólogo y docente universitario Joaquín Saravia.
"Cuando se erigen tiranías, el poder civil puede cobrar fortaleza y desbaratar cualquier sistema de gobierno", advirtió.
Saravia sugirió al gobierno una negociación encaminada a lograr acuerdos con los partidos de oposición antes de alimentar una corriente que sigue ganando adhesiones, y alertó sobre la reiterada exigencia de independencia surgida en las últimas horas entre las bases del Comité Cívico Pro Santa Cruz.
En una declaración a los medios locales, el jefe del ejército, Freddy Bersatti, declaró que su fuerza se halla en emergencia ante las amenazas de una división territorial.
La propaganda gubernamental señala que el artículo 71 del reglamento de debates de la Asamblea Constituyente expresa que todos los artículos de la nueva constitución serán aprobados por mayoría absoluta (50 por ciento más uno de los votos), pero deja abierta la posibilidad de someter los cambios más conflictivos a un aprobación por dos tercios de los asambleístas.
La explicación del oficialismo señala que, concluida la redacción del texto constitucional, dos tercios de los constituyentes deberán expresar su opinión y aprobar o rechazar en bloque la nueva constitución.
Una reprobación de los asambleístas determinará la participación ciudadana que deberá pronunciarse mediante referéndum, expresa el mensaje oficial.
Sin embargo, el referéndum popular para la aprobación final de la Constitución ya está establecido, tanto en la carta magna vigente como en la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente.
El MAS sumó a sus 137escaños en la Constituyente otras adhesiones con las cuales alcanza a 150 representantes que logran superar el 50 por ciento más uno, mientras la oposición reúne unos 105 votos, razón por la cual se aferra a la modalidad de los dos tercios.
"Existe una disposición franca y sincera del gobierno para abrir el diálogo, dijo el viceministro de coordinación gubernamental", Héctor Arce. Pero una aproximación de los actores en conflicto luce de momento poco probable. (FIN/IPS/fch/dcl/ip pn sl cv/06)
