Los bloques parlamentarios del gobernante Partido Aprista Peruano y del sector que responde al ex presidente Alberto Fujimori han ratificado su virtual alianza al aprobar una norma que permite al Estado ejercer un mayor control de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
La propuesta original correspondió al congresista Rolando Sousa, ex abogado de Fujimori y socio de César Nakasaki, actual defensor del ex jefe de Estado que gobernó entre 1990 y 2000, ahora detenido en Chile y sometido a proceso de extradición.
El proyecto se aprobó por mayoría el 27 de octubre. Pero debido a la advertencia de entidades como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de autoridades como la Defensoría del Pueblo sobre las implicancias que tendría la ley en las libertades y la sociedad civil, el Congreso accedió a debatir propuestas modificatorias.
Después de la primera votación, el presidente Alan García y el primer ministro Jorge del Castillo anunciaron que estudiarían si el texto ponía en peligro la libertad de asociación y de expresión. Pero tras el respaldo en bloque de la bancada oficialista al proyecto fujimorista, probablemente el jefe de Estado no observe la ley como esperan las ONG.
Después de suavizar algunos términos y cambiar unas palabras por otras, en menos de dos horas se aprobó el martes 5 el dispositivo legal que modifica las actividades y potestades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
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La iniciativa establece que las ONG se registren en la estatal APCI y que sus planes de trabajo estén armonizados de acuerdo a los lineamientos de desarrollo que proponga el Estado, entre otros cambios.
La nueva versión mantiene el espíritu de la original: ejercer una intervención más sostenida de las ONG, que se basa en el convencimiento de sus autores acerca de la ausencia de fiscalización sobre estas entidades de la sociedad civil organizada.
Las modificaciones más destacadas del texto aprobado son:
— Las ONG que reciben fondos del exterior sin cooperación del Estado, no están comprendidas dentro de los alcances de la nueva norma.
— Las organizaciones que no son afectadas por la ley deberán informar sobre los proyectos que ejecutan, quiénes son sus cooperantes y cómo gastan los recursos que administran.
— Las ONG que alteren el orden público, perjudiquen la propiedad pública y privada o afecten las "buenas costumbres" serán pasibles de sanción.
En los dos últimos años, protestas ambientales de movimientos sociales y comunidades contra compañías mineras han involucrado a organizaciones no gubernamentales ambientalistas, acusadas a menudo por portavoces de las empresas de promover esas manifestaciones.
"La norma sigue siendo una amenaza para los derechos fundamentales del ciudadano. Han presentado una nueva fórmula que termina siendo tramposa. Las ONG son asociaciones sin fines de lucro, y están exoneradas de impuesto a la renta. Sin embargo, la ley contempla una fuerte multa a la que no se inscriba por obligación", explicó a IPS el activista Federico Arnillas, director ejecutivo de la independiente Asociación Nacional de Centros, representativa de las organizaciones que trabajan en el campo del desarrollo.
Diferenciar las organizaciones entre las que reciben fondos del exterior con o sin la cooperación del Estado también es una treta legal para legitimar la ley, según Arnillas.
"Todas las ONG van a ser afectadas. Ni siquiera la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria exige informar sobre los proyectos y la ejecución del gasto. Eso es puro y simplemente intervencionismo estatal. Esa ley va a significar el retiro de los cooperantes", advirtió Arnillas.
En Perú hay 2.100 ONG registradas formalmente, de ellas unas 900 funcionan y sólo un tercio recibe algún tipo de beneficio estatal, es decir el retorno de los impuestos a las ventas, según información proporcionada por la Asociación Nacional de Centros que en su padrón general cuenta con sólo 75 organizaciones inscritas.
Las ONG manejaron entre 2004 y 2005 unos 500 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional.
El legislador Johnny Lescano, del partido opositor Acción Popular, sostuvo en el debate parlamentario que el proyecto de los fujimoristas había sido maquillado.
El proyecto "es una violación a los derechos de asociación de los ciudadanos. Se engaña al país al decir que se ha cambiado el texto, pero realmente es lo mismo. Todas las ONG sin excepción van a resultar afectadas. Es una ley consensuada entre apristas y fujimoristas, y por eso mismo no creo que García la observe. A las ONG sólo les queda recurrir al Tribunal Constitucional", dijo Lescano a IPS.
Durante el debate, el presidente de la bancada oficialista, Javier Velásquez Quesquén, llegó a argüir que era necesaria la fiscalización porque el terrorismo podría usarlas para financiar sus actividades. "¿Ustedes creen que el presidente (estadounidense) George Bush permitiría que Osama bin Laden tuviera una ONG en Estados Unidos?", preguntó.
Velásquez Quesquén adelantó que el mandatario no observará la versión modificada.
"En el nuevo proyecto se han recogido las sugerencias del Ejecutivo e incluso las que hicieron las ONG", dijo a IPS. "El Ejecutivo está de acuerdo en que se fiscalice a las ONG que canalizan la cooperación internacional por intermedio del Estado y de aquellas que se acogen a los beneficios tributarios. Las ONG que reciben cooperación privada no van a ser sujetas a ningún control del Estado".
"Eso no es verdad", replicó Lescano. "Se las obliga a inscribirse, a declarar el monto de los fondos, a informar sobre los proyectos y cómo han están gastando los recursos. ¿Cómo se llama eso? Intervencionismo. Además, serán sancionadas las que 'fomenten' la violencia. Bajo esos conceptos se puede hacer cualquier cosa".
En algo más coinciden apristas y fujimoristas: ambos sectores se han enfrentado a ONG que promovieron acciones legales contra García y Alberto Fujimori por su responsabilidad en violaciones de derechos humanos cometidas durante sus respectivos mandatos.
En el caso del actual mandatario, por una matanza de presos en el penal El Frontón perpetrada mientras él ejercía su primera Presidencia, entre 1985 y 1990.
En el caso de Fujimori, acusado de múltiples delitos, las denuncias de ONG se refieren a ejecuciones extrajudiciales cometidas por un comando paramilitar del Servicio de Inteligencia del Ejército y a presuntos actos de corrupción de su régimen.
