Asociaciones de inmigrantes, humanitarias y antirracistas de Portugal aplauden, pero discretamente, las medidas anunciadas este lunes por el gobierno para permitir una mayor integración de los extranjeros documentados. Los activistas quieren resultados.
Un extenso documento con políticas a favor de la nutrida colonia extranjera fue entregado, para ser debatido, por el gobierno socialista del primer ministro José Sócrates a las organizaciones de la sociedad civil, que, empero, desean primero ver avances concretos para la vida cotidiana de los inmigrantes, a menudo víctimas de la pesada maquinaria policial y burocrática.
Este plan fue comunicado primero al Consejo Consultivo para Asuntos de Inmigración (COCAI), de la que hacen parte las mayores asociaciones de residentes extranjeros en el país, en una reunión realizada el fin de semana, y hecho público este lunes en la celebración del Día Internacional del Migrante, proclamado en 2000 por la Organización de las Naciones Unidas.
"Por lo que conozco del documento, peca de falta de metas cuantitativas y entre las 123 medidas, hay muchas que son francamente redundantes", dijo a IPS Eduardo Tavares de Lima, presidente de la asamblea general de la Casa do Brasil, que con sus 120.000 residentes es la mayor comunidad de inmigrantes en Portugal.
Los inmigrantes constituyen un universo de unas 650.000 personas, 450.000 de las cuales poseen autorización de residencia, en este país de 10,2 millones de habitantes, lo cual significa una de las cifras más altas de Europa en términos proporcionales a la población.
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El programa oficial define 123 metas de integración, que involucran a 13 ministerios y que pretende ser una "de referencia para la sociedad civil". Se recomienda la participación de las asociaciones en la discusión abierta del extenso documento.
Las medidas propuestas incluyen el refuerzo de algunas que ya han sido aprobadas, pero que las dificultades burocráticas las convierten en difíciles de concretar, tales como reagrupamiento familiar, la plenitud de derechos políticos y el acceso a la ciudadanía portuguesa, una ley esta último a que entró en vigor el viernes con su publicación en el Diario de la República.
El gobierno de Sócrates asegura que cuando las medidas pasen del papel a la fase de concreción los inmigrantes podrán tener pleno acceso a certificados profesionales, oficios, servicios de traducción en el sistema judicial, aspectos fundamentales para salvar las altas vallas de la burocracia.
El documento propone también una vasta fiscalización y pesadas penalizaciones a empresarios inescrupulosos que recurren al reclutamiento de extranjeros indocumentados, que llegan a 200.000, con el fin de pagar salarios bajo el mínimo legal (hoy equivalente a 450 dólares por mes) y eludir así los impuestos y los aportes a la seguridad social.
Precisamente, el punto más sensible del plan del gobierno fue hecho público este lunes por la Plataforma de las Estructuras Representativas de las Comunidades de Inmigrantes en Portugal (Percip), que pide la regularización de todos los indocumentados.
No obstante "los aspectos positivos" de la propuesta del gobierno, Percip considera que ésta deberá ser cambiada para "permitir la regularización de los inmigrantes indocumentados", que ya suman unos 200.000.
Carlos Vianna, vicepresidente ejecutivo de la Casa do Brasil, hizo notar a IPS que "en este país existen miles de inmigrantes indocumentados, que son ilegales ante el ministerio de Interior y legales ante el de Finanzas, porque, cuando se trata de cobrar, el Estado portugués no está interesado en la legalidad del dinero".
El anteproyecto estará a discusión abierta hasta el 5 de enero, previéndose su aprobación en el Consejo de Ministros, ya con los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, en la segunda mitad de ese mismo mes del año entrante.
Tavares de Lima opinó que, pese a las dudas que le surgen, "es positivo que un asunto de esta dimensión sea debatido públicamente y se tomen en cuenta las voces de las asociaciones" civiles.
La concreción del plan, añadió, "va a significar también la creación de estructuras y servicios, tales como un centro para recibir a las víctimas del tráfico de seres humanos", en su inmensa mayoría mujeres brasileñas pobres. En cuanto a otras estructuras, Tavares de Lima considera "positiva" la apertura de gabinetes de apoyo al reconocimiento de títulos y servicios para extranjeros en las universidades, "porque muchos inmigrantes son licenciados o técnicos calificados y, sin embargo, se ven obligados a trabajar como camareros, albañiles o carpinteros".
Opinión similar expresó el luso-angoleño Timóteo Macedo, presidente de la Asociación Solidariedad Inmigrante, que congrega a cerca de 70 nacionalidades, quién tampoco esconde su temor ante la siempre pesada maquinaria burocracia portuguesa.
El plan es "muy importante como documento político", pero a la vez "tengo bastantes reservas" respecto de su concreción, porque muchas propuestas "exigen medidas legislativas adicionales y formación de funcionarios públicos", advirtió en respuesta a consultas de la emisora local TSF-Radio Jornal.
"Las intenciones son muy positivas, pero deben ser implementadas en una perspectiva efectiva de igualdad de oportunidades", apunta Macedo, al advertir sobre el riesgo de "discriminaciones presuntamente positivas" hacia los inmigrantes, los que tan solo "pretenden ser tratados como ciudadanos iguales".
Macedo destaca como lo más positivo, en tanto, la participación en la vida política, el reconocimiento del perfeccionamiento profesional, el acceso al crédito bancario y el aumento de los niveles de fiscalización a los incumplimientos de la legislación laboral.
Igor Khashin, presidente da Asociación de los Inmigrantes de Países del Este (europeo), destaca como lo más positivo el reconocimiento de licenciaturas y grados técnicos, ya que de los países del disuelto bloque de la también desaparecida Unión Soviética provienen los trabajadores extranjeros con mayor grado de habilitaciones académicas.
Esta medida de reconocimientos de títulos, en especial favorecería a Ucrania, el tercer país de origen de inmigrantes en Portugal, tras Brasil y Cabo Verde, pero también a un buen número de inmigrantes de Rumania, Rusia, Moldova y Bulgaria.
Según Khashin, el plan es "bueno y ambicioso", pero coincide con las dudas de Macedo y de Tavares de Lima. El documento en discusión pública "solo será motor de cambio si se concreta" y para que esto ocurra "deben ser más claros los mecanismos".
El gobierno asegura prever todas las situaciones, comprometiéndose a crear lo que ha decidido llamar "una batería de indicadores para el seguimiento" de las propuestas del documento, formando una comisión interministerial que deberá rendir informes semestrales en el COCAI.
Al presentar el documento en la tarde de este lunes, el ministro de la Presidencia del Consejo, Pedro da Silva Pereira, afirmó que, a la operación que será llevada a cabo por los 13 ministerios, contará con el concurso del Observatorio de la Inmigración, dependiente del Alto Comisionado para la Inmigración y las Minorías Étnicas.
La metodología para los diferentes programas sectoriales apuesta en intermediarios culturales y lingüísticos, mediante la elaboración masiva de campañas de divulgación en los medios de comunicación, el recurso a folletos y a páginas en Internet.
Todas estas campañas incluyen la divulgación de los apoyos a disposición de personas que viven en extrema pobreza, independientemente de su situación de sus visas de residencia, pero no deja de lado las obligaciones del inmigrante, tales como los de la seguridad social, el pago de impuestos y sus deberes de consumidores y de respeto por el ambiente.
