El engaño y el imaginario de poder, sumados a la violencia, la pobreza, el analfabetismo y la ausencia de redes sociales e institucionales de protección a los menores, son razones que llevan a niños, niñas y adolescentes de Colombia a vincularse a los grupos armados irregulares.
"Factores todos que remiten a la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia para la garantía y el respeto a los derechos de la infancia", afirmó Volmar Pérez, responsable de la estatal Defensoría del Pueblo.
"No existen datos concretos sobre el número de menores vinculados al conflicto interno colombiano", admitió el representante para Colombia del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Paul Martin.
Sin embargo, la cifra puede ascender a 11.000, según cálculos enunciados en informes de 2003 y 2005 por la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
El director de HRW, José Miguel Vivanco, recordó el año pasado que "la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que tanto las guerrillas izquierdistas como los paramilitares de ultraderecha violan normas humanitarias fundamentales al utilizar a niños para el combate. Práctica horrenda que provoca un daño incalculable a la sociedad colombiana en general".
La afirmación de Vivanco coincide con la presentada por el defensor del Pueblo. "Los grupos armados ilegales son los principales responsables de este delito, con el que incumplen las normas protectoras de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional", dijo Pérez.
La afirmación fue hecha en la presentación en la víspera de la investigación titulada "Caracterización de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales: inserción social y productiva desde un enfoque de derechos humanos", realizada con asesoría y apoyo financiero de Unicef.
La única cifra verificable en relación con la situación es la de 2.864 menores de edad registrados entre noviembre de 1999 y abril de 2006 por el programa de atención especializada a menores desvinculados de los grupos armados irregulares, que desarrolla el gubernamental Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El mismo programa que sirvió de marco a la investigación realizada con base en entrevistas a 329 niños, niñas y adolescentes vinculados al ICBF en agosto y septiembre de 2005 y complementada con información de orientadores y funcionarios del instituto.
Sobre la población total de la muestra, 90 por ciento tenía entre 15 y 18 años y 68 por ciento fueron varones. Provenientes de todas las regiones del país, a excepción de San Andrés, isla en el Caribe.
"Lo engañan a uno con cualquier cosa y se lo llevan por plata o por un arma, o por un carro (automóvil), y uno se ilusiona, y se va. Y si uno no tiene el amor de los padres por ese lado se lo llevan. Y si uno tiene un papá o una mamá que lo respalden, que no lo dejen ir, pues hasta uno se queda", se lee en un aparte de las entrevistas del documento.
En la investigación se afirma, además, que la mayor cantidad de menores desvinculados integraron las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al totalizar 54,8 por ciento de los casos, seguido de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia y de las Autodefensas Campesinas de Casanare (del departamento al extremo oriente del país) que sumaron 31,6 por ciento.
"Allá lo que pasa (en el oriente) es que todos los jóvenes van a parar a las autodefensas porque es como de rutina. A los 16 (años) todos salen, la mayoría campesinos, pero también los del pueblo. Los que no entran son los hijos de los papás que tienen plata porque los mandan para Tunja (capital de Boyacá, también en el oriente) o Bogotá", según testimonio de otro joven desvinculado.
Bajo estas circunstancias, la caracterización de menores desvinculados incluyó entre sus propósitos el llamar la atención al Estado sobre el estricto cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y la totalidad de instrumentos internacionales ratificados por Colombia y que le imponen la obligación de erradicar el reclutamiento infantil para la guerra.
Pero también lo impone la Constitución del país, que en su artículo 44 establece la prevalencia de los derechos de la niñez. Y se detiene en los desarrollos normativos más recientes, como la ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, y la 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, ya sancionada por el derechista presidente Álvaro Uribe.
En torno a la primera, Pérez llamó la atención sobre la invisibilización del reclutamiento a menores por parte de los grupos de autodefensa.
"Hasta agosto, con la desmovilización de 18.000 mayores de edad, no se registró la entrega oficial y pública de ningún menor reclutado", advirtió en rueda de prensa.
También recordó la información divulgada por el ICBF en mayo, en la que se dio cuenta de la desmovilización de 212 niños y niñas a partir de la vigencia de la ley en junio de 2005.
De igual manera, el defensor del Pueblo llamó la atención sobre la desproporción judicial brindada a los menores desvinculados, frente a las ofertas de garantías y disminución de penas para los adultos, quienes a su vez han sido reclutadores de niños y jóvenes.
El Código de Infancia y Adolescencia disminuyó de 18 a 15 años la edad para juzgar a una persona que haya cometido delitos.
Esto acoge a los menores desvinculados, lo que se considera desigual por cuanto se ha confirmado que la mayoría de los niños y jóvenes participantes en la guerra lo hicieron por motivos ajenos a su voluntad o a causa de la ausencia del Estado en el desarrollo de sus proyectos de vida.
La disminución de la edad para que una persona sea imputable fue uno de los puntos de mayor discusión en los debates de de reforma del código referido a la niñez y la adolescencia en el Congreso legislativo.
Pérez confirmó que la consulta expresa de la Defensoría del Pueblo y de otras organizaciones fue respondida por la Corte Constitucional en su sentencia C-203-05, en la que manifestó que los menores de edad desvinculados "son considerados víctimas del conflicto armado, pero dicha condición no los exime per se de toda responsabilidad penal".
También indica que con esa norma no "se desconoce ni la Constitución Política ni el derecho internacional por la vinculación de los menores desmovilizados a procesos judiciales destinados a establecer su responsabilidad penal".
Aceptó el funcionario que la lectura es contradictoria. Pero, dada la constitucionalidad de la norma, la posibilidad que queda es la de sensibilizar a los jueces y responsables de la atención a menores infractores para que estos sean tratados de la manera más justa posible, sin salirse por supuesto de la normatividad jurídica.
Esta es otra recomendación que incluye el documento de la defensoría del Pueblo y de Unicef.
Empero, la realidad desborda las intenciones para el caso de los jóvenes desvinculados, según confirmó a IPS una investigadora social participante en audiencias, quien solicitó guardar la reserva de su nombre.
"Los muchachos y muchachas llegan a los interrogatorios temblando de susto. Pero lo niegan todo. Les preguntan: ¿usted mató? Y ellos dicen: No. Y quién les comprueba lo contrario. Es muy difícil", precisó.
