Las relaciones entre Ecuador y Colombia van de mal en peor al no vislumbrarse una salida a la crisis por el reinicio de las fumigaciones a las plantaciones de coca en la frontera entre los dos países, ordenada por el presidente colombiano Álvaro Uribe.
El canciller ecuatoriano Francisco Carrión dijo a IPS que envió una carta a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y dialogó vía telefónica con su secretario general, José Miguel Insulza, para solicitar su intervención.
Hemos pedido que "el tema sea sometido al Consejo Ejecutivo de la OEA, y probablemente a la Asamblea General", dijo Carrión, y agregó que Ecuador presentará un alegato en la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazando la fumigación con glifosato en la frontera de ambos países por los efectos negativos de ese veneno sobre la salud de la población y el ambiente.
Carrión se reunió este lunes con el embajador de Ecuador en Colombia, Alejandro Suárez, para analizar el problema y el estado de las relaciones entre los dos países.
El diplomático fue llamado a consulta el viernes como medida de rechazo a la orden dictada por Uribe a principios de la semana pasada.
Carrión afirmó que mientras no se solucione el problema de las fumigaciones, Suárez se mantendrá en Quito y agregó que existe un contencioso claramente delineado.
"Para ellos (Bogotá) el glifosato no es dañino, para nosotros sí", argumentó e insistió en la necesidad de que los dos países puedan hacer un estudio conjunto sobre los efectos de ese herbicida desfoliante rociado desde el aire sobre los plantíos de coca, pero que también afecta a otros cultivos y a la población de la zona.
Carrión condicionó además cualquier inicio de diálogo con su homóloga colombiana María Consuelo Araújo a la suspensión de las fumigaciones.
Ecuador invitó a relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a visitar la zona fronteriza y elaborar un informe sobre los efectos del uso del glifosato en la población.
El gobierno ecuatoriano insistirá ante Bogotá que se establezcan los términos de referencia para la realización de cinco estudios científicos propuestos por la ONU para determinar el impacto de las fumigaciones con glifosato en la salud humana el ambiente y los cultivos.
El presidente ecuatoriano Alfredo Palacio dijo a la prensa el 14 de este mes, en la provincia de Sucumbíos fronteriza con Colombia, que "Ecuador repudia las fumigaciones" realizadas por ese país.
El 7 de diciembre de 2005, la entonces canciller colombiana Carolina Barco y Carrión firmaron un convenio en el que Colombia se comprometía a suspender las fumigaciones aéreas hasta que estudios independientes establecieran el alcance de sus efectos tóxicos.
El presidente electo de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que en este momento de conflicto es necesario un diálogo directo con Uribe.
Ante una situación delicada, "lo último que se debe hacer es cortar la comunicación", afirmó Correa, quien será investido presidente el 15 de enero.
Correa aseguró el domingo 17 que el motivo central de un encuentro con Uribe "obviamente será detener las fumigaciones", porque constituyen "un acto hostil de Colombia a Ecuador".
Correa espera una conversación "franca", en la que el gobierno colombiano entienda el "descontento del pueblo ecuatoriano", para superar la tensión.
Si no es así, "obviamente habrá que tomar medidas de otra índole. ¿Cuáles? Lo sabrán en su momento", argumentó.
María Fernanda Espinosa, designada ministra de Relaciones Exteriores por Correa, aseguró este lunes a la Red de Televisión Ecuavisa que las aspersiones con glifosato podrían causar daños genéticos a la población expuesta.
Espinosa mencionó una serie de investigaciones realizadas por científicos de las universidades Católica y Central de Quito, que hallaron alteraciones celulares causantes de malformaciones de fetos y daños genéticos en personas cercanas a las zonas fumigadas.
"César Pazmiño, de la Universidad Central, me ha enviado una serie de estudios muy serios, él es un PHD (doctor) en genética, y estamos realmente preocupados por esto", explicó la futura canciller, conocida como experta en temas ambientales por su desempeño como directora regional de la Unión Mundial para la Naturaleza, pero no en relaciones internacionales.
Espinosa también argumentó que existen "razones políticas" por las cuales el gobierno colombiano no debería reiniciar las fumigaciones.
"Se han establecido acuerdos escritos con el gobierno de Colombia para decidir la suspensión de las fumigaciones en la frontera norte y se acordó con la entonces canciller Barco que el reinicio sólo se haría de acuerdo a un convenio y diálogo conjunto. Eso no ha ocurrido porque ha sido una decisión unilateral de Colombia", manifestó a la red de televisión Ecuavisa.
El sábado 16, el presidente colombiano aseguró a la prensa de su país que no descartaba retomar la destrucción manual de las plantaciones de coca —materia prima de la cocaína de la que Colombia es primera productora mundial—, siempre y cuando primero se hubieran destruido unas 10.200 hectáreas con fumigaciones aéreas.
También se dijo confiado en que Ecuador comprendería la decisión de erradicar los cultivos ilegales y argumentó que el glifosato no era perjudicial para la salud humana.
El Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF) de Ecuador, que reúne a más de 10 organizaciones humanitarias, ambientalistas e indígenas, considera que el reinicio de las operaciones es una provocación al futuro gobierno de Correa y un desprecio a los acuerdos firmados en diciembre del año pasado.
El Comité había solicitado al gobierno ecuatoriano que retirase al embajador en Colombia y presentara una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
La medida colombiana "es una nueva violación de parte del gobierno colombiano a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones de frontera, especialmente el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación", aseguró a IPS Jhonny Jiménez, del Servicio de Paz y Justicia, una de las organizaciones integrantes del CIF.
En el acuerdo del 7 de diciembre de 2005, Colombia se comprometió a implementar grupos móviles para la erradicación manual de coca, pero el compromiso no se cumplió.
"Esto demuestra que el gobierno de Colombia considera las fumigaciones aéreas como el único método de erradicación, aunque se haya demostrado que éstas destruyen las fuentes de sustento empeorando la situación alimentaria y la salud de las comunidades fronterizas", argumentó Jiménez.
El defensor de los derechos humanos afirmó que para el CIF, el empeño del gobierno colombiano en las fumigaciones "demuestra que su interés está lejos de acabar con los cultivos ilícitos, y mucho menos con el narcotráfico, del que se nutren los grupos armados y la propia economía de los Estados Unidos", aseveró.
"El objetivo es desplazar a amplios sectores de población a quienes reiteradamente se les fumiga en Navidades, como sucedió en los años 2000, 2002, 2004 y 2005. Demuestra además que el acuerdo firmado el año pasado se trató de una burla al Ecuador porque la suspensión obedeció únicamente al cronograma ya establecido", afirmó Jiménez.
El activista aseguró además que según el Departamento de Salud del sudoccidental estado estadounidense de California, el glifosato es causante de 38 por ciento de todas las intoxicaciones de los trabajadores rurales.
El doctor Adolfo Maldonado, de la organización ambientalista Acción Ecológica, que también integra el CIF, afirmó que en la frontera colombo-ecuatoriana las concentraciones de glifosato son mucho mayores que las empleadas en la agricultura convencional.
Además, la aspersión aérea es más peligrosa que el rociado manual porque el veneno se expande por zonas muy amplias, alcanzando a los seres humanos, la flora, la fauna y las fuentes de agua.
"Estas fumigaciones suponen una deslegitimación de la petición de la ONU, a través de una misión que visitó el Ecuador en febrero de este año y expuso evidencias que indican la necesidad de realizar un estudio sobre los efectos en la salud y el ambiente del cordón fronterizo", aseguró Maldonado.
