Basta una recorrida por el centro de la capital de Haití para descubrir una ciudad en estado calamitoso.
Las escuelas están vacías porque las autoridades decidieron cancelar las clases a raíz de una ola de secuestros.
Hay enfermos, heridos y muertos abandonados en los hospitales públicos desde mediados de noviembre, debido a una huelga del personal de salud contra el gobierno por seis meses de salarios adeudados.
Además, los vendedores callejeros señalan que están ganando menos dinero que nunca y temen ser víctimas de crímenes violentos.
Si el respaldo internacional al nuevo gobierno es genuino, los haitianos pronto podrán ver algunas mejoras.
En una conferencia de donantes realizada en julio, tres meses después de la investidura del presidente René Préval, la comunidad internacional prometió 750 millones de dólares para consolidar la recuperación económica del país.
Esa cantidad se suma a los 1.000 millones que prometió hace dos años.
El mes pasado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional anunciaron que Haití podría beneficiarse de una reducción de más de 15 por ciento de los 1.300 millones de dólares que les adeuda.
Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo también anunció la elaboración de un plan de alivio.
La semana pasada, el Congreso legislativo de Estados Unidos aprobó, tras décadas de intentos frustrados, la ley de Oportunidad Haitiana mediante el Aliento a la Asociación (HOPE).
Esa ley permitiría aumentar las exportaciones de bienes haitianos a ese país, libre de impuestos.
Los empresarios consideran que la normativa, defendida por el propio Préval ante el Congreso estadounidense, podría crear decenas de miles de empleos.
El respaldo internacional que tiene el gobierno de Préval es muy raro para la historia de Haití, que comenzó siendo la primera república negra del mundo, tras su declaración de independencia en 1804, fuertemente endeudada con Francia y económicamente aislada de los países más desarrollados y racistas.
En las últimas décadas, la comunidad internacional impuso sanciones a brutales regimenes militares y luego retiró los créditos y la asistencia al gobierno de Jean-Betrand Aristide, por la corrupción existente, las irregularidades electorales y la deuda pendiente.
Sólo después de que Préval se impuso a otros 32 candidatos con casi 50 por ciento de los votos en una elección que tuvo una amplia concurrencia a las urnas, las naciones occidentales dieron su aval al gobierno haitiano.
¿Por qué la población no ve reflejado todo ese progreso?
La historia de Haití indica que si algo puede salir mal, va a salir mal, y no queda clara la sinceridad profesada por la comunidad internacional.
Sólo se entregó una pequeña porción de los 1.500 millones de dólares prometidos, y la mayor parte del alivio a la deuda depende de que el gobierno haitiano impulse ciertas reformas y programas para combatir la pobreza.
Pero los potenciales estímulos económicos como HOPE se enfrentan a una fuerza contraria que parece incontrolable: la violencia criminal.
Desde que Aristide fue depuesto por última vez en 2004 las fuerzas extranjeras en Haití aumentaron en forma constante, llegando a unos 8.000 efectivos de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al mismo tiempo, civiles de Puerto Príncipe poseen cada vez más armas de guerra, como fusiles Kalashnikov y ametralladoras M-16.
Mientras que en un barrio de la ciudad las tropas de la ONU combaten pandilleros, en la otra punta, estos se enfrentan entre sí.
Al principio, la policía no se atrevía a entrar sin los cascos azules. Luego también se vio implicada en actividades delictivas. Ricos y pobres, niñas y niños pequeños y ancianos padecieron secuestros por rescate y a veces cosas peores.
El programa de la ONU de Desarme, Desmovilización y Reintegración no ha logrado mucho.
Docenas de pandilleros participaron del plan que los capacitaba en derechos humanos y responsabilidad civil y a la larga les facilitaban un empleo. Pero la mayoría no dejó las armas y unos pocos, incluso, llegaron a participar en secuestros pocos días después de haber egresado.
En otra iniciativa vinculada, el presidente negoció con los líderes pandilleros. Pero el intento no sólo fue duramente criticado por organizaciones de la sociedad civil haitianas y un experto en derechos humanos de la ONU, sino que no parece haber tenido éxito alguno.
La situación de inseguridad tuvo un efecto devastador para la economía. Desde el último derrocamiento de Aristide, la cantidad de fábricas de Puerto Príncipe decayó a un ritmo constante.
El conocido tugurio de Cité Soleil, donde los pandilleros enfrentan a las fuerzas de paz de la ONU, creció cuando se creó una zona de libre comercio en el límite de la capital hace tres décadas.
Un aluvión de campesinos llegaron a la ciudad en busca de trabajo y se instalaron allí. Pero cuando la economía entró en declive, ese barrio se volvió un reducto de desempleados.
Las fábricas sobrevivientes quedaron a merced de los jóvenes iracundos del tugurio provocando el cierre de muchas de ellas tras múltiples secuestros de sus empelados, llegando hasta ser quemados y asaltados.
En los últimos años, los empresarios organizaron varias formas de protesta contra la ineficacia de la ONU para resolver el asunto. Ahora, la emprendieron contra el gobierno por no afrontarlo como corresponde.
Para algunos la seguridad es una condición necesaria para el crecimiento de la economía, en cambio para otros es la inversa.
Otro tugurio del centro de la capital, Bel Air, es una zona que el año pasado se benefició de la presencia de efectivos de la ONU.
En una época estuvo totalmente paralizado por las pandillas, pero ahora reabrieron los comercios y las escuelas y el tránsito circula lentamente por sus calles.
Pero según Jean-Baptiste Sarol, portavoz de una organización comunitaria que ayuda a niños y niñas en situación de calle, sin trabajo, es sólo cuestión de tiempo antes de que reaparezcan las armas.
Lo mismo piensan los líderes de las pandillas que amenazaron al gobierno, por radio, si éste no generaba puestos de trabajo para ellos.
Muchos residentes de estos tugurios que tenían trabajo durante el gobierno de Aristide, lo perdieron tras su derrocamiento.
Varios expertos de la misión de paz de la ONU insistieron en lo mismo, que los problemas de seguridad en Haití tienen un origen ampliamente económico que debe afrontarse como tal.
La parlamentaria estadounidense de Chicago Jan Schakowsky dijo a IPS cuando visitó el país, que el mundo no podía esperar que terminara la violencia sin un progreso económico paralelo.
A favor de HOPE, Schakowsky señaló que "a corto plazo, si uno fuera a esperar que la seguridad fuera a mejorar drásticamente en el país, incluyendo Puerto Príncipe, entonces sería muy difícil seguir adelante", señaló. (FIN/IPS/traen-vf/ab/ca dv pr ip if ye ha/06)
