Si bien la integración regional es el principal punto de la actual agenda política sudamericana, heridas abiertas impiden profundizar ese debate.
Entre los asuntos olvidados están la ocupación de Haití por tropas de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bajo el liderazgo militar de Brasil y el liderazgo político de Chile, y la presencia armada estadounidense, tanto con tropas regulares como con agentes tercerizados (los famosos "contratistas") en 10 de las 12 naciones de América del Sur, con las excepciones brasileña y venezolana.
A pesar de la importancia de estos asuntos, la mayoría de los gobiernos oscilan entre la mención vaga y la omisión abierta de ellos.
Esa tónica se ha mantenido inclusive tras la llegada de presidentes izquierdistas o progresistas en varios países, iniciada en 1999 con Hugo Chávez en Venezuela y completada con el triunfo el mes pasado de Rafael Correa en Ecuador.
Este último, que será investido en enero, informó que en 2009 su país no renovará el acuerdo con Estados Unidos que permite a Washington mantener en la occidental ciudad portuaria de Manta su mayor base militar en América del Sur.
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Durante las décadas de influencia neoliberal de 1980 y 1990, Estados Unidos profundizó su tradicional estrategia de combinar finanzas y diplomacia con expansión de poderío militar.
Mientras Washington utilizaba su hegemonía en instituciones financieras como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para exigir la reducción de los aparatos estatales a cambio de préstamos, aprovechaba su proximidad con los gobernantes latinoamericanos y caribeños, a excepción de Cuba, para sembrar bases militares en la región.
Ahora mismo, aun sin contar con apoyo unánime, Estados Unidos mantiene diferentes formas de presencia militar, un fenómeno que ni siquiera se discute en los foros regionales y no es prioritario en los debates sobre integración.
La invisibilidad de esos dos problemas fue evidente durante la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones, realizada los días 8 y 9 de diciembre en la ciudad boliviana de Cochabamba y fuertemente estimulada por Brasil, país que responde por casi 40 por ciento de la economía regional.
Ningún mandatario habló de esos temas. Las declaraciones finales del encuentro no registran ni una referencia.
Inclusive la declaración de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, celebrada por movimientos sociales y populares en paralelo a la reunión de mandatarios, no se refirió a esos problemas en su cuerpo principal, relegándolos a un subcapítulo.
"Entiendo la lógica de la posición brasileña, aunque no concuerde con ella. Brasil no confronta con la política exterior de Estados Unidos ni tiene una base extranjera en su territorio. Por eso no se refiere al asunto", afirma la economista Sandra Quintela, de la organización Políticas Alternativas para el Cono Sur, con sede en Río de Janeiro.
Quintela forma parte de una campaña internacional por el retiro de las tropas internacionales de Haití y por la cancelación de la deuda externa de ese país.
En cambio, "no comprendo por qué (el presidente boliviano Evo) Morales y Chávez no tocan el tema", cuestiona Quintela.
La profesora Maria Regina Lima, del Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro, concuerda en que "es muy delicado para Brasil abordar la cuestión (de las bases militares), toda vez que no se ve directamente afectado".
Pero en cuanto a Haití, el problema es diferente. Brasil mantiene 1.200 soldados allí y comanda la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en ese país (Minustah, por sus siglas en francés), de 6.700 efectivos, desplegada desde junio de 2004, meses después de que el mandatario constitucional Jean-Bertrand Aristide fuera depuesto por un golpe de Estado en el que tomó parte un comando franco-estadounidense.
La Minustah tiene un mandato hasta el 30 de junio de 2007, pero en febrero las Naciones Unidas podrían prorrogarlo.
"De los 20 miembros del comando mayor de la Minustah, hay apenas dos sudamericanos. Los demás son estadounidenses, franceses, italianos y canadienses", afirma el activista Camille Chalmers, de la red Plataforma Haitiana para un Desarrollo Alternativo (Papda por sus siglas en francés), con sede en Puerto Príncipe.
"Estados Unidos controla la inteligencia militar y no comparte informaciones ni siquiera con el comandante general" de la misión, aseveró.
Entonces, ¿por qué Brasilia se desgasta políticamente para mantener en el Caribe lo que el argentino y premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel llama "intervención tercerizada por Estados Unidos"?
"Si no estuviésemos allí, sería peor", acostumbra a decir el diplomático Antônio Patriota, recién nombrado embajador brasileño en Estados Unidos.
"La agenda de Brasil para el continente es esencialmente económica. Por eso no trata sobre la militarización", explica la brasileña Maria Luisa Mendonça, de la Red Social de Organizaciones no Gubernamentales de Justicia y Derechos Humanos.
Respecto de la diseminación de la presencia militar estadounidense en América del Sur, la cancillería brasileña considera que es un asunto interno de cada país. "Sólo existe una base militar, Manta", replica el diplomático Joel Sampaio.
El Centro de Inteligencia del Ejército (CIE) de Brasil estima que "cerca de 6.300 militares estadounidenses, sin contar los soldados de agencias no gubernamentales contratados por el gobierno de Estados Unidos, estuvieron destinados o realizaron operaciones en la región de la Amazonia entre 2001 y 2002", según divulgó la agencia de noticias del gobierno de Brasil.
Según el CIE, Estados Unidos mantiene una presencia bajo diferentes formas, tanto a través de bases militares convencionales como a través de una cantidad imprecisa de oficiales, radares y pistas de aterrizaje. En total, esas presencias suman 23. Sólo en Perú habría ocho puntos, y en Colombia seis.
Ese último país lleva casi medio siglo de guerra civil, que hoy involucra a dos grandes guerrillas de izquierda (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional), a paramilitares ultraderechistas envueltos en un polémico proceso de desmovilización y al ejército regular, que ha recibido varios miles de millones de dólares de Washington bajo el paraguas del Plan Colombia antidrogas y contrainsurgente.
Durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), Washington intentó instalar una base en la ciudad de Alcântara, en el estado nordestino de Maranhão, donde se localiza la base de lanzamiento de satélites brasileños. Esa región está considerada la mejor ubicada en todo el planeta para actividades de ese tipo, por su proximidad con la línea del ecuador.
Pero debido al amplio rechazo social, el acuerdo entre los dos países para construir la base nunca fue firmado.
De acuerdo con la economista Ana Esther Ceceña, profesora de la Universidad Autónoma de México, el área de todos esos puntos de presencia militar alcanzaría las regiones de mayor aparición de recursos naturales estratégicos, como agua, diversidad biológica, gas natural y petróleo.
IPS pudo comprobar que hay una coincidencia entre el mapa de los recursos naturales, el de la presencia militar estadounidense y el de los proyectos de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de la Región Sudamericana (Iirsa), coordinada técnica y económicamente por el BID.
La Iirsa pretende implantar normas legales comunes para el comercio de los 12 países de la región y desarrollar más de 300 proyectos de hidrovías, centrales hidroeléctricas y carreteras, principalmente en la región amazónica.
