En una señal de pragmatismo en política exterior, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, suspendió las restricciones a la ayuda económica a países que se negaron a firmar acuerdos de inmunidad para soldados estadounidenses ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Bush envió un memorando a la secretaria de Estado (canciller), Condoleezza Rice, exonerando a esos países, apenas seis semanas después de que el Congreso legislativo levantara también la prohibición a prestar ayuda militar a las naciones que ratificaran el Estatuto de Roma, de 1998, que dio nacimiento a la CPI, tribunal con sede en La Haya con jurisdicción en casos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad.
Las dos acciones sugieren que el gobierno, que usó los acuerdos de inmunidad en una campaña de tres años para socavar a la CPI, revirtió su táctica al parecer tras concluir que esos esfuerzos fueron contraproducentes para sus fines a largo plazo en política exterior, como habían advertido críticos en los inicios de esa campaña, en 2002.
La decisión de Bush "demostró que el gobierno de Estados Unidos comienza a revaluar su política contraproducente de acuerdos de inmunidad y a trabajar para separar su oposición ideológica a la CPI de su política de ayuda exterior", dijo la analista Golzar Kheiltash, del grupo de presión Ciudadanos por Soluciones Globales (CGS), que respaldó a la CPI.
"La administración dio otro paso en la dirección correcta, reconociendo que las tácticas de mano dura sólo sirven para alienar a los amigos y aliados de Estados Unidos", añadió.
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Con el memorando, Bush permitió que decenas de millón es de dólares del Fondo de Apoyo Económico sean volcados a países que rechazaron acuerdos de inmunidad. Los favorecidos son Bolivia, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Kenia, Mali, México, Namibia, Níger, Paraguay, Perú, Samoa, Sudáfrica y Tanzania
La decisión de suspender las restricciones a la ayuda militar y económica representa una gran victoria para funcionarios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado.
Cuando el Congreso levantó las prohibiciones a la asistencia militar a las naciones que ratificaron el Estatuto de Roma, estaba respondiendo a explícitos pedidos de comandantes militares estadounidenses en el exterior que deseaban establecer vínculos más fuertes con sus pares de otros países.
"Queremos ser el socio elegido del hemisferio", dijo a los legisladores el general John Graddock, entonces jefe del Comando Sur, al dar testimonio en octubre sobre los efectos de las restricciones. "Si no podemos hacer eso (por la prohibición), entonces estamos en desventaja", sostuvo.
El militar alertó que China estaba aprovechándose de la prohibición ofreciendo entrenamiento militar a países de América Latina.
La ley de prohibición, patrocinada por el ex senador Jesse Helms, del gobernante Partido Republicano, y fuertemente apoyada por nacionalistas de la administración de Bush, en particular el vicepresidente Dick Cheney y el actual embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, John Bolton, fue la primera de dos medidas legislativas destinadas a socavar la CPI.
Esta ley exceptuaba a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y a otros cercanos aliados de Estados Unidos, como Australia, Israel y Japón.
Acaso con esperanzas de presionar la firma de los pactos de inmunidad, el Congreso, entonces con mayoría republicana, aprobó una segunda ley, la llamada Enmienda Nethercutt, en 2005.
Bajo esta enmienda, patrocinada por el representante republicano George Nethercutt, los mismos países dejaron de recibir ayuda económica del Fondo, en especial destinado al apoyo a la democratización, imperio de la ley y lucha contra la pobreza. El año pasado se bloquearon unos 70 millones de dólares de esta asistencia.
La CPI comenzó a funcionar en 2002. A pesar de la oposición de Washington, el Estatuto de Roma ha sido firmado hasta ahora por 139 países y ratificado por 104, incluyendo miembros de la Unión Europea.
El tratado había sido firmado por Estados Unidos, entonces gobernado por el presidente Bill Clinton (1993-2001), pero la administración de Bush, en una acción sin precedentes, retiró su firma, arguyendo que dada la predominancia militar mundial estadounidense y las "únicas responsabilidades" de Washington en preservar la paz internacional, sus soldados serían especialmente vulnerables a "persecuciones políticamente motivadas" de parte de la CPI.
En la campaña presidencial de 2004, Bush insistentemente criticó al tribunal y señaló que estaba integrado por "jueces y fiscales que no dan cuenta" ante nadie.
Pero, a pesar de la aprobación de la Enmienda Nethercutt, la resistencia de Washington a la CPI parece haber menguado.
A inicios del segundo periodo de gobierno de Bush, por ejemplo, el gobierno sorprendió a sus partidarios de extrema derecha al apoyar una resolución del Consejo de Seguridad de al ONU autorizando a la CPI investigar crímenes de guerra en Sudán.
